Un grupo con capacidad de bloquear la reestructuración de la deuda pide negociar directo con Alberto
El Grupo de Acreedores de Canje de 2005 y 2010 ("Exchange Bondholders Group") busca negociar directamente con la presidencia un acuerdo. Ellos, no solo quedaron disconformes con la propuesta del ministro por su cantidad sino que también dudan de que se consiga cerrar un acuerdo con su estrategia de negociación "unileteral", temor que es compartido públicamente por el resto de los bonistas.
Por eso, a horas de que se formalice el default de la deuda argentina, representantes de uno de los 18 fondos que integran el Grupo le hicieron saber a Santiago Cafiero que están dispuestos a negociar de buena fe y que con ese ánimo fue que el pasado 8 de mayo presentaron una contrapropuesta de reestructuración completa -sin quita de capital, un año de gracia y 4,97% de cupón promedio-.
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Además señalaron que están dispuestos a una mejora de la contrapropuesta y cerrar un acuerdo del orden de los 55 centavos de dólar de valor presente neto por dólar emitido (a una tasa de descuento del 10%) si la Presidencia se sienta a negociar directamente con ellos. En su opinión, esta cifra está dentro de los criterios de sustentabilidad de la economía argentina.
Esta oferta quedaría a solo siete centavos de los 48 que trascendió que el Gobierno estaría dispuesto a pagar. Con su contraoferta, el Grupo de Acreedores del Canje había marcado una valor presente neto de sus pretensiones más bajo que del grupo de Gramercy y Fintech, pero más alto que el de grupo Ad-Hoc de Acreedores, que incluye a BlackRock, Fidelity y Ashmore entre otros.
Este grupo nuclea a 18 fondos acreedores - entre los que figuran HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group- que poseen casi 4.000 millones de dólares de deuda argentina del Canje de 2005-2010. Con ese monto, tienen una posición de bloqueo (más del 15%) sobre los 24.000 millones de dólares de bonos PAR y DISCOUNT.
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En otras palabras, no acordar con ellos implica que fracase la negociación sobre un 35% de los casi 67.000 millones de dólares de deuda que el Gobierno quiere reestructurar. Mientras que un acuerdo con ellos podría ser el disparador para que acepten el resto de los acreedores. Hasta el momento han sido el grupo más cohesivo, al lado de las divergencias observadas al interior de los demás grupos.
Estos acreedores son los que vienen reclamando que el Gobierno complemente su oferta con un cupón PBI que dispare el pago de intereses del 2,5% nominal anual si la economía crece más del 3% y que se les respeten los términos contractuales ("indenture") de los bonos en su poder.
Como adelantó LPO en exclusiva, el Gobierno ya dijo que está dispuesto a darles este activo contingente porque lo consideran una "emisión marginal", pero insiste en que no cerrará un acuerdo que no sea sostenible.
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La letra chica de los Par y Discount es lo que les da actualmente el mayor poder de fuego en los tribunales de Nueva York, respecto de los otros tenedores, los que tienen bonos emitidos después de 2016 con requisitos más laxos para que se disparen las cláusulas de acción colectiva (CACs). De acuerdo a los prospectos de estos bonos, si el 85% de las acreencias no acepta la reestructuración, no se la puede aplicar. Por eso, teniendo más de 15% de los bonos, están en condiciones de hacer caer la propuesta de Guzmán para estos títulos.
Precisamente, ellos aceptaron las ofertas por del Canje de 2005 y 2010 gracias a las cláusulas que les daban garantías de que no iban a verse nuevamente perjudicados por un default argentino. En aquel entonces accedieron a una quita de prácticamente el 70% de sus acreencias.
Precisamente por eso, hacen hincapié en que ellos son dueños de "bonos K" y no de "bonos Macri" - los emitidos a partir del 2016 con CACs que requieren el 65% de las acreencias- y piden un trato diferencial que no estuvo contemplado en la propuesta de Guzmán. El grupo de Gramercy, por ejemplo, respaldó el pedido de que se les respete la letra chica (indenture) a estos bonistas.
Entre otras cosas, los bonos Par y Discount les permite a los bonistas iniciar un litigio por impago contra la Argentina durante los 10 años posteriores si se trata de un incumplimiento sobre el capital y de 5 años si se trata de intereses. Los bonos que Guzmán propuso darles les dan solo 5 y 2 años de margen de tiempo para litigar.