Senado

El kirchnerismo quedó a un voto de suspender a Casal de la Procuración

El Senado desplazó a Mario Laporta como representante del Jury y lo reemplazó con César Grau. Apuestan a revisar el sorteo de fiscales y a la ayuda de Jorge Rizzo.

La mayoría oficialista del Senado desplazó hoy al macrista Mario Laporta del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y lo reemplazó por el kirchnerista Cesar Grau, quien ocupó ese cargo hasta el año pasado. 

Con su incorporación, el Gobierno quedó a un sólo voto de suspender al procurador Eduardo Casal, a quien lo acusan de usurpar el cargo y cuestionan aspectos de su gestión como el funcionamiento de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), el presunto manejo discrecional del presupuesto y de los procesos de juicio político a los fiscales.  

Como anticipó LPO, sin los dos tercios que se requieren en el Congreso para que prospere el juicio político al procurador, en el oficialismo apuestan a un jury en el Ministerio público por considerar que si no asumió legalmente se lo debe juzgar como fiscal raso. 

El kirchnerismo ahora impulsa una denuncia contra el procurador Casal por usurpación de cargo 

El juzgado tiene 7 miembros, 3 representantes del Estado y al mando de Cristina Kirchner: Héctor Recalde, por el Ejecutivo; Grau por el Senado y el secretario general de la gobernación Federico Thea. Los otros cuatro por ahora son esquivos. Los abogados son Francisco Panero, por la federación nacional; y Adriana Donato, por el Colegio de Capital Federal que controla Jorge Rizzo.

Los otros dos son los sorteados por el Ministerio Público y los beneficiados fueron Juan Carlos Paulucci, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social; y María Alejandra Obregón, fiscal federal de Mendoza, ambos cercanos a Cambiemos. 

El martes, en la bicameral encargada de monitorear la Procuración, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade solicitó revisar ese sorteo porque sospecha que fue digitado para que el Gobierno anterior controlara los procesos a los fiscales. Mientras no lo consiga, la apuesta del oficialismo es Donato: confían en que tarde o temprano Rizzo se acercará al Gobierno. 

Con mayoría en el jury buscarán suspender a Casal para iniciar un proceso de enjuiciamiento que sólo puede prosperar con 5 votos que por ahora son inalcanzables para el Gobierno y le servirían también para desplazar a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos, que se negó a declarar durante todo el año pasado en una causa por espionaje ilegal instruida en el juzgado de Dolores.

Cuando aquel escándalo saltó a la luz pública el Gobierno se apuró a nombrar a Mario Laporta como miembro del jury de enjuiciamiento. Como no tenía mayoría en el Senado y el clima electoral complicaba una negociación con el aún jefe del peronismo y ahora dirigente de Cambiemos Miguel Pichetto, lo nombraron por resolución simple de Gabriela Michetti.

Ese trámite es el que este jueves fue declarado nulo. "Los vocales representantes del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa deben ser designados por la mayoría de la Cámara de Senadores, nunca por la decisión arbitraria de la presidenta del Senado. No hay ningún documento que indique que se haya votado", denunció el senador del Frente de Todos Martín Doñate.

"El interino Casal fue responsable de este inédito y perverso esquema de persecución. Cómo no nos va a llamar la atención el manejo arbitrario y diferenciado ante el fiscal Stornelli o la fiscal Boquín", agregó el rionegrino. 

Le respondió el radical Luis Naidenoff. "Hay que tener presente la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que establece que el tiempo de duración de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento es de 3 años, es la ley y cumplirla es una obligación".

Con el mismo argumento, el oficiaismo desplazó a Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa. Será reemplazado por Mariela García Lastra, quien llevaría adelante un proceso contra del defensor Gustavo Kollmann, quien asesoró al ex chofer Oscar Centeno, delator en la causa de los cuadernos.