Los blanqueos están de moda
Los proyectos de blanqueo están de moda en el gobierno. La economía se viene ennegreciendo por lo que florecen proyectos para sacarla de la oscuridad. Dado el tenor de esas iniciativas oficiales, pareciera que la duración de la noche será como cada 21 de junio, casi completa. El fenómeno de ennegrecimiento se da en otras áreas como la política sanitaria del gobierno. La feroz cuarentena hizo que, con el paso de los días, fuera disminuyendo su cumplimiento, independientemente de la clase social. Estaciones de YPF en la zona oeste del conurbano ya venden combustible como en la pre-pandemia. Peluquerías, encuentros familiares y de amistades, se mueven en la "cuarentena blue". La flexibilización de las restricciones en las próximas horas no es producto de mejores resultados en la lucha contra en COVID-19 sino para blanquear el pobre acatamiento. Los permisos para circular en el AMBA prácticamente no cedieron con un auge de pedidos de cuidado a niños o adultos mayores, o urgencias médicas (eran algo así como el "dólar Bolsa" de la pandemia).
El virus se conecta con la presión impositiva. Subas en el impuesto a los Bienes Personales, las retenciones, y los pagos ya elevados en inmobiliario, IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y, a nivel municipal, ABL, Seguridad e Higiene, patentes, se hicieron difícil de cumplir durante la pandemia. Ya en la gestión de Mauricio Macri la presión impositiva era insostenible. Primero se viene la moratoria impositiva con el proyecto de ley a tratarse en el Congreso. Luego vendrá, como con el COVID-19, el blanqueo de lo ennegrecido. Ahora bien, el resultado será diferente al blanqueo de la cuarentena: ¿puede tener éxito un blanqueo si se mantiene la alta presión impositiva? Son muchos los que se arrepienten de haber participado del blanqueo de Mauricio Macri en 2016 dada la suba de impuestos que sobrevino en 2018 y 2019. Y encima ahora se suma la amenaza de Máximo Kirchner y Carlos Heller de gravar los altos patrimonios. La credibilidad de quienes proponen blanquear es baja como para tentar a oscurecedores. Quizás, como la moratoria, sea más a medida y funcione como el blanqueo del 2013, a través de los CEDIN (Certificado de Depósito para la Inversión) y BAADE (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético), dos inventos de Guillermo Moreno para canalizar dólares a inversiones en épocas de cepo cambiario. En este caso, el proyecto de moratoria viene con prohibiciones como la del acceso al dólar Bolsa (el "contado con liqui" y el "MEP") y el reparto de dividendos para los que adhieran, lo que resta atractivo para ponerse al día en materia impositiva.
En el mercado laboral aún con las prohibiciones de despidos impuestas por el gobierno, el empleo se sigue destruyendo. Una vez más, por más restricciones que se impongan, la realidad muestra otra cara. Incluso podría decirse que las restricciones como esa prohibición, acentuaron el problema. Se cierran PyMEs que quizás podrían haber continuado operando de no haber sido por las trabas para ajustar personal o salarios. Basta ver la salida de LATAM o autopartistas en apenas 30 días que, entre sus problemas por la pandemia, sumaban los relacionados con la política laboral oficial. Otro ejemplo de prohibiciones que la realidad tampoco convalidaba
La ley de Alquileres suma otro ejemplo. Recientemente sancionada, obliga a contratos de 3 años de duración y ajuste por un mix entre la evolución de salarios e inflación. Lo insólito es que, en los últimos dos años, la evolución del precio de los alquileres fue menor a la de la aplicación de ese nuevo índice. Los legisladores no miraron hacia atrás siquiera. La duración de 3 años como mínimo en los contratos restringe la voluntad de ofrecer propiedades en alquiler. Los primeros contratos desde la aplicación de la ley ya vienen con incrementos mayores a los previstos por los autores de esa norma. De todas maneras, como en los casos arriba mencionados, la ley dirá una cosa y la realidad otra. Los contratos pueden tener descuentos en los precios o bien se estipularán cancelaciones anticipadas. Pero el daño está hecho.
¿Y la negociación de la duda? El gobierno decidió ir con la oferta a acreedores intacta, sin cambios pese al rechazo de los grupos "Exchange" y "Ad Hoc", los fondos tenedores de papeles surgidos en el canje 2005-2010 y en la era Macri respectivamente. La aceptación a la oferta de Martín Guzmán estaría hoy en torno al 45%, muy por debajo de los límites establecidos por las cláusulas de emisión de los títulos argentinos y, sólo para consuelo del ministro, bastante por arriba del 18% logrado en la primera propuesta, en abril. Hubo intermediarios tratando de acercar posiciones con el gobierno, pero fracasaron: se sigue con la oferta pura, sin modificaciones. Los bonos no se desploman de precio porque ven que el gobierno nuevamente corregirá los términos de la misma y se acercará a lo que reclaman los acreedores. "Es nuestra mejor oferta y no nos vamos a mover de ella" fue el slogan de Guzmán desde marzo y sin embargo, mejora la oferta cada mes. Lamentablemente el costo para Argentina es alto: los bonos siguen devengando intereses, los que se siguen incluyendo en las sucesivas ofertas. Además, si la Argentina ofrece pagar 53 dólares con una "exit yield" de 10% anual, cada 30 días de atraso en la concreción de la oferta, implica cerca de 0,83% directo de costo. Si lo que Guzmán ofrece hoy a acreedores, lo hubiera hecho en marzo, otro hubiera sido el resultado para el país. Los errores se pagan caro más allá de la voracidad del acreedor. La presión local sobre el ministro es fuerte a tal punto que ya de varios frentes, el propio kirchnerismo y del sector privado, claman al presidente por un reemplazo en Economía tras el acuerdo con los bonistas. El margen de acción oficial tras la pandemia urge a decisiones difíciles. Basta ver las medidas necesarias que deben adoptar en materia fiscal y monetaria para no caer en alta inflación. Tampoco hay muchos interesados en ocupar el sillón del 5 piso del Ministerio de Economía.