Lacalle Pou cerró las fronteras con militares y el partido de Mujica lo acusa de violar la Constitución
Asediado por lo que para alguno especialistas es el arribo de una tardía primera ola de coronavirus a Uruguay, el gobierno de Lacalle Pou anunció este lunes el cierre total de sus fronteras, entre otras medidas drásticas contenidas en una ley sancionada días atrás.
La ley fue aprobada con los votos de la coalición oficialista (Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto) pero con el rechazo del Frente Amplio quién la califico de inconstitucional.
La decisión del gobierno es un golpe durísimo a la temporada de verano ya que afecta a destinos clásicos como Punta del Este pero también a Piriápolis y parte de la costa de Rocha que depende especialmente del turismo argentino y brasileño.
Tal como lo contó LPO, en 2019, el turismo generó el 7,2% de los puestos de trabajo e ingresos para el país superiores a los 1.750 millones de dólares y el cierre podría provocar una caída de hasta 3 puntos del PBI.
Sin turismo internacional por el cierre de fronteras, Uruguay podría perder hasta el 3% de su PBI
Además, se desplegarán por todas las zonas limítrofes con Argentina y Brasil más de 500 integrantes del Ejército y la Armada con 25 puestos de control en los que se permitirá el ingreso para las excepciones de transporte de carga y ayuda humanitaria y se pondrán en funcionamiento los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales que estarán constituidos por los Ministerios del Interior y Defensa, Fiscalía, presididos por los 19 intendentes del país y tendrán la tarea de fiscalizar que la normativa se cumpla.
Los ministros del Interior, Jorge Larrañaga y de Defensa Nacional, Javier García, anuncian este lunes el cierre de fronteras.
El gobierno viene promoviendo el turismo interno para que los operadores puedan compensar la pérdida de ingresos. Los empresarios lograron obtener beneficios del estado como el aplazamiento de pago de impuestos y otros beneficios impositivos y la utilización de medidas como el envío a seguro a paro parcial (un especie de subsidio de desempleo) que consiste en mandar a los trabajadores por la mitad del horario y se abone la mitad del salario, el 25 por ciento se hace cargo el Estado.
Otro factor que no juega a favor del gobierno es la percepción de la población respecto al Covid-19. Según una reciente encuesta, el temor de la población con en el coronavirus en marzo era de más del 70 por ciento lo que explica el apoyo inicial a las medidas oficiales, mientras que ahora el porcentaje no llega a 30 por ciento.
Fuentes consultadas por LPO explicaron que esto tiene que ver con la relajación de la ciudadanía que se expresa en fiestas clandestinas que las autoridades nunca prohibieron sino que "aconsejaron no realizar". "Ha habido un boom de estas fiestas en estos últimos meses, siendo un principal foco de contagio", revelaron.
El Frente Amplio apoyó desde un primer momento las medidas sanitarias pero las críticas se orientaron a "la falta de sensibilidad social frente a los más que sufren". Desde el entorno del FA plantearon a LPO que "hay miles de trabajadores que se quedaron en la calle, hay otros miles que están en seguro de paro, miles de empresas que cerraron de forma temporaria y definitiva y otras tantas que mandaron a su personal a seguro de paro y tienen una situación económica muy seria".
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A esa mirada "pro empresarial", la izquierda uruguaya le propuso al gobierno la implementación de una Renta Básica de Emergencia para sectores con menor capacidad de respuesta, ligados al trabajo por cuenta propia y con coberturas parciales de la seguridad social.
German Cardoso, ministro de Turismo de Uruguay.
El oficialismo aplicó algunas medidas que fueron consideradas insuficientes y piden que los hogares más humildes reciban un salario mínimo líquido durante los primeros 4 meses de 2021, con posibilidad de extenderlo dos meses más hasta finalizar el primer semestre del año.
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Otras cuatro medidas propuestas por el FA fueron la suspensión de desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días y un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias entre enero y abril de 2021 para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la Renta Básica de Emergencia, exoneraciones a las pequeñas empresas en especial las que venden en el mercado interno, congelamiento de tarifas y un fondo de emergencia para el sector turístico.
Pequeños empresarios consultados por LPO plantearon que la sensación de unanimidad es que las medidas fueron insuficientes o de muy poco impacto para las pequeñas empresas. "Muchos empresarios entienden que las medidas del gobierno fueron inexistentes y las empresas que viven del consumo nacional fueron afectadas muy duramente", cuentan.
En ese contexto, Lacalle Pou, tomó una decisión que no cuenta con el apoyo de la población y recibe fuertes críticas de parte de la oposición que pronostica una temporada compleja en términos económicos y una situación social que puede empeorar si no se toman las medidas adecuadas.