"Expropiar Vicentin no es un fin en sí mismo, pero es difícil una propuesta superadora"
María de los Ángeles Sacnun es senadora por Santa Fe desde 2015, cuando no tardó en alistarse en el grupo de peronistas que por entonces protegían a Cristina Kirchner, a quien luego tuvo como compañera de banca.
Desde diciembre preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y en las últimas semanas respaldó la intervención del Gobierno en Vicentin, la cerealera de su provincia que se presentó en quiebra y dejó miles de acreedores sin cobrar, entre ellos al Banco Nación.
Pero ante el rechazo de la justicia, que ubicó como veedores a los interventores y tampoco aceptó la administración mixta propuesta por el gobernador Omar Perotti, la senadora no encuentra otras opciones que expropiar la compañía. De todos modos, en una entrevista con LPO, aclaró que es una decisión que todavía el presidente no tomó.
-¿Cuál será el objetivo de la bicameral investigadora de Vicentin?
-La ley busca llevar adelante un proceso de investigación que está dentro de los poderes implícitos del Congreso, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, en torno a la relación crediticia que hubo entre el Banco Nación y la empresa Vicentin Saic.
El Banco Nación es uno de sus principales acreedores, con 18500 millones de pesos; y esos créditos fueron otorgados en franca contraposición con lo que establece su normativa interna.
Aquí le cabe la responsabilidad a (Javier) González Fraga, en su carácter de presidente; y también a quien era presidente del Banco Central, Guido Sandleris, porque podría haber algún tipo de ocultamiento en la situación que presentaba la empresa al momento de entregarse los créditos.
El Senado aprobó la ley para investigar a Vicentin sin apoyo de Cambiemos
En noviembre se otorgaron 26 créditos a Vicentin, prácticamente uno por día, y en diciembre la empresa se presenta en cesación de pagos o stress financiero, por lo cual es inentendible cómo un mes antes no se constató su situación real.
Esto ha motivado que se inicien causas. En el país hay una denominada "Guido Sandleris y otros" sobre defraudación al Estado y al Banco. Pero hay otras en Paraguay y en New York. Porque hubo una triangulación por la exportación de soja a Paraguay y la posible comisión del delito de lavado de activos.
-La oposición del Senado denunció que la votación fue ilegal porque las comisiones especiales necesitan dos tercios. Y que no tiene sentido una bicameral porque hay un proceso de quiebra en la justicia, interviene la Sigen y una auditoría interna del Banco Nación.
-No hacía falta dos tercios porque eso corre para las resoluciones. Esto es un proyecto de ley. Por otro lado, Argentina tiene división de poderes y el legislativo tiene podres implícitos que están contenidos en la Constitución. Son los que les permite a los legisladores llevar adelante el sistema de peso y contrapeso con comisiones investigadoras.
De hecho, estas comisiones son históricas en Argentina. Tenemos antecedentes desde 1915 y 1918 en Diputados. Y la más importante a principios del siglo 20 fue la liderada por Lisandro de la Torre y Enzo Bordabehere, que era santafesino y fue asesinado en el recinto. Investigaban el monopolio del comercio de carne. Con las distancias del caso, hay similitudes con Vicentin, porque se estaba cuestionando el comercio interior de Argentina, la monopolización y extranjerización.
Recientemente hubo otras bicamerales investigadoras como la del hundimiento del submarino Ara San Juan, con lo cual no podemos resignar las facultades que tiene el Congreso para realizar este tipo de tareas que tienen que ver con la afectación del Estado por estafa, triangulación y la posible existencia de guaridas fiscales.
Pero también porque es un comercio estratégico para el país. Que se vincula, aunque quieran decir que no, con la democratización de la cadena alimentaria, con el acceso a alimento a precios justos y de calidad.
Sabemos que el mundo discute el acceso de alientos, la producción y la colocación, sobre todo después de la pandemia. Argentina tiene que plantearse esos objetivos, por eso es tan importante una comisión investigadora, que estará conformada por miembros de todas las fuerzas.
-¿Con la información que recolecten en la bicameral se podría avanzar en la ley de expropiación que anunció el presidente y nunca envió?
