Denuncian a Bolsonaro por sobreprecios en la compra de la vacuna de India
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la responsabilidad del Gobierno de Brasil en las graves consecuencias de la pandemia recibió una denuncia de alto impacto. El diputado Luis Miranda asegura que hubo sobreprecios en la adquisición de la vacuna Covaxin, producida en la India.
Tras declarar en la CPI, Miranda dijo en la CNN: "Se lo entregué (las pruebas) a Bolsonaro. Es muy grave: hay mala conducta, factura irregular, solicitud de anticipo que el contrato no proporcionó, cantidades diferentes".
Miranda explicó que decidió acudir al presidente porque su hermano, Luis Ricardo Fernandes Miranda, que es funcionario de carrera en el ministerio de Salud estaba sufriendo represalias por resistirse al consentimiento de las negociaciones. Ya había sido exonerado de un cargo de confianza y, según el diputado, solo retomó su cargo después de que el propio congresista buscó directamente al entonces ministro Eduardo Pazuello.
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"Cuando vi que el caso era grave y vi que podía haber gente involucrada en los niveles más altos, fui directo al presidente. Lo hice a pedido de mi hermano, que no confiaba en nadie y tenía miedo", reiteró.
Según el diputado, la reunión con el presidente se llevó a cabo el 20 de marzo, a las 16:30. Miranda dice que él, su hermano y su esposa, que se quedaron en la antesala, se reunieron con el presidente y le entregaron pruebas concretas: la copia del contrato, la factura fraudulenta y la comparación entre ellos.
De acuerdo a la declaración del diputado, el ministerio de Salud a cargo del militar Eduardo Pazuello permitió una compra de 80 reales de la vacuna india contra un precio menor estipulado por Pfizer, Astrazeneca o Coronavac. Además, en el caso de la Covaxin, el ministerio de Salud fue en la única vacuna en la que intercedió en la compra. El resto tuvieron a la fundación Fiocruz y al gobierno de San Pablo.
"En caso de confirmarse, estaríamos en presencia de primer indicio grave de corrupción en pandemia", explicó una fuente cercana a la CPI. Luego de la grave denuncia, Mirada denunció presiones de grupos milicianos y pidió protección de la CPI, que fue concedida.
Otro tema relevante que el Parlamento pretende destapar es lo que se conoce como "Gabinete paralelo" de Salud. La acusación se basa en que Bolsonaro le dio poder a un grupo encabezado por el diputado y ex ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, encargado de dictar políticas contrarias a la del entonces ministro, Luiz Henrique Mandetta. Esas decisiones estaban vinculadas al uso de la cloroquina o la negativa a usar el barbijo. Del gabinete paralelo participaban la médica Nise Yamaguchi y el hijo de Bolsonaro, Carlos, que en los pasillos de Brasilia lo llaman "el concejal Federal" porque pasa sus días con su padre en lugar de ir trabajar a Río de Janeiro.
El problema de esta denuncia impulsada es que por más polémicas que puedan resultar las opiniones, este "Gabinete paralelo" no deja de ser un grupo de consulta del Presidente y eso no implica ningún delito.
La fuente cercana a la CPI reconoció a LPO que "no hay senda muy clara para pasar a la esfera judicial. Se necesita un reporte contundente para que haya juzgamientos. Hubo apoyo mediático, mueve en redes y en el telediario pero en términos de hallazgos que pongan en riesgo al gobierno. Ha sido todo más politico que judicial". "Lo más serio es lo de los sobreprecios", aseguró.
La CPI transita su octava semana de alegatos, fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo en la pandemia que hasta la fecha cobró más de 500 mil muertos y casi 18 millones de contagios.