Sancionaron la ley de economía del conocimiento, con un recorte de beneficios a los "unicornios"
La Cámara de Diputados sancionó una nueva versión de la ley de software sin respaldo de Cambiemos, que se abstuvo en rechazo a las modificaciones realizadas el viernes por el Senado que redujeron los beneficios fiscales a las grandes empresas del sector, que cuando facturan más de 1000 millones de dólares son conocidas como "unicornios".
"Hicieron una ley para zafar, para que no les digan que están matando la que promovió su mentor Néstor Kirchner. No hablen de empresas grandes o chicas. ¡No mientan! Nosotros hablamos de un chico de 17 años que hace una aplicación, tiene 9 empleados y cotiza en Bolsa. Y es un soñador", denunció la radical Karina Banfi.
La historia de esta norma tiene muchos años y varios presidentes. Como bien reseñó Banfi, su origen es la ley de promoción de software de 2004, cuyos incentivos lograron que el sector se convirtiera en el tercer exportador argentino, fuente de empleo y de ingresos de divisas.
El Senado devolvió la ley de software a Diputados con menos beneficios a grandes empresas
Motivos suficientes para que cada presidente los renovara y el último fue Mauricio Macri hace un año bajo el nombre de "ley de economía de conocimiento", la única norma sancionada en plena campaña electoral. Ni bien asumió, Alberto Fernández la definió como un "colador fiscal", porque permitía a empresas de cualquier rubro acogerse a los beneficios y le ordenó el ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas enviar otra versión.
El nuevo proyecto llegó en febrero a Diputados, se aprobó en junio con cambios, pero para los senadores del Frente de Todos seguía siendo un traje a medida para grandes empresas de todos los rubros y por eso lo rehicieron. Los diputados de su fuerza política la sancionaron en menos de una semana. "Yo en su momento no hablé, porque no estaba de acuerdo. Este proyecto me parece mejor", celebró Carlos Heller, a cargo de informar la ley en el recinto junto al cordobés Pablo Carro.
Karina Banfi.
"En 2019 el sector registró 461 mil empleados, en 2030 tendrá un millón. Y esperamos duplicar las exportaciones, que fueron de 6000 millones. Nadie se está yendo del país por esta ley. Eso es mentira. La oposición habla de 'sesgo ideológico'. Mis alumnos saben que no hay discursos sin sesgo ideológico. El tema es qué ideología hay: venimos de una etapa de endeudamiento y fuga y entrega a los capitales trasnacionales. Nuestra ideología es muy diferente", atacó Carro.
Los beneficios fiscales paras las empresas tecnológicas serán hasta diciembre de 2029 pero con una segmentación en la reducción del impuesto a las Ganancias: será de 60%, 40% y 20% según el tamaño de la empresa. "Un descuento del 20% es un beneficio grande, que no tiene nadie. Ni siquiera los empleados", se preocupó en destacar el viernes la senadora Anabel Fernández Sagasti, promotora del texto final.
Habrá un bono fiscal de 70%, que no será transferible ni servirá para pagar Ganancias, con el objetivo de que cancelen aportes patronales. Subirá a 80% si se toman mujeres, poco requeridas en el sector; travestis, transexuales y transgénero.
Las compañías deben tener el 70% de sus ingresos procedentes del rubro tecnológico y si son servicios profesionales, deben exportar. Las que más facturen deberán invertir el 5% de la masa salarial en capacitación de sus empleados y/o destinatarios en general, las pymes el 2% y las mipymes 1%.
También habrá diferencias en el aporte obligatorio a investigación y desarrollo (3% para las grandes, 2% y 1% para medianas y chicas) y en el porcentaje de facturación que deberán exportar con las actividades promovidas: el 13%, 10% y 4% respectivamente.
Y una de las obligaciones que incorporó el Senado es que no deberá variar la planta de personal de un año al al otro, motivo de otro reclamo de Cambiemos. Considera que al no diferenciar despidos de rotación de personal, muchas pymes podrían ser injustamente discriminadas. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo y tendría poder para distribuir beneficios, que en el Senado calculaban en 18 mil millones de pesos anuales.