La muerte de un líder estudiantil aumenta la presión sobre Duque
La situación en Colombia no cesa. En la previa de lo que será un nuevo paro nacional, el presidente Ivan Duque se trasladó a Cali de imprevisto para volver a negociar con el Comité Nacional de Paro el levantamiento de las protestas que ya dejaron 39 muertos y 125 desaparecidos.
El panorama es complejo para el gobierno porque las condiciones de los manifestantes son de difícil cumplimiento de parte del gobierno y mientras se consolida el despliegue de las fuerzas de seguridad, la comunidad internacional empieza a mirar con preocupación la violación de los Derechos Humanos.
En ese sentido, a través de una conferencia de prensa las autoridades del Hospital Universitario San Jorge de Pereira confirmaron la muerte cerebral del joven activista Lucas Villa quien se convirtió en un emblema de la rebelión que lleva dos semanas.
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"Lamentamos informar que, no obstante a la atención prestada, el paciente no presentó ninguna reacción neurológica después de suspender la sedación. El paciente tiene isquemia general global. Sigue conectado a un respirador y no hay nada que hacer", indicó el gerente del Hospital, Juan Carlos Restrepo.
Según el parte médico, solo resta esperar que su corazón deje de latir; además, desde el centro asistencial aseguraron que su familia ya está recibiendo apoyo psicológico.
Villa, junto a otros dos jóvenes más, recibió ocho impactos de bala mientras participaba de una marcha en el viaducto César Gaviria Trujillo en el marco del paro nacional. Era un destacado líder juvenil y activista de 37 años, estudiante de Ciencias del Deporte y la recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, además se desempeñaba como profesor de yoga.
Lucas Villa fue asesinado de 8 balazos.
Al conocer la noticia, Duque intentó mostrar solidaridad y publicó un tuit en el que dijo: "Acompañamos a la familia Villa con profunda tristeza tras la noticia del fallecimiento de Lucas. Repito lo que conversé con Mauricio, su padre, que sea esta la oportunidad para unirnos y manifestar nuestro rechazo a la violencia. A los responsables todo el peso de la ley".
Sin embargo, las organizaciones estudiantiles acusan al gobierno de ser responsable de la muerte por estar a a cargo del operativo que le terminó dando 8 balazos.
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Ahora el desafío del gobierno es lograr que las Naciones Unidas y la Iglesias Católica pueda jugar el rol de mediadores para moderar las condiciones de los manifestantes y calmar el enojo social.