México presiona al gobierno para que extradite al polémico empresario Carlos Ahumada
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que Argentina debe extraditar al empresario Carlos Ahumada, quien se encuentra con prisión domiciliaria en el país sudamericano. Es un asunto espinoso porque el reclamo encuentra a Alberto Fernández en plena guerra con la Corte Suprema que es donde, según las leyes argentinas, se definen los pedidos de extradición.
El empresario fue imputado de un fraude por más de 29 millones de pesos ya que, como dueño de Grupo Quart, incumplió en la realización de obras pública en las delegaciones, hoy alcaldías, Tláhuac y Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la causa penal 38/2007, el empresario de origen argentino, es imputado de la comisión del delito de fraude. Además, lo señalan como uno de los artífices de los llamados videos escándalos que implicaron a funcionarios cercanos López Obrador en la recepción de millonarias cantidades de dinero derivado de presuntos actos de corrupción.
Ahumada se encuentra en la lista corta de hombres del empresariado que la Fiscalía General persigue desde hace meses. Los otros dos son Alonso Ancira y Raúl Beyrutti. El primero fue extraditado desde España y el segundo pasó a la clandestinidad hace una semana.
El camino para que Ahumada regrese a México promete ser tortuoso. La palabra final la tiene la Corte donde Alberto tiene un enfrentamiento que se plasmó en su discurso de apertura de sesiones legislativas del pasado lunes.
Antes de llegar a esa instancia, el caso de Ahumada radica en un juzgado también hostil. Es el de María Eugenia Capuchetti que llegó a ese cargo con aval del ex presidente Mauricio Macri y por intermediación de su histórico socio Daniel Angelici, un empresario del juego que fue titular del Boca Juniors y que es un operador de la oposición.
El tribunal revisor lo integran los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Este último es señalado desde el Gobierno por tener reuniones reservadas con Macri durante su administración. En el peronismo lo acusan de que en esas reuniones se orquestaban expedientes judiciales de modo de que favorecieran al ex presidente, que por estos días ostenta un cargo de relevancia en la FIFA.
Aún logrando la extradición en instancias inferiores, Ahumada tiene plazos para recurrir ante la Corte donde puede utilizar argumentos de legislación internacional.
Este panorama es conocido en el Gobierno mexicano y por eso el énfasis de la Cancillería, que se ve forzada a hacer un pedido público cuando hace tan solo unos días López Obrador convivió durante horas con su par sudamericano.