El socialismo quiere bloquear el desembarco de Saín a la Oficina de Investigaciones porque temen que los vinculen a las mafias
La mayoría socialista que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Santa Fe logró este jueves mantener abierto el pedido de juicio político a Marcelo Saín, ingresado hace poco menos de un mes por la diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann.
Fue en una reunión en la que se rechazó la solicitud peronista de archivar el expediente argumentando que como Saín ya no es ministro, por lo tanto, es improcedente y ahora la oposición busca mantener a flote el tema para hacerlo extensible al cargo en la Oficina de Investigaciones que depende del Ministerio Público de la Acusación.
Pero en el bloque encabezado por el diputado socialista Joaquín Blanco, presidente de la Comisión, dio lugar a un pedido para que el gobernador Omar Perotti brinde información sobre los motivos de la salida de Saín de la cartera de Seguridad, paso que entienden necesario para evaluar el pase a archivo del trámite en curso.
También se invitó a los denunciantes (la diputada nacional Lucila Lehmann) a ratificar y/o ampliar la acusación, y se contactó al Poder Judicial para que remita otras denuncias que pudiera haber contra el ex funcionario.
Según publicó el periodista Mario Cáffaro de El Litoral, se mencionó la posibilidad de abrir una investigación contra el fiscal general Jorge Baclini, en caso de que se permita la incorporación de Saín a la Oficina de Investigaciones (OI) antes de que la Cámara Baja de por terminado el proceso de pedido de juicio político.
Este último punto resulta fundamental. Es que, de acuerdo al oficialismo, el objetivo del Frente Progresista es en realidad evitar que Saín vuelva a su antiguo cargo como director de la OI, ya que desde allí podría avanzar en diferentes investigaciones que comprometerían a funcionarios frentistas. La estrategia de la actual oposición pasaría entonces por dilatar el retorno todo lo que se pueda, mientras tramitan una inhabilitación para que el ahora ex ministro pueda ocupar cargos públicos.
"No quieren que Saín vuelva al OI porque están muy preocupados por las investigaciones que impulsó para avanzar sobre el crimen organizado", dijo a LPO la diputada Matilde Bruera, única legisladora justicialista integrante de la Comisión de Juicio Político.
Igual parecer tiene el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman quien, al ser consultado por los tuits con que atacó por este mismo tema al exgobernador Miguel Lifischitz, sostuvo que "no quieren que vuelva (Saín al OI) porque no lo pueden controlar, y lo que deben querer es poder controlar a las personas que estén ahí dentro".
Debe recordarse que Saín viene tramitando su reincorporación al OI desde su renuncia como ministro de Perotti, y desde la Casa Gris entienden que es un tema que tiene preocupado a aquellos funcionarios del Frente Progresista con quien el exministro mantuvo fuertes disputas mediáticas durante los úlitmos meses.
Desde el oficialismo entienden que los "avances contra el crimen organizado" de su gestión estarían molestando al bloque que gobernó la provincia entre 2007 y 2019, y esta misma versión utilizaron, por ejemplo, para cuestionar la detención del "zar del juego clandestino", Leonardo Peiti. Tal como explicó LPO, desde el entorno de Perotti entienden que los allanamientos formaron parte de una maniobra tendiente a pasar la causa de Rosario a Rafaela, donde hay fiscales tildados de "cercanos" a los funcionarios frentistas.
"Lo que uno intuye es que no quieren que vuelva Saín porque quien hoy está a cargo del OI responde a ellos", criticó Sukerman, y chicaneó: "Me imagino que deben estar arrepentidos de haberlo convocado como asesor y de que luego haya ganado el concurso (para asumir el directorio del OI)".
El dictamen de mayoría aprobado por la Comisión de Juicio Político llevó las firmas de Joaquín Blanco (PS), Pablo Farías (PS), Clara García (PS), Marlen Espíndola (UCR), Georgina Orciani (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Julián Galdeano (UCR - Juntos por el Cambio). Tanto Bruera como Oscar Martínez (FR) se abstuvieron.
Bruera ingresó además un dictamen de minorías solicitando que el pedido de juicio político sea archivado. "Si Saín renunció, el juicio se vuelve abstracto porque se extinguió la pretensión punitiva", explicó la diputada justicialista.