Límites a la Corte y al Procurador, la otra reforma judicial que planea el Gobierno
Dos pronósticos sobre las elecciones legislativas de 2021 surgen en el Gobierno: por la extrema polarización, es imposible que el Frente de Todos llegue a los dos tercios en el Senado sin ayuda de Cambiemos, pero sí podría consolidar una sólida mayoría en Diputados que hoy no tiene.
Ese escenario sería la llave para la otra reforma judicial que escribirán en la Casa Rosada con las recomendaciones del Comité de expertos, que se reunirá por primera vez el martes 18 y corre en paralelo con la que empezó a debatirse en el Senado.
Sin mayoría especial en esa Cámara, en el oficialismo aceptan que poco sentido tiene ampliar la Corte Suprema de Justicia, como teme la oposición, pero con la mitad más uno en los dos recintos alcanza para implementar el juicio por jurados, modificar la composición y hasta las funciones del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, dos organismos que escapan al control de la Casa Rosada.
El decreto que creó el Comité de notables y le marcó la agenda a seguir no exige debatir si hacen falta mas jueces supremos, pero sí evaluar cómo se seleccionan y si se aplican criterios de "diversidad de género y representación federal", requisitos que se reclaman para todas las estructuras jurídicas y no son fáciles de cumplir sin ampliarlas.
La idea de Eugenio Zaffaroni de elevar la Corte a 15 miembros en 5 salas no entusiasma entre los operadores judiciales del kirchnerismo. "Serían sectas del derecho civil o penal. Y además es anticonstitucional. La Corte sólo puede agrandarse si Cambiemos lo acepta y propone a alguno de sus nuevos miembros. Sino, seguirá con 5 miembros". Sergio Massa se convirtió en vocero de dejarla como está.
El único proyecto para llevarla a 9 lo presentó el senador oficialista Adolfo Rodríguez Saá, quien ya lo había impulsado en 2016, cuando todas las fracciones del peronismo le ofrecieron a Mauricio Macri aumentar las sillas del máximo tribunal a cambio de aprobar los pliegos que había enviado para completarlo, que eran los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Pero Macri no aceptó y convenció a los gobernadores de avalarlos como parte de la negociación por recursos que hay cada día entre la Nación y las Provincias. Uno de los más interesados en ser juez era Miguel Pichetto, actual auditor por el PRO. "Difícil que se le hayan ido las ganas", bromean en el oficialismo y lo imaginan tentándose con una reforma que lo tome en cuenta.
También en 2016, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que ahora es vicejefa del Frente de Todos, propuso ampliar la Corte a 16 miembros. En estos días no insistió con la idea, pero estará disponible si la oposición decide escucharla alguna vez.
No parece posible en el corto plazo: este lunes, desde Francia, Macri le pidió a las autoridades de Cambiemos que no se plieguen a ninguna propuesta oficial vinculada a la justicia, donde empezaron a darle malas noticias.
El resto del temario del comité de expertos puede prosperar en el Congreso sin la ayuda del principal frente opositor y podría servirle al oficialismo para acomodar resortes de Tribunales que se le escapan.
Algunos senadores de Cambiemos intentaron sacarle algún dato a la ministra de Justicia Marcela Losardo cuando fue a exponer sobre la reforma judicial que está en el Congreso. El radical catamarqueño Oscar Castillo, le reprochó que el Comité no tenga expertos en "recursos extraordinarios", otro de los mecanismos a revisar según el decreto de Alberto.
Consiste en limitar las apelaciones a la Corte y de esa manera reducir su poder de fuego en los casos que más le interesa al poder político de turno. El más recurrente es la actualización de las jubilaciones, uno de los principales gastos de los presupuestos, pero también hay muchos en casos sobre corrupción. Castillo esperaba que la ministra mencionara como uno de los conocedores en la materia a Carlos Beraldi, abogado personal de Cristina Kirchner, pero no le dio el gusto.
Ante una consulta de la macrista Laura Rodríguez Machado, Losardo negó que tuviera pensado modificar la ley de Ministerio Público para que su titular y jefe de los fiscales federales, el procurador, no sea elegido con dos tercios del Senado sino con mayoría simple.
Alcanzaría con ese número para modificar ese requisito con otra ley, el oficialismo puede reunirlo con los partidos provinciales y en 2021 tal vez le alcance con los propios. Se renovarán los Diputados de 2017, la mejor elección legislativa de Cambiemos.
El Ministerio Público está a cargo de Eduardo Casal, que asumió como interino hace dos años con la renuncia de Alejandra Gils Carbó y el kirchnerismo presiona para que renuncie, por ahora sin éxito. Propuso para reemplazarlo al juez Daniel Rafecas, pero sin los dos tercios en el Senado no pudo ni armar la audiencia en la Comisión de Acuerdos.
El Gobierno pide discutir además si es conveniente que el mandato del procurador siga siendo por tiempo indeterminado o sea temporario, como había propuesto la reforma de Cambiemos en 2016. Y si no habría que incorporar a su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), con activa participación en las causas por corrupción contra Cristina y sus ex funcionarios durante el macrismo, con funcionarios nombrados por el entonces presidente.
El otro organismo en la mira es el Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar y sancionar jueces, donde el Gobierno no tiene mayoría y necesita del voto de la diputada Graciela Camaño. La reforma que está en debate en el Congreso anticipa uno de los posibles cambios futuros: propone la evaluación oral y pública de los candidatos a jueces subrogantes, que ocuparían los nuevos cargos por un año.
Ese mismo proceso está propuesto por Alberto para incorporar con todos los candidatos a magistrados y olvidar los exámenes a puertas cerradas y las entrevistas finales que en algunos casos resultan decisivas. Plantea además sumar "criterio federal" en los integrantes y funcionamiento del Consejo, propuesta que garantiza el aval de los partidos provinciales, siempre dispuestos a ocupar lugares de poder.
Tal es así que, sin esperar a los expertos, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, ex gobernador hasta diciembre y con un voto por Cámara para aportar, presentó un proyecto de ley para cumplir con esos preceptos.
El juicio por jurado es tal vez la iniciativa que el oficialismo quiera apurar antes que cualquier otra, porque se trata de una deuda constitucional desde 1853 y se aplicó en varias provincias con buen resultado y respaldo de todas las fuerzas políticas. De prosperar, podría iniciar una nueva etapa histórica de los juicios por corrupción.
Sin embargo, en Cambiemos nunca entusiasmó: hace 2 años, la diputada radical Gabriela Burgos intentó iniciar el debate en la Comisión de Legislación Penal, pero chocó con varios de sus pares de interbloque que no estaban dispuestos a avanzar, como Ezequiel Fernández Langan, Pablo Tonelli y Graciela Ocaña, todos con mandato vigente. Pronto deberán opinar otra vez.