Cambiemos pone límites a la ley de cuarentena y Schiaretti vuelve a ser clave
El proyecto de ley anunciado por Alberto Fernández para fijar criterios "científicos, claros y precisos" que ayuden a definir los confinamientos será mirado con lupa por Cambiemos, pero podría ser sancionado sólo con el respaldo de los partidos provinciales de Misiones y Río Negro, habituales aliados del Gobierno, y una ayuda del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien aún no se expresó.
Los misioneros y rionegrinos, según supo LPO, podrían acompañar pero se acoplarían a un reclamo que ya hicieron varios gobernadores y se estamparía en la ley: la eliminación de las "fases" como parámetro para las restricciones. Entienden que el sistema puede tener sentido en las grandes urbes, porque apunta a evitar aglomeraciones y uso del transporte púbico, pero trajo un alto costo económico y político en zonas despobladas.
"Fue un grave error, porque en lugar de focalizar controles donde están en contagios nos cerraban y fundían comercios sin sentido. Es hasta más seguro que la gente trabaje protocolizada", sostuvo ante LPO un habitual aliado del Gobierno en Diputados.
Alberto mantiene todo igual y manda una ley para zanjar la discusión con Larreta
Los cuatro diputados cordobeses fueron claves cada vez que el Gobierno necesitó sancionar una ley sin respaldo de Cambiemos, como las reformas tributarias, el nuevo índice jubilatorio y la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.
En aquel debate Horacio Rodríguez Larreta supo que el rechazo al binomio presidencial que comparten porteños y cordobeses no asegura una alianza entre sus gobernantes. No debería esperarla con este proyecto, que si es ley podría ser utilizado por Alberto como un trofeo en la disputa que mantiene en la Corte con la Ciudad por el cierre de las escuelas.
A minutos del anuncio presidencial, los referentes de Cambiemos se preocuparon en aclarar que no están dispuestos a darle atribuciones especiales a Alberto para definir cuarentenas a gusto, aunque sus asesores jurídicos admiten en estricto off que una pandemia es motivo suficiente para gobernar por decreto, sobre todo porque Cristina Kirchner y Mauricio Macri los aplicaron para temas de menor envergadura.
"Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente. Pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esperamos no encontrarnos con ninguna sorpresa. Vamos a analizar con mucho detenimiento el texto cuando ingrese al Congreso", advirtió el jefe de Cambiemos en Diputados Mario Negri.
Sin su bloque, al Frente de Todos le faltan 11 diputados para llegar a la mayoría simple de 129 votos y 6 suelen estar garantizados con el aporte de Unidad para el Desarrollo (Udeso), un bloque presidido por el mendocino José Luis Ramón e integrado por fuerzas provinciales como las que gobiernan Río Negro y Misiones.
Puede aportar la neuquina Alma Sapag, también cercana al gobernador Omar Gutiérrez; y el resto de la tarea para alcanzar el quórum consiste en rascar votos sueltos de una variada oferta de partidos chicos, como la dupla asociada del riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, o el variopinto interbloque federal, compuesto por los 4 cordobeses, 2 socialistas santafesinos, 3 lavagnistas y los peronistas sin jefe Eduardo Bucca y Andrés Zottos.
De esa oferta Alberto puede hallar los aliados para aprobar su ley, sancionarla con mayoría oficialista del Senado, resolver su pleito con Larreta y tomar medidas para reducir los contagios de Covid sin acumular nuevas denuncias en la Corte. En su conferencia, el presidente habló de una norma para facultar "al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional".
"La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos. Esto es mi responsabilidad y es nuestra tarea colectiva", fue su mensaje.
El debate jurídico puertas adentro del Congreso versará sobre las facultades que en tiempos de pandemia puede arrogarse un presidente sin pasar por el filtro legislativo ni perder el respeto a las autonomías provinciales, según los parámetros establecidos en la Constitución.
Los DNUs fueron el principal instrumento utilizado por el presidente para administrar la pandemia, junto a las leyes de emergencia que había aprobado en diciembre de 2019 y le permitieron reestructurar cada ministerio a gusto. También por decreto habilitaron hace un año al jefe de Gabinete Santiago Cafiero a reasignar partidas sin ley.
Pablo Tonelli.
En su artículo 99, la Carta Magna habilita al presidente a firmar "decretos por razones de necesidad y urgencia", firmados "conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros".
Puede hacerlo cuando "circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes" y "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".
La ley regulatoria de estos decretos obliga a una bicameral a evaluar las razonas de "seguridad y urgencia" que llevaron a un presidente a evitar un debate en el Congreso. No debe evaluar el contenido y sólo pierde validez si ambas Cámaras del Congreso, después de emitirse dictamen, lo rechazan en los recintos.
Ningún presidente lo permitirá, porque antes de llegar a esa instancia anulará el decreto o lo sustituirá con una ley, como hizo Mauricio Macri en varias ocasiones durante su gestión, cuando la minoría en el Congreso lo lleva a firmar DNU para los temas más variados. Hasta tenía la costumbre de firmar en enero algunos bien amplios con medidas de todos los ministerios, que hacía llamar "mega decretos" y la oposición de entonces lo obligaba a corregir.
Con ese antecedente, asesores jurídicos de Cambiemos aseguraron a LPO que no será fácil objetar decretos del presidente "si como anunció certifica problemas científicos, claros y precisos que confirmen un colapso sanitario. Debería llevarse evidencia de que eso no ocurre y es bastante difícil. Claramente, esta vez se asesoró bien", admitían.
Saldado ese asunto, el debate transitará por las competencias de las provincias que no se pueden alterar, como sugirió el diputado del PRO Pablo Tonelli cuando se debatió el DNU que cerró las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires.
Citó el artículo 5 de la Constitución, que obliga a la Nación a reconocer las provincias sólo si dictan "una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria".
Alberto consiguió el dictamen del Congreso para validar en la Corte el cierre de escuelas
Casualidad o no, mientras espera la resolución de la Corte, para los próximos 21 días Larreta sólo mantuvo clases presenciales en la escuela primaria. El otro punto del debate será por el artículo 121 de la Constitción, que conserva en las provincias "todo el poder no delegado al Gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".
En su conferencia de este viernes, el gobernador Axel Kicillof intervino en el debate. "Por la Constitución de 1994 los decretos de necesidad y urgencia son ley. Y en la provincia de Buenos Aires son ley y la vamos a respetar. Para colmo estamos en una pandemia y en un mal momento para forzar discusiones sobre autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el gobierno nacional, encabezado por el presidente", señaló.
Mientras esperan el proyecto de Alberto, los juristas cambiemistas repasan también el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, enemigo declarado del Gobierno, que avaló el reclamo de Larreta para tener abiertas las escuelas pese a que un decreto presidencial indique lo contrario.
Entre sus argumentos manifestó que la medida funciona como "una virtual intervención federal, al arrogarse potestades eminentemente locales, tales como las materias de salud y educación" y que la educación primaria, como había citado Tonelli, es la obligación de las provincias para conservar sus autonomías.
El debate jurídico, en este caso, seguiría con la equiparación jurídica de la Ciudad autónoma a las provincias que suele ser rechazado por gobernadores y legisladores. Pero una ley general, denominada "de orden público", dejará esa discusión en segundo plano. Sólo si Alberto logra sancionarla.