Indra ahora enfrenta acusaciones en España por las "App Covid"
El pasado 15 de junio, el Gobierno adjudicó a dedo un contrato a Indra para el desarrollo de la 'app Covid', con un costo de 330.537 euros. Siete meses después, los resultados de esa aplicación no son los esperados, pero la compañía cerró, a finales de año, un nuevo contrato, esta vez de mantenimiento de la aplicación, por 1,4 millones.
Ahora, el Ejecutivo deberá explicar por escrito por qué no se dio publicidad a la negociación de esos contratos con la multinacional y qué mejoras se prevén en la app, después de que Ciudadanos haya registrado cuatro preguntas sobre este asunto en el Congreso de los Diputados.
La herramienta llega a esta tercera ola con sólo 6,6 millones de descargas, según las cifras oficiales. Pero su eficacia, afirman desde Ciudadanos, "sigue en entredicho" por el bajo porcentaje de personas que la han utilizado para comunicar su positivo y advertir así a los contactos estrechos.
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Por ahora, sólo 31.978 infectados lo han reportado en la plataforma desde el 1 de septiembre, apenas un 2% del total de casos registrados desde esa fecha. Para poder trazar y seguir los focos de contagios y realizar rastreos de manera eficaz se necesitan, al menos, 9 millones de usuarios, que se traducirían en una reducción del contagio del 30%, según asegura la propia Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, impulsora de la app.
Ciudadanos destaca que "hay una crítica sobre la aplicación española" que persigue a la Secretaría de Estado desde el principio: "la opacidad que rodea al proyecto". Enumera, en ese sentido, varios motivos: la no publicación de un informe detallado sobre los resultados de la prueba piloto de La Gomera; la negociación sin publicidad del contrato de 330.537 euros concedido a Indra; y la aprobación ya en diciembre de un nuevo contrato de mantenimiento de la app con la internacional por 1,4 millones tramitado de urgencia.
Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Cs ha registrado por escrito cuatro preguntas al Gobierno: "¿Qué opinión le merece al gobierno la utilización de la app?"; "¿Ha cumplido con los objetivos de rastreo, detección y prevención que se plantearon?"; "¿Cuáles cree el Gobierno, que han sido los factores que han impedido una implantación y utilización masiva de la app?"; "¿Qué mejoras se prevén en el futuro y como cree el Gobierno que va a aumentar la utilización de la app?"; y "¿Qué razones tiene el Gobierno para adjudicar de urgencia y sin publicidad el contrato otorgado a Indra? ¿Cuál es el objeto del contrato?".
La respuesta del Ejecutivo deberá producirse en el plazo máximo de 40 días (20 iniciales más 20 de prórroga que contempla el Reglamento del Congreso) y en el mismo formato en el que han sido formuladas las preguntas.