El desalojo del puerto dejó en evidencia la relación de BACTSSA con el conflicto
Este domingo la Policía Federal y Prefectura desalojaron al grupo de trabajadores que hace dos semanas bloqueaba la operación de las Terminales 1, 2, 3 y 4 del puerto de Buenos Aires.
El operativo, que fue ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y permitió liberar el ingreso de camiones al Puerto, dejó en evidencia la conivencia del grupo de trabajadores que lideraban la acción directa con la empresa BACTSSA, que se resiste a entregar la Terminal 5 el próximo 15 de mayo cuando vence su concesión. La terminal que opera BACTSSA fue la única que los trabajadores no bloquearon.
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La protesta estuvo liderada por el sindicalista Daniel Amarante, secretario adjunto del Sindicato de Guincheros. La medida de fuerza no contó con el respaldo d ela conducción del gremio y Amarante se encuentra suspendido por el Consejo Directivo de su sindicato por "Inconducta Gremial".
En el sector creen que los motivos de Amarante fueron transparentes: "buscó incrementar la operatividad de la Terminal 5 mientras bloqueaba el trabajo de las otras cuatro, para reclamar así una nueva ampliación de la concesión", afirmó a Lpo una fuente al tanto del conflicto.
El conflicto de hecho se inició luego que la jueza Contencioso Administrativa Federal Analía Conde, desestimara una medida cautelar reclamada por la empresa para continuar operando la terminal, mas allá del final de su concesión.
Amarante lanzó el bloqueo de las terminales pese a que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo de la Nación iniciaron, junto con los sindicatos FEMPINRA (Federación que nuclea a todos los sindicatos portuarios) y SUPA, el proceso para que los 260 empleados de la Terminal 5 pasen a las otras terminales.
Las sospechas sobre BACTSSA se acrecentaron en una recorrida previa que realizaron autoridades antes de iniciar el desalojo. Participaron la jueza federal María Eugenia Capuchetti y los fiscales Taiano y Rívolo, junto a la jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Cecilia Rodríguez, entre otros funcionarios, quienes detectaron que los trabajadores ocupaban con carpas y comodidad las instalaciones de la empresa.
Luego se concretó el desalojo con un impactante operativo que incluyó 324 de efectivos de la Policía Federal, 90 móviles y la Prefectura Naval desplegada en los márgenes del Río de la Plata.