La imagen de Iván Duque se derrumba tras las protestas que dejaron 19 muertos
Un fallido intento de reforma tributaria detonó violentas protestas en Colombia, que dejaron al menos 19 muertos y terminaron empujando la salida del ministro de Economía y una fuerte caída en la imagen del presidente Iván Duque.
La iniciativa había sido presentada el 15 de abril para ser debatida en el Congreso con el objetivo de recaudar aproximadamente 6.300 millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB y afrontar los compromisos de duda en un contexto de encarecimiento del crédito.
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La economía colombiana depende del acceso a los mercados y, según datos oficiales la deuda externa del país alcanzó los 156.834 millones de dólares, es decir, más de la mitad del PIB colombiano se destina a ese proceso de endeudamiento.
La resistencia de organizaciones sindicales y de la sociedad civil se hizo sentir con un paro contundente que se desarrolló el jueves y el viernes de esta semana y protestas que continuaron durante todo el fin de semana y fueron violentamente reprimidas. El enojo social obligó a Duque a dar marcha atrás y retirar el proyecto e inició diálogos con grupos opositores y de la sociedad civil para diseñar otra.
Sin embargo, la calle no afloja porque las demandas exceden la reforma en cuestión. El 21 de noviembre del 2019, Colombia quiso emular la ola de protestas que se vieron en Chile y Ecuador y conformó su propio colectivo social que se movilizó para canalizar el enojo con el gobierno y la política.
En ese momento, el rechazo al "paquetazo de Duque" contemplaba ajustes en el sistema de jubilaciones y pensiones en donde más de 8.5 millones de personas cotizan mensualmente, pero sólo 3 millones logran adquirir una jubilación. Además, Duque buscó privatizar 16 empresas públicas para favorecer a Odebretch, Reficar y Ais, entre otros holdings en el mandatario pretendía vender para salir de la crisis.
La pandemia en el 2020 puso estos asuntos pendientes en pausa pero el debate de la reforma terminó de agitar ese activo que volvió a movilizarse en defensa de la educación, la salud y el cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otros temas.
Barricadas en las autopistas de Cali.
LPO dialogó con el corresponsal de la BBC en Colombia, Daniel Pardo, quien explicó que "El punto más conflictivo fue el aumento del IVA a productos básicos pero creo que la lectura tiene que ir mas allá y enfocarse en el gesto político que significó presentarla en medio de una pandemia y con una profunda crisis social. Lo conflictivo fue haberla presentado ahora por un gobierno que genera desconfianza en la mayoría de la población, sobre todo en lo económico", agregó el periodista colombiano.
La crisis política llegó al gabinete y forzó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, arquitecto de la reforma y, según definió Pardo, "un exponente del sector privado, miembro del directorio de varias empresas y un fiel seguidor del neoliberalismo ortodoxo de Estados Unidos".
Por otra parte, LPO conversó con el presidente de la Central Unica de Trabajadores de Colombia (CUT), Diogenes Orejuela, que sostuvo que "el conflicto con la reforma tributaria radica en que el 70/80 por ciento de la recaudación se basa en incremento y extension del IVA al 19 por ciento para los productos de primera necesidad que consumen los sectores más vulnerables y el otro componente grave es la modificación para que más colombianos paguen impuesto a las ganancias que afectará a los que cobren 650 dólares en 2022 y 450 mensuales en 2023. Esto es duro golpe a la clase media, a los sectores de menos recursos y a los productores nacionales favoreciendo a los importadores".
Respecto de la reactivación de un sector social indignado en 2019, el líder sindical dijo que "desde el 2019 que la indicación viene saliendo a flote, son 30 años de gobiernos neoliberales, la clase media y los pobres están cada vez más golpeados, el sistema de salud está muy complicado y todo esto se agravó con la llegada de la pandemia en donde más de 5 millones de personas se quedaron sin empleo, 500 pequeños negocios desparecieron, las micro y medianas empresas colapsaron y aumentó el sufrimiento en grupos LGTB, mujeres y otros colectivos". "¿Qué hace el gobierno? Propone reforma laboral para favorece a engordar las arcas de los grandes banqueros y las grandes multinacionales que no aportan nada el Estado. Eso tiene indignado al pueblo colombiano", enfatizó.
