Exclusivo: La discusión de fondo entre Guzmán y el Patria detrás del choque por Basualdo
El primer trimestre cerró con el menor déficit fiscal de los últimos seis años y el ministro Guzmán lo celebró en cada reunión con funcionarios como un logro de su gestión hacia la estabilización macroeconómica. Sin embargo, en el Instituto Patria recibieron la noticia con decepción porque consideran que una excepcionalidad como la pandemia requiere de una política fiscal más que expansiva y no es momento para fiscalismo ni disciplina en el gasto público.
Por el contrario, les parece una afrenta que el gobierno muestre un déficit incluso menor al que tuvo Macri en 2019. Y aunque técnicamente esto solo es cierto gracias a que la reestructuración de la deuda con los bonistas despejó el calendario de pagos de intereses, consideran que la ampliación en términos reales del gasto es insuficiente. Estrictamente, en el primer trimestre de 2019 hubo superávit fiscal primario (antes de intereses) y en 2021 hubo déficit primario, entre otras cosas por la ampliación del 5,4% real del gasto público.
En silencio, Guzmán redujo 6% el gasto en jubilaciones
El primer capítulo de esta pulseada se vivió durante el verano. En el entorno de la ex presidenta se opusieron al fin del IFE y de las ATP bajo el argumento de que la pandemia viene dejando un tendal de personas bajo la línea de pobreza y no era momento para reducir la presencia del Estado en los hogares más golpeados. En cambio, para el ministro Guzmán, en cambio, era el momento de dar señales concretas de que el gasto público por covid era transitorio, conseguir financiamiento del mercado interno y reducir la presión sobre el Banco Central. Así, se aseguraba como bala de plata el regreso del IFE y las ATP en caso de que en el invierno, con la segunda ola, hiciera falta volver a una cuarentena estricta y tener margen para financiarla. Y en esta primera pulseada, se impuso Guzmán.
Pero el segundo round, dejó tanto al kirchnerismo como al ministro muy golpeados. Con 60% de inflación acumulada desde que asumió Alberto Fernández, el congelamiento de las tarifas solo puede significar más subsidios a las empresas, es decir más distorsión sobre los precios y más déficit fiscal a financiar. De allí el rumor de que el ministro habría asegurado antes de su gira por Europa que "O suben las tarifas o me voy".
La postura del kirchnerismo, en tanto, radica en que, si no hay transferencias directas, que al menos vuelva "el salario indirecto". Así le llamaba la ex presidenta a la sumatoria de subsidios sobre el gas, la electricidad y el transporte que les permitía a los hogares más humildes contar con el equivalente a un salario más cada mes.
El manual del buen keynesiano instruye incrementar el gasto público en las malas e incurrir en déficits de ser necesario para impulsar a la economía cuando se estanca o cae en recesión. Y también aconseja en las buenas armarse de colchones con los que tener poder de fuego en épocas de vacas flacas. Esos colchones ya no están. Lo más parecido que pudo conseguir en este tiempo el ministro fue el regreso del financiamiento local, que en los primeros tres meses del año solo alcanzó a cubrir la mitad del déficit.
En los primeros tres meses del año, Guzmán tomó más de $90.500 millones de deuda
Por eso para el ministro, el congelamiento tarifario es un derroche de recursos. Porque la forma en la que se asignó el salario complementario durante el gobierno de la vicepresidenta implicaba subsidiar a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires con el transporte y la energía más baratos del país, siendo que en la región conviven zonas de extrema riqueza como de extrema pobreza y el subsidio era parejo para todos, quien lo necesitaba y quien no también.
Cerca suyo sostienen que su postura para cuidar la base electoral del peronismo y también sostener sus objetivos de gestión consiste en que se haga una desagregación de los usuarios del AMBA y que solo se subsidie a quien realmente lo necesite. Y esa era la tarea que le encomendó al secretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, tarea que en el entorno del ministro aseguran que el funcionario jamás empezó.
Desde el Instituto Patria sostienen que esto no es cierto y que en rigor pretendía dar un aumento tarifario pleno del 30% en línea con los pedidos de las empresas eléctricas. Un sacudón indigerible políticamente para el Frente de Todos. La definición tiene que estar antes del 1 de mayo.
Las tarifas congeladas implican pasar del 1,5% del PBI en subsidios en 2019 a 2,8% en 202. Esto implica no sostenerlos en 2,2% del PBI, como fue en 2020, tal y como propone la Ley de Presupuesto. Es sumar otro punto del PBI al déficit de forma innecesaria cuando se podría hacer una redistribución de los subsidios para que se concentren en los que los necesitan sin erosionar más las cuentas públicas.
Frente al 31% de aumento que pidieron las empresas en las audiencias públicas, Basualdo recalentó el debate cuando dijo que podían ser del 9%, del 7% o directamente no subir, lo cual desautorizó a Guzmán, su jefe directo desde que la Secretaría de Energía migró al Ministerio de Economía. Las declaraciones pocos días antes de que el ministro viajara a negociar con los referentes del Club de París no solo socavaron la autoridad del ministro -que ya había dicho que iba a haber aumentos de un dígito y lo había plasmado en la Ley de Presupuesto-, sino que también le pegaron por debajo de la línea de flotación al programa levemente ortodoxo de Guzmán de intentar no agravar el deterioro fiscal.
Basualdo, vinculado a La Cámpora -y cuestionado en su capacidad técnica por el entorno de Guzmán- pasó a ser la cara visible de un enfrentamiento de fondo entre el ministro y el kircherismo, una confrontación de criterios para el manejo del rebote de la economía, pero también de prioridades: la contención social inmediata y el objetivo de mediano plazo de estabilizar la economía.