Caso Báez

Tras el fallo de Báez, el kirchnerismo mantiene la idea de ir contra la Corte y el Procurador

Esperaban una condena menor a Báez y estiman que no tiene sentido las gestiones en Tribunales inferiores si después define el máximo tribunal.

La condena al empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión por evasión impositiva tomó por sorpresa al kirchnerismo, que de todos modos insistirá en su misión de esmerilar a la Corte hasta forzar la renuncia de sus miembros o ampliarla; y buscar los votos en Diputados que faltan para aprobar la reforma la ley del Ministerio Público y obligar la salida del procurador interino Eduardo Casal.

"Nuestro único plan es que salga esa ley y avanzar contra la Corte", repetían los emisarios de Cristina encargados de peregrinar por los Tribunales, que aseguran no haber tenido nunca la misión de seguir el caso Báez.

De todos modos, fuentes del oficialismo en el Congreso aseguraban a LPO que el fallo no fue bien recibido porque esperaban una condena de 8 años de prisión, que es lo que pidió en febrero de 2020 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una cifra que le hubiera permitido a Báez estar próximo a abandonar de la prisión. Está detenido en forma preventiva desde 2016. 

Condenaron a 12 años de prisión a Lázaro Báez por "la ruta del dinero K"

Pero el Tribunal El TOF 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, lo condenó a 12 años, además con 3 y 9 a sus cuatro hijos y a otros allegados al titular de Austral Construcciones.

El fallo se conoció una semana antes del inicio del juicio a Cristina Kirchner por la causa de dólar futuro, en audiencias por zoom que seguirá desde su despacho del Senado. No hay expectativas de un fallo desfavorable, pero es uno de los tantos procesos que tendrá en contra.

En todos los casos, las apelaciones terminarán en la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto el plan A de los abogados y operadores judiciales de Cristina sigue siendo ese tribunal y la procuración, el organismo que regula el funcionamiento de las fiscalías. Se trata de las cúspides de las pirámides judiciales.

Corte Suprema de Justicia. 

Tampoco hay respaldo a la idea de Alberto Fernández de crear un Tribunal Constitucional que funcione como instancia de apelación previa a la Corte y así aliviarla de trabajo. Prefieren que se pongan en funcionamiento los Tribunales de Casación creados en la reforma de 2013 y que nunca se crearon.

En su rechazo al fallo, Parrilli acusó a la Corte de cajonear una causa que investiga a Mauricio Macri por haber habilitado por decreto a que sus familiares blanqueen dinero en 2016. La ex presidenta no estuvo en el Senado porque debió reemplazar a Alberto Fernández en la presidencia por su viaje a México, tarea que ejerció desde su residencia de Río Gallegos.

Allí tiene desde diciembre el informe sobre la actuación de la Corte desde que controla las escuchas judiciales en 2016, realizado por la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia que preside Leopoldo Moreau, que podría derivar en causas penales contra sus miembros. Sigue vigente el plan de ampliar el máximo tribunal con un proyecto de ley, aunque en Diputados sigue sin haber una mayoría para tratar temas judiciales.

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti aporta sus cuatro votos a las leyes que precisa Alberto, pero se resiste a ayudar en cualquier reforma judicial, como la que envió el propio presidente o la del Ministerio Público, aprobada en en el Senado en octubre. O la que promovió el presidente y sólo se aprobó en el Senado. 

Si persiste este escenario, la única opción que tendrá el kirchnerimo es esperar que las elecciones de octubre le permitan llegar a una mayoría que hoy no tiene. Necesita mejorar un poco la performance de 2017, la peor del peronismo en mucho tiempo. Ninguna encuesta lo garantiza.