Preocupa en el Congreso la demora de Alberto en enviar la reforma judicial
"No sabemos nada. Pregúntale a Campagnoli", responde, molesto, un diputado del Frente de Todos interesado en conocer la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández, pero sin un solo dato.
Escuchó al presidente Alberto Fernández prometer "nuevas jurisdicciones" en su última entrevista en televisión, pero la ministra de Justicia, Marcela Losardo, no supo dar definiciones en una entrevista con Página 12. Sólo admitió que "es posible" descentralizar los juzgados federales de Cómodoro Py, en cuyas 12 oficinas se tratan las causas por corrupción de cada Gobierno.
Según versiones nunca confirmadas, el plan de Alberto es sumar juzgados federales para restarles poder a la docena de magistrados más poderosos del país. Se trata de un viejo plan de Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos y mano derecha del presidente, que consiste en "federalizar" parte de la justicia penal ordinaria de Capital Federal.
El mayor ruido en el kirchnerismo es que uno de sus asesores es el fiscal José María Campagnoli, el mismo que impulsó una causa contra Lázaro Báez en 2014 que casi le cuesta su cargo. El plan además tiene otro riesgo para la actual coalición de Gobierno: La mayoría de los jueces de la Ciudad son muy cercanos a Macri. "Vamos a terminar metiendo al lobo, porque nos enojamos con los perros", explicó a LPO un experimentado operador judicial del peronismo.
Campagnoli es parte de ese sector d ela justicia porteña fuertemente anti peronista. Hace diez años fue subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Justicia, a cargo de Béliz, quien llevó a su gabinete al grupo de fiscales recordados como "Los Centauros", como Norberto Quantin y Pablo Lanusse.
Los fiscales Saenz y Campagnoli.
Algunas fuentes kirchneristas negaron a LPO que Campagnoli este trabajado junto a Béliz porque en estos días estaría disfrutando de sus vacaciones, pero no ocultaron su inquietud. "¿Acaso vamos a tener que leer el proyecto en dos días y aprobarlo? Si es así, tendrá cambios", aclararon.
La urgencia de desbaratar Comodoro Py tampoco está clara, porque la mayoría de los jueces conflictivos está en retirada, a excepción de Claudio Bonadío, y perderán peso si se aprueba el sistema acusatorio que le da más poder a los fiscales en la investigación.
Además, hay cuatro Cámaras vacantes que Alberto podría cubrir y tener un control pleno del fuero federal, tal como funciona ahora. En el Ministerio Público también esperan una ola de jubilaciones masivas, aunque mucho dependerá de la suerte que tenga en el Senado Daniel Rafecas, candidato a procurador general, el jefe de los fiscales.
En el Congreso el oficialismo lamenta la falta de información del Ejecutivo, después de haber logrado un funcionamiento monolítico, que hasta le permitió a Cristina Kirchner y Sergio Massa firmar resoluciones conjuntas para congelarse los salarios y restringir la planta política de ambas Cámaras. No hay antecedentes de semejante coordinación.
El Gobierno intenta cerrar la ley de Vaca Muerta en medio de tensiones cruzadas
Massa pasó todo el mes en su despacho dispuesto a sesionar cuando sea, pero como los proyectos no llegaron la fecha estimada para abrir el recinto es el 29 de enero o el 5 de febrero, para tratar temas de gran densidad como la reforma judicial y la ley de Vaca Muerta que Alberto también prometió y nunca envió. Tampoco llegó la eliminación de las jubilaciones de privilegio para magistrados y diplomáticos anunciada en diciembre por el presidente.
La demora en este caso no es casual. Desde los tribunales ya avisaron a la Casa Rosada que se sintieron "usados" para desviar la bronca de la gente por la baja de las jubilaciones y están dispuestos a trabar judicialmente la reforma judicial sino se aborda el tema de sus jubilaciones de manera consensuada. "Podemos aceptar que nos lleven la edad mínima a 65 años, pero no cualquier cosa", avisaron a LPO.
Los diputados de Cambiemos, Torello, Ritondo, Zuvic y Carrió.
La misma inquietud existe en la oposición donde temen un "desguace" de la justicia federal, decididos a resistir como en 2013, cuando no pudieron impedir una reforma de Cristina Kirchner finalmente sancionada, con varios artículos declarados inconstitucionales.
También hay preocupación entre los bloques aliados del gobierno en Diputados, que en diciembre le garantizaron la emergencia económica. "No podemos quedar como socios de una apropiación de la justicia. Tienen que pensar bien cómo lo presentan", advirtió el referente de una de esas bancadas a LPO.
Muchos legisladores actuales, después de la experiencia de la ley de emergencia económica, repiten que una reforma judicial requiere consensos amplios que acobarde a los jueces de todo el país. Y por ahora no tienen un proyecto concreto para empezar a buscar aliados.