El proyecto de Duque fue la punta del iceberg que le dio alas al paro pero tiene muchos otro pilares vinculados con el proceso de paz, la reforma de una policía que consideran represiva, violenta e impune que aún está bajo la esfera del ministerio de Defensa y sostiene su accionar bajo la idea una guerra contra grupos extremistas que impera en el país sudamericano hace 50 años.
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Pardo planteó que "la reforma fue una excusa para volver a salir pero con una serie de temas pendientes como el sistema de educación que para muchos es impagable o el sistema de salud que mostró falencias en la pandemia. Temas muy de fondo que forma parte de las preocupaciones de la gente". "La reforma materializó la situación de los viejos poderosos, las viejas elites queriendo vender un modelo que a mucha gente no le funciona. La reforma, por mas que tenga elementos progresistas, lo que busca es mantener el status quo y seguir pagando la deuda", enfatizó.
El ex candidato presidencial Gustavo Petro.
El Comité nacional que contiene a las diversas organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales ratificaron la continuidad del paro mientras crece la preocupación de los organismos de Derechos por las 19 muertes, detenciones arbitrarias, más de 800 heridos y más de 80 desapariciones de parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios que estuvo en el ojo de la tormenta en septiembre del año pasado cuando asesinó al estudiante de 18 años, Dilan Cruz.
El uribismo apela a reforzar la militarización para contener a su núcleo duro pero la gestión de gobierno no goza de buenos niveles de aprobación. La encuestadora de Invamer indica que un 63,2 por ciento desaprueba la gestión de Duque como presidente, mientras que el 33,1 por ciento la respalda. La mayor tasa de desaprobación contra el gobernante se concentra en Bogotá, donde el 81,9 por ciento rechaza su gestión.
Sobre la gestión de Duque, Diogenes Orejuela, considera que "es un absoluto fracaso. Es un gobierno sordo, mudo y ciego frente a todas nuestras demandas, desconocen al movimiento sindical y a las fuerzas opositoras en el Congreso. Es un gobierno que endeudó al país del 65 por ciento del PIB, tiene un deficit fiscal de 9 puntos, la pobreza subió del 35 al 42 por ciento, el desempleo se ubica en el 16 por ciento y sube al 20 para mujeres y jóvenes y 3millones de colombianos pasaron a la pobreza de los cuales un millón solo tiene una comida al día".
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Tal como ocurre en Chile, las fuerzas opositoras tiene la oportunidad de canalizar este descontento social con el gobierno mediante una propuesta competitiva para las elecciones presidenciales del año que viene. El uribismo viene un golpe electoral en las elecciones municipales de 2019 ciando perdió históricos bastiones como Cali, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, Bogotá, Cúcuta, Montería, Boayacá, Manizales y Caquetá.
Un sondeo llevado a cabo por Invamer entre el 13 y el 19 de abril de 2021 contratada por medios colombianos indican que el senador y ex candidato presidencial, Gustavo Petro, encabeza la intención de voto con 38,3 por ciento.
Petro, que perdió con Duque en la segunda vuelta de 2018, supera al excandidato presidencial de centroizquierda Sergio Fajardo, que tiene el 15,9 por ciento y a la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con un 11,8.
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Los dos grandes frentes opositores son el Pacto Histórico liderado por Petro y Coalición de la esperanza que tiene referentes como los ex candidatos presidenciales, Humberto de la Calle, y Sergio Fajardo.
El clima está tenso, las protestas continuarán y Duque tendrá que hacer equilibrio entre las consecuencias económicas de la pandemia que lo obligan a ordenar la macroeconomía y las demandas de la calle que empiezan a jugar las cartas para el 2022.