El Gobierno promueve una ley contra la violencia institucional para reponerse del caso Insfrán
El Gobierno apuró la presentación de una ley contra la violencia institucional para dejar atrás las denuncias por abusos de las fuerzas policiales de Formosa conducidas por el gobernador peronista Gildo Insfrán, en el marco de los programas sanitarios para aislar a los ciudadanos con Covid 19.
El proyecto había sido anticipado por la ministra de Seguridad Sabina Frederic el año pasado, cuando Cambiemos denunciaba casos de violencia de policías para lograr el cumplimiento con la cuarentena estricta.
Fue redactado por los diputados del Frente de Todos Hugo Yasky, Leonardo Grosso y Paula Penacca, quienes mañana lo presentarán junto a Frederic y al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, que viajó a Formosa y negó las denuncias opositoras sobre malas condiciones en los centros de aislamiento, denunciadas por la oposición y organizaciones como Amnistía Internacional. De todos modos, Insfrán acusó recibo del golpe y habilitó el aislamiento en los domicilios.
Insfrán cede a la presión y permite la cuarentena en los domicilios
En la presentación de la ley participarán organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil y distintas organizaciones de la sociedad civil. Según anunciaron sus autores, apunta a "generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional".
Leonardo Grosso.
Además, señalaron que habrá "pautas concretas de acción frente a las denuncias con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz" y "un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad".
Se establecerán además principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. "No podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral, debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Ese es el sentido de este proyecto de ley", anunció Yasky.
El Gobierno reconoce que hay más excesos policiales y promueve una ley para evitarlos
Penacca, que preside la comisión de Seguridad de Diputados, sostuvo que la ley "es coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo".
Y Grosso acusó a Bullrich de tener "una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones".