Respaldado por Cambiemos, el Gobierno avanza en planes de vivienda con fondos de un blanqueo
La Cámara de Diputados emitió este miércoles dictamen por unanimidad de un proyecto de ley enviado por el Gobierno que promueve la construcción de viviendas y contempla la posibilidad de financiarlas con fondos no declarados en el sistema, en lo que se conoce como un blanqueo, aunque el oficialismo evitó esa denominación.
"Les pido que le digan así", bromeó el radical Luis Pastori, quien como todo su interbloque respaldó la ley y este jueves ayudará a aprobarla en en la primera sesión del año en la Cámara baja. "A diferencia de lo que se hizo antes, esto tiene un fin especifico en obras privadas nuevas. El dinero no queda en el exterior y se integra a una cuenta bancaria especial", diferenció Marcelo Casaretto, del Frente de Todos.
El proyecto fue enviado el año pasado y está destinado a impulsar la construcción de viviendas mediante exenciones impositivas. Por caso, habrá un diferimiento de Ganancias y de bienes personales, que no se pagarán por dos años y luego abonarán a cuenta pero sólo el 1%.
Y para el financiamiento se podrá usar durante 120 días cualquier "tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior", que aún no estuviera declarada. Deberá depositarse en una "cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina (CECON.Ar)".
La única excepción, impuesta por Carlos Heller, es a quienes tengan cuentas en los paraísos fiscales, o quienes sean condenados por lavado, delitos dolosos, o a empresas en estado de quiebra. "Tengamos en cuenta que se promulga la ley y rápidamente habrá una inversión y un circulante que va a generar un proyecto de inversión", celebró Casaretto.
Heller presidió el plenario de comisiones junto a Luis Amaya, del PRO y acordaron varias modificaciones más como promocionar la "reactivación de las obras paralizadas o abandonadas" o "en procesos de construcción" que haya impulsado la Nación.
Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar el porcentaje de avance físico real y apto ediliciamente de las obras paralizadas o abandonadas, mediante declaraciones juradas con informes técnicos emitidos, para que de esa manera el Gobierno defina cuál debe avanzar.