La Justicia santafesina asume competencias federales para investigar el lavado
Con el avance de la megacausa de estafa inmobiliaria ocurrida en Rosario en 2017 como caso testigo, los cortesanos sentaron un precedente trascendental en las causas donde se investiga el blanqueo de dinero en la Provincia.
[Una megacausa de lavado conmueve al establishment de Rosario]
El fallo, unánime, reconoce que no existe ningún tipo de objeción para la continuidad de las tareas llevadas adelante por la justicia local en la materia y ratifica que el fuero federal "debe ser la excepción".
Para los fiscales, se trata de un cambio de paradigma que puede viabilizar de manera más eficaz no solamente el origen de la obtención del dinero ilícito sino también las diversas maniobras hasta alcanzar que un bien económico pase al circuito legal.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe junto al gobernador Omar Perotti en el acto de inauguración del año judicial 2020
Más aun, cuando se trata de movimientos económicos generados en determinadas regiones de la Provincia, un modus operandi habitual de las bandas dedicadas al blanqueo de dinero que proviene no solo del narcotráfico sino también de la comercialización de granos u otras actividades lícitas.
Por otro lado, agentes judiciales reconocen que "profundizar la hoja de ruta de la investigación, abre la posibilidad de desentrañar la procedencia y el uso final de los bienes, en su mayoría inmuebles, campos y rodados, y en menor escala valores y títulos del mercado financiero".
De igual manera, seguir la "pista local" de los presuntos delitos pareciera ser una tarea más accesible para los integrantes de la justicia provincial.
En diálogo con LPO, el fiscal Sebastián Narvaja, se mostró "muy contento y conforme con el fallo; es una posibilidad cierta de dejar de tirarse la pelota entre el fuero local y el federal y lograr algo que se encuentra pendiente en el país y es que existan verdaderas condenas por lavado de dinero".
Según especialistas, el fallo de la Corte podría a su vez "obligar" al estado provincial a dinamizar de manera más frecuente las herramientas que actualmente posee respecto a la política contra lavado de activos, si bien existen organismos que notifican sobre operaciones consideradas "sospechosas" al ámbito judicial.
"Decisiones como esta podrían obligar a los estados provinciales a comprometerse más al respecto", subrayó el fiscal Narvaja.
A pesar de ser un reclamo de vieja data, el pronunciamiento de la Corte Suprema de la Provincia surge luego de la primera intervención en la materia. Paradójicamente, se correspondió con el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa de uno de los acusados de la megacausa en Rosario, que buscaba justamente el traspaso de la investigación al profundo letargo de la competencia federal.