"Temo que tiremos por la borda todos los esfuerzos por unos pocos irresponsables"
Por el despacho del fiscal Ponce Asahad pasaron las más de 11 mil causas penales de quienes infringieron las normas sanitarias desde el comienzo de la pandemia en Rosario, que hace semanas dejó la etapa de confinamiento y ahora con casi todas las actividades habilitadas, transita un repunte de casos de Coronavirus, aunque en cifras muy bajas.
La Unidad Especializada Covid-19 fue creada por una resolución del fiscal general Jorge Baclini, el 17 de marzo, dos días antes que le presidente Alberto Fernández decretase la cuarentena obligatoria para todo el país. Esto permitió contar desde muy temprano con una política de persecución penal para los delitos relacionados al incumplimiento con las medidas que se iban tomando.
Alerta en Rosario por la detección de un caso en una de las villas más postergadas
En un principio, la tarea principal fue la de garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria de quienes provenían de países con alta circulación del virus y penar a los que transitaban sin ser parte de los que cumplen un rol esencial. Durante esas semanas, el trabajo fue tan intenso que a los pocos días de creada la Unidad se debió reforzar con otros cuatro fiscales y otros dos para las audiencias.
Cuatro meses después, nuevamente solo al frente de la división por el amesetamiento de las contravenciones, Ponce Asahad tiene que lidiar con aquellos que se animan a abusar de lo permitido y organizan asados masivos y hasta fiestas electrónicas, como ocurrió dos fines de semanas atrás. "Tienen muy poca empatía por el otro", define Asahad.
Desde el comienzo de la pandemia, Rosario registró bajos índices de contagios. Este sábado, el Ministerio de Salud provincial informó que en todo el tiempo que va de la pandemia sólo se acumularon 235 casos positivos. ¿A qué lo atribuye?
Lo adjudico a la adopción de medidas concretas y a una gran articulación entre distintos niveles del Estado y un gran compromiso ciudadano. De marzo a esta parte, tenemos un total de 11 mil causas en Rosario. Si la contrapones a toda la población, es bajo y eso habla de un gran compromiso en el cumplimiento de las pautas de aislamiento primero y de distanciamiento después.
Vimos como las causas bajaron muchísimo. Ahora, el número importante de delitos suceden durante los fines de semana como ocurrió hace dos fines de semana atrás con una fiesta electrónica en la zona noroeste de la ciudad.
En los últimos días viene aumentando la cantidad de contagios que por ahora no son significativos pero pueden serlo. ¿Este crecimiento es producto de la flexibilización de activiades?
Esto es directamente proporcional. Están aumentando los casos y es lamentable porque no sabemos aprovechar las circunstancias. A esta etapa se llegó luego que las autoridades sanitarias confirmasen que no hay circulación comunitaria del virus. En ese contexto, se pudo pasar de la fase de aislamiento a la de distanciamiento.
Ahora, temo que todos los esfuerzos que se han realizado por parte de la ciudadanía y en articulación con el Estado los estemos poniendo en riesgo y tirando todo por la borda, por la actitud irresponsable de los menos, pero que nos puede llegar a afectar y seriamente. Porque son los menos los que han incumplido y siguen incumpliendo las pautas de cuidado. Con total irresponsabilidad desde el punto de vista social y ciudadano y con muy poca empatía por el otro. Lo que está en juego es la salud y la vida de todos nosotros.
¿Qué espera para las próximas semanas?
La verdad es que estoy en estado de alerta en razón a estos hechos que venimos registrando los últimos dos fines de semana y que ya sumaron a 170 personas incursas en causas penales en el contexto donde la curva va subiendo. Se suponía que donde existía más peligro íbamos a comportarnos más responsablemente. Nosotros que en Rosario tenemos la oportunidad de tener a casi todas las actividades permitidas, me alarma y me asombra la cantidad de causas que se han producido en pocos días, me parece que son muchas.
Quizá, pueden no ser tantas en relación a la densidad poblacional pero es preocupante porque nadie puede desconocer qué está permitido y que no y todos sabemos muy bien en que se basan estas medidas de distanciamiento. Ojalá que todos los esfuerzos que han hecho gran parte de la ciudadanía y la aceitadísima articulación de todos los niveles del Estado no se lo tire por la borda.
Hemos visto importantes concentraciones de personas en las marchas anticuarentena o las que se hicieron a favor y en contra de Vicentín...
Nadie puede discutir el derecho constitucional de peticionar y manifestarse, pero entiendo que en estas circunstancias, excepcionalísimas como las que atravesamos de pandemia, hay derechos constitucionales que deben ponderarse y en tal sentido vero que la normativa es clara y precisa. En esa ponderación, están por encima los bienes y derechos constitucionales de la salud y la vida por sobre los demás.
Que no quiere decir que se conculquen el resto de los derechos constitucionales, pero creo que amerita que seamos sumamente responsables porque hay ciertos derechos que los podemos ejercer de modo alternativo. Así como el Ministerio Público, el Poder Judicial y las distintas esferas del Estado habilitan medios electrónicos para funcionar, el derecho de peticionar bien podría hacerse alternativamente.
En la situación que nos atraviesa las grandes aglomeraciones lo único que hacen es potenciar los riesgos e ir en contra de la salud y la vida.
Como docente de Derecho Político de la Facultad de Rosario, ¿cómo observa este fenómeno que se expresa en muchas partes del mundo de una derecha liberal que se opone fuertemente a las medidas sanitarias porque entienden que atentan contra la libertad?
Todos los derechos se ejercen con ciertas limitaciones, ningún derecho es absoluto. Y en esa teoría, sobre todo en situaciones excepcionales como esta, tenemos que buscar modos alternativos sin que implique cercenar derechos. Lamentablemente, por mi lugar como fiscal, no puedo explayarme mucho más en las apreciaciones políticas, que las tiene y que son inherentes a estas circunstancias pero siempre aparece alguno que dice que los funcionarios judiciales no pueden tener opinión política.
Todos los sujetos somos sujetos políticos por el solo hecho de integrar la polis. Yo en mi función no hago ni haré política pero no puedo dejar de reflexionar como un sujeto político. Como fiscal, respondo que ningún derecho es absoluto y el límite lo marca la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. El Estado ha organizado una serie de medidas que tienen que ver con lo legal, afectando recursos para estructurar un andamiaje sanitario que haga frente a lo que vivimos y que en el caso más trágico, pueda dar respuesta.
Ahora, como profesor me gustaría poder explayarme mucho más en el tema porque es interesantísimo como debate. Por lo pronto, me limito a responder que los derechos hay que ejercerlos en el marco de una adulta y seria responsabilidad, de eso se trata.