El Gobierno intenta blanquear más de 4 mil millones de dólares para construir viviendas
El Senado dictaminó este miércoles el proyecto de ley que promueve reactivar la construcción mediante planes de vivienda y prevé entre los sistemas de financiamiento un blanqueo de fondos de argentinos no declarados, que según los cálculos del Gobierno podría aportar más de 4000 millones de dólares.
El secretario de política tributaria Roberto Arias precisó que se trataría de sólo el 2% de un botín de 220 mil millones de dólares de "activos financieros líquidos no declarados". Sus titulares son los que no se sumaron al blanqueo de 2016, por el que entraron al sistema otros 100 mil millones en moneda estadounidense que estaban depositados en el exterior o debajo de los colchones.
"No fue una medida buena, porque ni siquiera había un compromiso de traerlos al país. Estamos con un esquema bien distinto: se tiene que aplicar una inversión en la economía real y en la construcción, que está castigada por la crisis económica y la pandemia", diferenció Arias, en su exposición ante las comisiones de Presupuesto y de Vivienda del Senado.
Acuerdan una ley que promueve planes de vivienda con fondos de un blanqueo
El proyecto fue enviado en noviembre por el ministro de Hacienda Martín Guzmán, aprobado la semana pasada casi por unanimidad en Diputados y será ley la próxima, en la última sesión del Senado en período extraordinario. En la Cámara baja sólo se abstuvo la Coalición Cívica y votó en contra la izquierda, fuerzas que no tienen senadores.
Para incentivar la construcción de viviendas se exime por dos años el pago del impuesto a los Bienes Personales a las inversiones, se computa a cuenta de ese tributo el 1% del valor desembolsado y se toma la base imponible configurada en las transferencias para aplicar las alícuotas.
"La exención del 1% es un beneficio al que pagó impuestos. Y la idea es que quien transfirió el inmueble para un edificio tenga una ganancia por la venta de lo que se construyó", explicó Arias. La ley, además, incentiva la reactivación de planes de viviendas abandonados por los anteriores gobiernos.
Pero el título más polémico es el que habilita la "normalización" de activos, lo que se conoce como un blanqueo, aunque Arias prefirió no mencionarlo como tal. Tendrán 120 días para declarar sus fondos desde la promulgación de la ley y su único castigo por no haber estado en regla será un impuesto del 5% a los que se adhieran los primeros 60 días abonarán, 10% si esperan 30 más y 20% si se anotan al final.
"Si lográramos acceder al 1 o al 2% de los activos que hay en el exterior sería un éxito muy importante, porque implicaría un aumento relevante en construcción y en la generación de empleo en todo el país", aventuró Arias.
El radical Martín Lousteau se manifestó en contra de los blanqueos. "Siempre son una mala experiencia en Argentina, porque estamos buscando soluciones excepcionales. El problema es más profundo", se molestó y ante una consulta suya, el funcionario confirmó que los repatriadores de dinero podrán beneficiarse del dólar financiero.
"De lo contrario sería inviable. Estamos hablando de activos que ya están declarados en un caso y en el otro exteriorizados para la construcción. Nos parece un incentivo interesante", se defendió el funcionario, que recibió un elogio a modo de chicana del senador oficialista Oscar Parrilli.
"Es bueno que en Economía se estén dedicando a estos planes de reactivación y no sólo a la deuda", bromeó. Y junto al jefe del bloque José Mayans sugirieron un registro público para chequear el avance de las obras, una vez que la ley sea sancionada.
Otros dictámenes
El Senado también emitió dictamen favorable de otros dos proyectos aprobados la semana pasada en Diputados y que serán ley la siguiente: el que fija una indemnización a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan y el que establece un aumento progresivo de la inversión en ciencia y técnica, hasta llegar a 1% del PBI en 2032.
Este último tuvo respaldo de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda, con consenso de todas la fuerzas. "Ningún modelo de desarrollo nacional puede prosperar sin una inversión decidida en este sector. Con esta ley vuelve a ser política de Estado la ciencia y la tecnología", celebró la rionegrina Silvina García Larraburu. Carlos Caserio, su compañero de bloque, aceptó la propuesta del senador Martín Lousteau de plantear en futuros proyectos en qué sectores es preferible continuar la inversión.
La indemnización a familiares de víctima de los submarinistas será de "7 millones de pesos", según calculó la senadora oficialista Nancy González, presidenta de la Comisión de Defensa. "No es obligatorio para los familiares, que en caso de aceptarlo tendrán 365 días para reclamar el beneficio. La intención es que puedan cobrar rápidamente, una vez que se inician los trámites", destacó.
La polémica más grande es porque si aceptan se comprometerán a no iniciar juicios al Estado. Ernesto Martínez, de Cambiemos, se preocupó por saber si los familiares de las víctimas habían sido consultadas y si estaban de acuerdo con la iniciativa. "El Estado quiere cerrar un capítulo y eso es correcto, adecuado y justo", coincidió.