España: Juan Carlos I tuvo que pagar 4,4 millones de euros para evitar otra causa en su contra
4,4 millones de euros para evitar una cuarta causa en España. Es el precio que ha tenido que pagar Juan Carlos I a la Agencia Tributaria, a través de una declaración complementaria, para protegerse de una nueva investigación judicial: desde hace casi un año, la Fundación Zagatka, en la que Felipe VI aparece como beneficiario, está bajo la lupa de la Fiscalía.
A día de hoy, el rey emérito tiene abiertas tres causas abiertas contra él. La primera de ellas la dirige el fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que investiga las comisiones combradas por Juan Carlos I por su gestiones para cerrar el contrato del AVE a La Meca.
Entre otras pesquisas, el fiscal español ha tenido en cuenta las investigaciones realizadas en Suiza por el fiscal Bertossa, que llevaron al hallazgo de la sociedad Lucum, utilizada por el emérito para recibir 64,8 millones de euros del rey saudí Adbul Aziz Al Saud, según afirmó Corinna Larsen. Esta fundación es una de las que está bajo la lupa de la Justicia española.
También está siendo objeto de investigación las tarjeta 'black' que el mexicano Sangiés-Krausse "regaló" a Juan Carlos I y que presuntamente usaron el rey emérito y sus nietos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica. El pasado mes de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció que la investigación también era asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
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Un mes después de ese anuncio, Juan Carlos I quiso evitar males mayores, sobre todo para sus nietos, realizando una declaración tributaria "sin requerimiento previo" de 678.393,72 euros. Según el comunicado emitido entonces por el abogado del rey, Javier Sánchez-Junco, Juan Carlos I se declaró a disposición de la Fiscalía "para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".
La tercera investigación judicial que amenaza al emértio está relacionada con unas cuentas en la isla británica de Jersey. También a finales del año pasado trascendió que la Fiscalía del Supremo había abierto diligencias para esclarecer si hubo movimientos a esos fondos, tal y como advirtió el Sepblac en un informe emitido a Anticorrupión.
Ese escrito fue remitido con posterioridad al Alto Tribunal, al ser la Fiscalía del Supremo la que ya tenía dos investigaciones abiertas contra el emérito. El objetivo, ahora, es establecer el origen de los fondos, que alcanzarían, según afirmó La Sexta, los 10 millones de euros.
Con estos tres frentes judiciales ya abiertos, el rey emértio ha querido evitar, con la regularización de 4,4 millones confirmada por su abogado este viernes, protegerse de una nueva investigación de la Fiscalía que, además, podía suponer un desgaste para su hijo, Felipe VI.
En marzo del año pasado, coincidiendo con el confinamiento, y cinco meses antes de que Juan Carlos I abandonara España, El País publicó que el rey emérito figura como tercer beneficiario de la Fundación Zagatka, constituida por su primo, Álvaro de Orlenans, en Liechtenstein, y que presuntamente pagó al monarca durante 11 años cerca de 8 millones en vuelos en aviones privados.
El cuarto beneficiario de esa fundación, según el reglamento de la misma, es Felipe VI, aunque después de que se hiciera pública esa información Zarzuela emitió un comunicado señalando que el actual rey desconocía "por completo" su designación como beneficiario de los fondos de Zagatka, añadiendo que, de ser cierta esa designación, renunciaba a la misma.
Once meses después, Zagatka no está siendo investigada aún por la Fiscalía, pero su nombre empezaba a circular de nuevo con fuerza. Tanto, como para precipiar la declaración complementaria de 4,4 millones de euros: "En los próximos días o semanas probablemente sabremos algo nuevo de Zagatka que hasta ahora desconocíamos".
El autor de estas declaraciones es José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que destaca la "anticipación" de Juan Carlos I ante la amenaza de un nuevo frente judicial: "Con esta regularización, está tratando de protegerse. En este caso, ya no se le podrá acusar de haber defraudado a Hacienda. Si lo hubiera hecho con Lucum, por ejemplo, no habría valido de nada, ya que esa investigación sí está abierta".
Ahora, en todo caso, "la Fiscalía puede abrir pesquisas", pero "él ya ha regularizado ese dinero que estaba sin declarar". Pese a ello, eso sí, "ahora comienza el trabajo de la Agencia Tributaria, que debe determinar si las cantidades y los conceptos de lo declarado concuerdan".
Según la Ley General Tributaria, añade Mollinedo, la Agencia Tributaria dispone ahora de un plazo de cuatro años para solicitar al abogado de Juan Carlos I toda la documentación que acredite lo expuesto en la declaración complementaria; "Hay que determinar en concepto de qué se cobraba en especie esos vuelos. No es una donación, sino un pago. De lo contrario, lo que se le requeriría es el abono del impuesto de sucesiones y donaciones".
La Fiscalía, añade, también puede investigar el por qué de esos cobros por parte del rey emérito. En todo caso, concluye el técnico de Hacienda, "es un dinero que ya está regularizado", por lo que Juan Carlos I ha logrado frenar, en gran medida, una cuarta causa contra él.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez convocó este viernes por sorpresa a los medios en Moncloa para informar sobre los acuerdos del último consejo europeo. En su comparecencia tuvo un mensaje contundente del presidente estuvo relacionado con la última regularización fiscal de Juan Carlos I desde el exilio. Preguntado por la conducta del emérito, el jefe del Ejecutivo se mostró tajante: "Manifiesto de forma rotunda que siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española".
Sánchez recordó sus palabras el pasado mes de julio, aún con Juan Carlos I en España, cuando calificó de "perturbadoras" las informaciones sobre las comisiones irregulares cobradas por el monarca por el AVE a La Meca. En esta ocasión, el presidente afirmó que mantiene el mismo sentimiento de "perturbación e incomodidad" por estas conductas. En ese sentido, añadió que "si alguien ha protagonizado irregularidades, debe repararlas".
Preguntado por lo que espera el actual Gobierno del rey emérito, y si prefiere que se mantenga fuera de España, afirmó que se trata de "decisiones personales" en las que no iba a entrar. Tampoco aclaró si ha habido avances en las medidas anunciadas por él mismo para dotar de una mayor transparencia a la institución, y que podrían incluirse en una futura Ley de la Corona: "Cuando haya novedades, informaremos".