Avanza ley para refinanciar deudas de las provincias con el Fondo de Garantías de Anses

El Frente de Todos consiguió este martes dictamen favorable del proyecto de ley para "la defensa" del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses (FGS), que persigue objetivos diversos como derivar en el presupuesto del organismo o del tesoro el pago del "plan de reparación histórica" a los jubilados de Mauricio Macri y refinanciar deudas contraídas por las provincias.

También propone aumentar las inversiones productivas del FGS, que están por debajo del mínimo exigible; facilidades para cancelar deudas por créditos personales a los jubilados y la recuperación de los derechos políticos de los directores de empresas en representación de Anses. 

Cambiemos negoció modificaciones y no descartó firmar mañana o en el recinto, después de un cuarto intermedio de media hora para reescribir artículos junto a la directora general de Anses Fernanda Raverta y el del FGS, Lisandro Cleri, que expusieron durante la primera media hora del plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social, presididas por los oficialistas Carlos Heller y Marcelo Casaretto.  

Los funcionarios  que el valor del FGS, integrado fondos frescos y activos financieros, cayó cuatro veces durante la gestión de Macri y adquirió compromisos que podrían vaciarlo, como la reparación histórica creada por ley en 2016, como se llamó a un plan de pago para los favorecidos en los fallos de actualización emitidos por la Corte, que según Raverta no impidió que se triplicara la litigiosidad. 

Debía pagarse con recursos del blanqueo de capitales que creó la misma ley, pero como se agotarían en octubre, la segunda fuente de financiamiento prevista es el FGS y por un monto estimado en 10 mil millones, ajustados a movilidad. 

La ley permite que la deuda se cancele con el presupuesto de Anses y si no alcanzan con rentas generales. "Los beneficiarios del programa son 900 mil y no pueden arriesgar un fondo que es de todos los jubilados", sostuvo Raverta, que no confirmó si tiene en carpeta una nueva moratoria previsional como informó el diario Clarín. El radical puntano Alejandro Cacace reclamó y logró un agregado sobre la garantía de pago de los beneficiarios del plan.

El macrista Luciano Laspina fue el único en cruzarse con la directora de Anses, molesto porque había señalado que la ley viene a subsanar una pesada herencia de Macri. "El FGS no es una entelequia. Está hecho para los jubilados, dentro del marco legal, que fue vulnerado por Néstor y Cristina Kirchner achatando la pirámide de pagos y generando una catarata de juicios. ¿De dónde la sacamos? Del fondo de los jubilados, porque sino había que tomar más deuda externa. Las jubilaciones del futuro se van a garantizar en la medida que el Gobierno no siga revoleando recursos a los que no hicieron aportes".

Otro capítulo del proyecto es necesario para los gobernadores porque dispone una refinanciación de las deudas que las provincias tomaron en 2016 con el FGS, con garantía de la coparticipación. Para no golpear más las finanzas locales, se propone un acuerdo a 8 meses para amortizar el vencimiento con un interés que el proyecto preveía en 1% más CER pero por pedido de Cambiemos mutó a tasa Badlar. 

Habrá una opción de conversión del capital adeudado a un bono de mercado con vencimiento a mediano plazo, que será extendible al saldo y no se podrá invertirse en fondos en el exterior. "En estos ocho meses vamos a trabajar con las provincias para que puedan hacer los trámites internos", confirmó Raverta. 

Cacace y su correligionario Luis Pastori también pidieron y consiguieron una aclaración del artículo 4 que permitía al FGS compensar el impacto de una caída de recaudación por el COVID 19 durante 2020. La ley obliga al organismo a aumentar sus proyectos productivos, que deben ser de entre el 5% y el 50% de su total y no supera el 3%. 

Será necesario generar un fondo junto al Ministerio de Hacienda para detallar los planes de inversión previstos por $ 100.000 millones de pesos. En cuanto a los créditos Argenta, las cuotas fueron suspendidas desde diciembre y cuando se reanuden no capitalizarán intereses. "Se venían usando para comprar alimentos", señaló Raverta. 

El último capítulo devuelve a los directores nombrados por Anses en empresas sus derechos societarios, que se les habían quitado en 2016; y crea el fondo para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos que ocupen esos cargos. "Habían quedado desprotegidos. Queremos que la Anses tenga a cargo la ejecución de derechos societarios", sostuvo la jefa de Anses.