Sobreseyeron a Máximo y Wado de Pedro en la causa por aportes ilegales a las campañas
La jueza federal María Servini sobreseyó a los jefes de La Cámpora, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Andrés Larroque, en una causa en la que se investigaban supuestos aportes ilegales a las campañas electorales del kirchnerismo, una investigación surgida a partir de la causa de los cuadernos.
El fallo es consecuencia del dictamen realizado por el fiscal Jorge Di Lello, que el 25 de octubre pidió sobreseer a los involucrados al cuestionar errores en el seguimiento de las reglas procesales vigentes.
"Teniendo en consideración los argumentos esgrimidos por el Representante del Ministerio Publico Fiscal y habida cuenta que el procedimiento establecido por el Código Electoral Nacional le asigna la titularidad de la instrucción al nombrado, no hay elementos en las presentes actuaciones que permitan imputar determinado incumplimiento", expuso Servini.
En esta causa también estaban involucrados el ex secretario de Justicia Julián Álvarez, el ex diputado bonaerense José Ottavis, los ex intendentes Enrique "Japonés" García (Vicente López) y Ricardo Ivoskus (San Martín), y el empresario Sergio Szpolski.
Se trata de una investigación comenzó en manos del juez Claudio Bonadio cuando detectó que algunos empresarios que habrían pagado sobornos en el caso "Cuadernos" también, supuestamente, aseguraron haber aportado fondos para financiar a la agrupación La Cámpora.
Servini intervino como jueza federal con competencia electoral y concluyó que ante la falta de acusación fiscal no puede avanzar en la investigación.
En su dictamen el fiscal cuestionó la validez de las declaraciones de los arrepentidos del caso central que lleva el juez Bonadio porque no fueron filmadas y criticó la validez probatoria de los escritos del también imputado colaborador Centeno.
"En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes", sostuvo Di Lello en ese dictamen.
Esta parte del caso se abrió por dichos del arrepentido ex secretario de Obra Pública José López, quien aludió a presuntas entregas de dinero para campañas electorales y nombró a los ahora sobreseídos. Para la fiscalía esta declaración no fue válida porque "no quedó registrada en ningún medio idóneo".