Alberto consiguió el dictamen del Congreso para validar en la Corte el cierre de escuelas
En lo que intentó ser una advertencia a la Corte Suprema, la mayoría oficialista de la bicameral de trámite legislativo aprobó los dos decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández para reducir la circulación y suspender las clases en el área metropolitana, con el objetivo de evitar el crecimiento de los casos de coronavirus.
El jefe de Gobierno impugnó el último de ellos ante el máximo tribunal, que prometió resolver esta semana y ahora deberá explicar también su posición sobre un dictamen que exhibe mayoría parlamentaria a favor de su aplicación. Esa relación de fuerzas resulta clave, porque sólo con el voto de las dos Cámaras un DNU puede anularse.
Con esta certeza, los legisladores de Cambiemos afinaron su estrategia: impugnaron el dictamen por considerar que no estaba autorizada la firma digital y aportaron argumentos para la batalla por la constitucionalidad del DNU que se libra en la Corte Suprema.
No hubo expresiones sobre la conveniencia o no de abrir las escuelas, que de todos modos no correspondían porque la bicameral tiene la misión de evaluar la necesidad y urgencia de tomar medidas sin pasar por el Congreso.
Aún así, el diputado del Pablo Yedlin Frente de Todos invitó al debate: "La primer herramienta para combatir el virus son los testeos y aislamientos, la segunda las vacunas y la tercera las restricciones. Aún los países que más vacunaron las necesitaron, porque es un virus muy contagioso y es lo único que puede controlarlo".
El tucumano consideró "una lección aprendida" de 2020 no igualar restricciones en todo el país y sostuvo que cerrar las escuelas es atinado para la situación epidemiológica de la Ciudad. "Es cierto que no es un foco de contagios fuerte, pero sí es importante cuando la circulación del virus está desatada", afirmó y exhibió filaminas de cómo Inglaterra e Israel redujeron los contagios sin dictar clases presenciales.
Señaló que en esos casos el dato elegido para considerar una curva de casos excesiva eran 100 cada 150 mil habitantes y "en marzo Caba tuvo 300. Y hace 2 días 1200. Estamos en un valor de casos por cada 100 mil habitantes por fuera de los márgenes de cualquier recomendación internacional de sostener clases presenciales".
Omar de Marchi y Pablo Tonelli.
"El objetivo es que nuestro sistema sanitario sostenga a los pacientes graves. Cuando ustedes ven que está ocupado el 100% del sector privado de la ciudad con más oferta sanitaria de argentina y uno de las mayores de América Latina, el riesgo es que la cantidad de pacientes que se mueran se eleve bruscamente, porque a no tener camas la letalidad se va a pique".
El diputado del PRO por Mendoza Omar de Marchi fundamentó la impugnación al dictamen que los abogados de la Ciudad adjuntarán ante la Corte. Señaló que la citación fue por teleconferencia, pese a que el último protocolo de la Cámara de Diputados, firmado el 12 de marzo, obliga a que en esos casos sólo pueda dictaminarse con anuencia del presidente y el vice, que siempre es opositor.
No es así en el Senado, donde sistema remoto rige sin restricciones hasta el 30 de abril, pero De Machi sostuvo que "ante la falta de previsión, el reglamento de la Comisión establece que se aplique el de quien ejerce la presidencia", que por otro año más será el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri.
El rosarino recordó que en abril de 2020 se emitieron dictámenes sin protocolos vigentes, pero la jujeña Silvia Giacoppo, de la UCR, respondió que en esa vez había un vacío reglamentario que ahora no es tal. Lo cierto que esta bicameral no se reunía desde el 24 de agosto y por lo tanto este dilema de protocolos diferentes no nunca había sucedido porque en Diputados cambiaron sus reglas a partir del mes siguiente.
La diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, anticipó la respuesta que habrá ante la Corte. "La Constitución establece que es la única comisión que no tiene receso para que ejerza control del congreso. Hay que interpretar el espíritu del constituyente", contratacó.
Mariano Recalde.
En Cambiemos recuerdan que hay más de 90 decretos que nunca se trataron. A la disputa leguleya se suma que la Corte emitió hace un año un fallo sobre las sesiones remotas ante un pedido de Cristina Kirchner utilizado por los senadores cada vez que renovaron el protocolo.
El diputado Pablo Tonelli, del PRO, citó una resolución de la CIDH para señalar que "la cuarentena constituye severas restricciones que sólo pueden ser reemplazadas por una ley del Congreso" y defendió la hipótesis de inconstitucionalidad del DNU 241, que cerró las escuelas del área metropolitana.
"Legisla sobre la educación primaria y todos sabemos que si hay una facultad que es propia de las provincias es la posibilidad de regular todo lo relativo a la educación y particularmente a la primaria. La Constitución incluye hasta la posibilidad de pérdida de soberanía".
"Además -continuó-, hay un vicio de discriminación porque una sola policía no puede decidir si suspende las clases, todas las demás provincias sí, incluso Buenos Aires, a la que solo se le cierran escuelas en una parte".
Le respondió la diputada del Frente de Todos Lucía Corpacci. "Pasamos de duplicar en una semana la cantidad de casos y lo más llamativo es que en el AMBA aumentó un 40%. Eso no da tiempo a que nosotros llamemos al Congreso. La urgencia en las cuestiones de salud; es una realidad", analizó.
"El país está siendo gobernador por decreto: no podemos naturalizar esa práctica", respondió el radical chubutense Gustavo Menna. El senador kirchnerista Mariano Recalde fue el encargado de pegarle a Larreta, a quien definió como dominado por "sus jefes" políticos Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
"Decir que no hay evidencia científica para tomar esta decisión es desconocer y negar una realidad evidente: que la situación sanitaria está desbordando por la cantidad de contagios. Hacer política electoralista queriendo diferenciarse del Gobierno nacional, empezando las clases una semana antes, flexiblizando más que el resto y queriendo sacar un rédito político".