Diputados

Massa cambia el reglamento para habilitar las sesiones remotas mientras haya pandemia

Es a través de un proyecto de resolución que se tratará el lunes en comisión. También restringe el tiempo de los discursos, suspende las sesiones trasnoche y obliga a sumar mujeres entre las autoridades.

El Frente de Todos intentará otra vez habilitar las sesiones remotas durante la pandemia y desechar la idea de reuniones presenciales, esta vez con un proyecto de resolución que le permitiría habilitar la modalidad mientras perdure la pandemia del coronavirus y se tratará el lunes en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. 

Fue presentado por su presidenta, la entrerriana Mayda Cresto, y promueve modificar el artículo 14 del del reglamento, que obliga a sesionar en el recinto salvo "en casos de fuerza mayor". Se le agrega que "cuando la Cámara se encontrase imposibilitada de realizar sesiones presenciales, las mismas se llevarán a cabo de manera telemática" y aclara que "la presidencia proporcionará la plataforma de conexión, que permitirá continuar con total normalidad su funcionamiento".

Siguen las sesiones remotas en Diputados, pero Cambiemos podrá pedir presenciales en algunos temas

De esta manera, se evitaría discutir cada mes el protocolo de sesiones remotas aprobado en abril, que tuvo su última prórroga el 8 de septiembre y contempló la posibilidad de reuniones cara a cara cuando al menos un bloque lo solicite. Cambiemos las pidió para la ley de presupuesto y el impuesto a la riqueza, pero no tuvo respuesta. "Este proyecto es como nombrar a Massa rey de la Cámara. Todos los parlamentos están volviendo a las sesiones presenciales y no podemos ser la excepción". 

La presencialidad eventual fue aceptada por el Frente de Todos después de un fallido intento de Massa y Máximo Kirchner para aprobar una continuidad de la modalidad remotas con temarios abiertos. Los jefes de Cambiemos no aceptaron e irrumpieron en el recinto para reclamar la nulidad de la sesión y una semana después acordaran la prórroga por 30 días hábiles. 

Vence el 21 de octubre, se esperaba que antes o después llegaran las sesiones cara a cara que no tenía fecha ni lugar, y este martes el oficialismo definió que nunca llegará: según la interpretación del Frente de Todos, alcanza con un dictamen de la comisión para modificar el reglamento del lunes. Tienen a 15 de los 31 miembros de la Comisión, pero el voto decisivo lo aportaría el mendocino José Luis Ramón, presidente del bloque aliado Unidad para el Desarrollo. 

De todos modos, el artículo 227 del reglamento señala que los cambios reglamentarios necesitan un proyecto "que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y que no podrá considerarse en la misma sesión en que hubiere sido presentado". En tal caso, el oficialismo necesitará aliados para juntar quórum cuando decida sesionar después de esta maniobra y puede lograrlo con los bloques chicos y sin Cambiemos.  

En abril, los jefes del principal interbloque opositor sostuvieron que un cambio de modalidad requiere ser avalado en sesiones presenciales y como no eran posibles lo habilitaron por 30 días y las dejaron sujetas a un "consenso" de las fuerzas políticas, que en el último debate consideraron que esa palabra significa unanimidad. El proyecto de resolución de Cresto olvida para siempre esa discusión semántica y deja claro que mientras haya pandemia, se debate y se vota por zoom. 

Además, tiene otros retoques al reglamento que venían discutiéndose desde enero entre las fuerzas políticas. El principal es el horario de las sesiones, que ya no continuarán durante la madrugada: empezarán  las 12 horas y terminarán a las 23 horas. Si hay un cuarto intermedio, se retomará a las 10 de la mañana. 

Habrá menos tiempo para hablar, con un tope de 20 minutos para los bloques de entre 21 y 30 diputados, número que sólo reúne Cambiemos y el Frente de Todos. Otro cambio es que la comisión de Acción Social y Salud Pública elegirá un presidente, un vicepresidente 1°, un vicepresidente 2° y cinco secretarios. Y se incorpora un cupo de género entre las autoridades de la Cámara, un reclamo de la diputada Graciela Camaño en diciembre.