Macó del Pont negó que el impuesto a la riqueza complique a los productores rurales
La comisión de Presupuesto del Senado dictaminó este martes el proyecto de ley que grava por única vez a los patrimonios mayores a 200 millones de pesos, llamado impuesto a la riqueza, propuesto por Máximo Kirchner y aprobado en Diputados con respaldo de los gobernadores Juan Schiaretti y Gerardo Morales.
El proyecto no tuvo respaldo de Cambiemos y para tratarse en diciembre requiere que Alberto lo incorpore en su convocatoria a sesiones extraordinarias, todavía sin fecha ni temario, para que la mayoría oficialista del Senado lo convierta en ley. En la misma situación quedó la ley de manejo de fuego, también propuesta por el jefe del oficialismo, que obtuvo dictamen de las comisiones de Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el debate del impuesto a la riqueza, coordinado por Carlos Caserio, la directora de la AFIP Mercedes Marcó del Pont expuso sobre el contenido de la ley, pero aprovechó la oportunidad para responder a las críticas de sectores económicos como los productores agropecuarios.
"Es una mayor presión tributaria que provocará una menor producción agropecuaria", sostuvo la Confederaciones Rurales (CRA), respaldada luego por los presidentes de la Sociedad Rural (Daniel Pelegrina), Federación Agraria (Carlos Achetoni) y Coninagro (Carlos Iannizzotto).
Estiman que hasta 50 mil productores rurales pagarán el impuesto a la riqueza
Además, el estudio Sáenz Valiente y Asociados calculó que pagarán el impuesto 50 mil productores rurales, muchos no gravados con bienes personales. Marco del Pont se preocupó por desmentir esos números, sin que ningún senador hiciera referencia.
"No es cierto que todos los productores rurales van a tener que vender sus campos. Sólo el 17% de los que declaran bienes personales dicen que tienen inmuebles rurales y de ese porcentaje sólo el 2.4% de ellos los tienen en su patrimonio y pagarían el aporte. Y tienen excedentes financieros por 25 veces más que el aporte que tienen que realizar. Esto es un dato bien relevante", señaló.
Ocurre que el proyecto grava el patrimonio personal y no los activos de las sociedades anónimas, por eso alcanza a poco más de 11 mil personas y permitirá recaudar 307.000 millones de pesos, un 1.1% de PIB, que se destinarán a apoyar la producción y enfrentar la pandemia.
Tendrá alícuotas que partirán del 2% y subirán a 2.25% para quienes sumen 300 millones en su declaración jurada (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000 o más.
"El 55% de este aporte lo realiza el 3.2% de los contribuyentes. Estamos gravando patrimonios que en el resto del mundo se valorizan financieramente. No se está gravando capital de trabajo, porque su excedente ya pasó a personas físicas a través de dividendos y utilidades".
La jefa de la AFIP destacó además que el proyecto duplica las alícuotas para quienes tengan bienes en el exterior. "Si uno mira el último blanqueo, sólo una parte de los bienes que estaban afuera volvieron".
"No existe evidencia empírica de que las políticas neoliberales de reducción de impuestos generan una panacea de inversiones. En los últimos 4 años la presión tributaria cayó menos de 3% entre 2016 y 2019; y en muchos casos en impuestos directos, como los bienes personales, que en 2015 era 0.4% del PBI, en 2018 0.2% y ahora llegará a 0.7%".
"Nadie puede relacionar esa baja con mejoras en las fábricas y del trabajo. Todo lo contrario: se dio en un proceso de desindustrialización. Son las discusiones que nos debemos hacia adelante: poner en un lugar justo el tema impuestos y competitividad. La inversión ocurre cuando hay presencia de demanda y de mercado", cerró Marcó del Pont, que se desconectó y no escuchó a los referentes de Cambiemos que rechazaron la ley.
"Nuestro bloque no va a acompañar este proyecto porque tiene muchas inconsistencias. En primer termino, tenemos muchas dudas sobre la progresividad de este impuesto, yo creo que es una doble imposición, al igual que lo que ocurre con Bienes Personales. Por otra parte, no es coparticipable porque tiene asignación específica, por lo tanto, la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto", se quejó Julio Cobos.
Le respondió Jorge Tiana. "América Latina es el continente más desigual del mundo y con este aporte solidario y extraordinario estamos atemperando un poco esa desigualdad que es una verdadera vergüenza para nuestro continente. Por eso estamos pidiendo de que por única vez los super ricos de la Argentina hagan una contribución con el objetivo de ayudar a salir de esta emergencia generada por la pandemia".
Ley de Fuego
El Frente de Todos hizo valer su mayoría para dictaminar la ley que prohíbe modificar el uso de tierras incendiadas durante 60 años y por 30 cuando se traten de zonas agrícolas.
El proyecto impide cambiar el destino que tenían las zonas prendidas fuego y tampoco se podrá "realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".
"Esta norma es sumamente necesaria porque tenemos que proteger a nuestro medio ambiente; todos sabemos lo que pasó en la Argentina que ardió en llamas, y todavía siguen los focos de incendio y sequias", celebró Ana Almirón, del Frente de Todos y a cargo de coordinar el plenario.
Como en Diputados, Cambiemos votó en contra. "El proyecto disminuye la protección de los bosques y áreas ya protegidas a perpetuidad al establecer un plazo. Además, no define al resto de los ecosistemas que pretende proteger, por lo tanto resulta inaplicable Tampoco considera el impacto del cambio climático en la ocurrencia de sequías e incendios", justificó la postura Gladys González, del PRO.
"En el Presupuesto 2021, los fondos destinados a las políticas de prevención y acción frente a los incendios disminuyeron respecto al 2020 y 2019 y en algunos casos el recorte fue incluso del 50%", agregó.
Alfredo De Angeli y Ernesto Martínez, de Cambiemos, reclamaron incorporar a la comisión de Agricultura para que evalúan si efectivamente la mayoría de los incendios son intencionales, como sugiere los fundamentos del proyecto. "Me están llamando de zonas rurales y están preocupados. En muchos casos con un trozo de vidrio se produce un incendio", señaló el entrerriano.