-Una cosa no está vinculada a la otra. Esto tiene que ver con los poderes implícitos que tiene la Cámara de Senadores y de Diputados de la NaciónEl juez rechazó la propuesta de Perotti y ratificó al directorio de Vicentín
Hay que escuchar al sector cooperativo, a las pymes de la provincia vinculadas al agro, a los pequeños y medianos productores y acopiadores que han sido parte de los perjudicados. Ni que hablar de los trabajadores que se ya se han expresado a favor de la intervención y de la expropiación.
-Pasados los 60 días de la intervención presidencial ¿Cuál sería el próximo paso?
-La propuesta de Santa Fe no tiene plazo. Sí el del DNU del presidente, que está dispuesto a escuchar. A ver: la expropiación no es un fin en sí mismo ni una modalidad sine qua non. Pueden existir otras propuestas. El presidente lo dijo.
Pero la verdad, como están dadas todas las condiciones, es difícil encontrar una propuesta superadora, cuando el juez lo que está haciendo es obturar la posibilidad de que la empresa esté intervenida y no se convierta en una cáscara vacía.
Tampoco queremos que el Estado se termine quedando con una empresa que no funcione, que oculte parte de su patrimonio, porque Fiar no figura en el concurso y es uno de sus activos más importantes.
Hay que mirar la integridad de la situación y el presidente evaluará cuál es la mejor salida ante esa actitud irreductible del juez de impedir a los interventores, tanto los propuestos por el DNU como los de Perotti.
- ¿Los productores y las cooperativas prefieren que expropie el Estado o participar de la empresa?
-Algunos están dialogando y están planteando la posibilidad de constituir una empresa mixta que le de participación al sector cooperativo. Pero hay distintas asociaciones. Fecofe sí apoya la expropiación.
Esta conducta del presidente y este diálogo con el Gobierno de la provincia de Santa Fe abre un período de negociación en torno a garantizar la continuidad de la empresa de la mejor manera posible.
Para nosotros es fundamental garantizar la operatoria de la empresa, evitar el desguace, preservar los puestos de trabajo y que no quiebre. Una parte muy importante de la economía de Santa Fe depende de ello. Estamos pensando en una empresa que garantice un mayor financiamiento a los pequeños y medianos productores y que genere confiabilidad.
Hoy ningún productor le entregaría un grano a Vicentin. Lo admiten sus dueños en reuniones con sectores de la economía provincial. No están recibiendo nada, porque están en cesación de pagos desde diciembre y hay muchos productores y acopiadores sin cobrar.
El mercado de granos no es perfecto. Hay una gran pulverización en torno a la cantidad de productores que entregan, es decir, la oferta. Pero en la demanda hay una concentración: son 10 exportadoras.
¿Quiénes son los responsables de la quiebra dentro de la empresa?
-Yo no califico personalmente a nadie, hablo de cómo se han comportado a través de sus negocios. Tampoco generalizo, porque desconozco las responsabilidades internas del directorio.
Entiendo que hay miembros del directorio y socios que claramente no están de acuerdo con el manejo que ha tenido la empresa. Han ocultado maliciosamente la calificación 4 que tenían ante el Banco Central para tomar 26 créditos en noviembre.
Han socavado la masa concursal al no declarar a Fiac, enajenaron parte de su paquete accionario con Gleencore, que generó el Discovery en New York, con su empresa más importante, Renova.
Han denunciado un activo y un pasivo que es prácticamente el mismo, cuando sabemos que hay empresas que no han sido declaradas en el concurso. Son maniobras elusivas para perjudicar al Estado, que es uno de los acreedores más importantes, con el Banco Nación. Un prejuicio que debe investigar la bicameral del Congreso.
-¿Por qué cree que aún así hubo una manifestación para rechazar la intervención?
-Hay sectores que uno comprende que pueden sentir identidad por los vínculos sociales y económicos que la empresa tiene en Avellaneda.
Y también hubo un acto opositor del Gobierno, encabezado por el intendente de esa localidad. Pero hay muchos que están de acuerdo con la intervención del Gobierno y de garantizar la continuidad de la empresa. Que no tienen confianza en este directorio que realizó todas las maniobras elusivas.
De hecho, trabajadores, cooperativas, acopiadores han planteado que sin la intervención del Gobierno la empresa hubiera quebrado y se hubiera producido un conflicto económico no sólo en Santa Fe, sino en Argentina.
Estamos hablando de una empresa estratégica: es la sexta exportadora y tiene una diversificación en sus grupos económicos importante. Tiene que seguir funcionando.