Cristina volvió a congelar el pliego de Pesce como presidente del Central
Miguel Pesce sigue siendo presidente del Banco Central "en comisión", sin mandato por seis años y con la posible salida ante un decreto, porque el Senado volvió a pasar otro mes sin tratar su pliego, enviado por Alberto Fernández a poco de asumir.
Poco importó que el 31 de enero lo incluyera en una ampliación de sesiones extraordinarias para que Anabel Fernández Sagasti lo incorporara en febrero a las sesiones de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde la mayoría oficialista avaló los pliegos de jueces y diplomáticos, pero no el de Pesce ni de sus directores.
El pedido expreso del presidente para que sean tratados parecía haber zanjado las diferencias que la vicepresidente y su círculo cercano tenían con las políticas del Central en sus primeros meses de gestión, cuando le reclamaban medidas para colaborar con las pymes y hasta presentaron un proyecto de ley para modificar la carta orgánica. Lo consideraban complaciente con las entidades financieras.
Pero la tensión fue quedando en el olvido y en el acto que Cristina compartió con Alberto en La Plata recordó que este año deberá ir a juicio oral con Pesce por la causa de dólar futuro, iniciada cuando dejó la Casa Rosada.
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Lo identificó como "tu presidente" del Banco Central, dirigiéndose a Alberto, pero no activó el acuerdo para que lo sea por seis años. Tampoco el de sus directores, entre ellos Diego Bastourre, ex secretario de Finanzas hasta enero, cuando renunció para ser propuesto en la autoridad monetaria, un mes antes había encabezado una misión a Washington para negociar con el FMI.
Reemplazó a Carlos Hourbeigt, un ex asesor de Roberto Lavagna, castigado por la poca predisposición de su jefe a negociar los votos de sus diputados para las leyes que necesita el Gobierno. Desde el lunes, los pliegos serán incorporados al temario de Acuerdos por decisión de Fernández Sagasti, ya sin gestión previa del presidente.
Pero no fue el único proyecto que quedó olvidado: el Congreso sólo sancionó 11 de los 35 que pidió Alberto para el verano.
El mayor escollo fue Diputados, donde además de no tener mayoría propia el Frente de Todos cuenta con un problema aún peor: no logró que Cambiemos avalara el protocolo de sesiones remotas, que le permitía sesionar por internet a los legisladores en edad de riesgo.
Los jefes del frente opositor aseguran que se necesita dos tercios para renovarlo y por nota lo condicionaron a los temas de consenso unánime. Y así fue, porque la única sesión que hubo fue para aprobar cuatro proyectos sin disidencias: la restricción de la deuda externa, el subsidio a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, la promoción de viviendas con fondos de un blanqueo y el aumento del financiamiento a la ciencia y la tecnología.
Pero más de una decena quedaron cajoneados hasta nuevo aviso, entre ellos la reforma judicial enviada por Alberto y aprobada en agosto en el Senado; y la ley de Ministerio Público que impulsó Cristina Kirchner y obligará a dejar el cargo al procurador interino a Eduardo Casal.
Tampoco pasó por comisión un proyecto de Guzmán para eximir de ganancias a los títulos públicos si se invierten en proyectos productivos, que tal vez se trate junto al presentado por Sergio Massa para aumentar a 150 mil pesos el mínimo no imponible de ese impuesto. Otro proyecto de Hacienda cajoneado es el que promueve créditos hipotecarios ajustados al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Junto al paquete de Ganancias se deberá tratar además el proyecto para postergar otro año las reducciones del impuesto previstas en el Consenso Fiscal de 2017, prorrogado con una ley que pasó por el Senado y espera su sanción en Diputados.
En esa Cámara están escondidos también todos los proyectos referidos a la posibilidad de suspender las primarias, un debate no saldado entre el oficialismo y en el que el presidente no tiene postura. Tal es así que el presidente envió una iniciativa para suspender la aplicación de las causales de caducidad a los partidos políticos y así permitirles inscribirse cuánto antes. Pero también habilitó las distintas iniciativas para demorar la votación de las primarias o eliminarla por única vez. La moneda está en el aire.
Sin protocolo vigente, no llegó a tratarse el proyecto para aplicar controles de los productos fitosanitarios y el de prevención y control de Dopaje. Mientras que sólo tuvo una reunión informativa el de etiquetado frontal, con mayoría del recinto para sancionarlo pero una fuerte resistencia de los diputados Tucumán, por el impacto en los ingenios azucareros.
Para compensarlos, los senadores aprobaron en noviembre la extensión hasta 2024 de los beneficios a los biocombustibles, pero el presidente, en otra descoordinación, no la sumó a extraordinarias y prometió hacer otra nueva. Habría pesado la presión de las provincias petroleras, que piden beneficios similares.
Otro proyecto congelado en la Cámara baja es el que elimina las sociedades de acción simplificada (SAS), promovido por Oscar Parrilli. El mendocino José Luis Ramón, habitual aliado del Frente se Todos, se negó a firmar el dictamen y complicó la mayoría. Los cambios a la reforma de la competencia aprobados en el Senado en la primera sesión del año también esperan tratamiento en Diputados.
Pero el paso más urgente para los diputados es definir cómo funcionar. Sin protocolo de sesiones remotas vigente sólo pueden hacerlo de forma presencial y, de conseguirlo, fijar las reglas del juego en el reglamento para no volver a quedar con el recinto cerrado si llega una nueva ola de contagios de Covid 19.
El ala dura de Cambiemos insiste en que no aceptará más excepciones a la presencialidad y quien no pueda asistir deberá pedir licencia, una forma de complicar todavía más el quórum que el oficialismo consigue con aliados sueltos y muchas condiciones. La negociación no parece sencilla. Y sigue sin resolverse.