San Luis

Denunciaron a los Rodríguez Saá por usar fondos públicos para la campaña

La oposición los acusa por la entrega de un subsidio de 80 millones a una fundación de la esposa de Adolfo, y otros 50 millones a una cercana a Alberto.

La oposición de San Luis denunció por asociación ilícita y lavado de activosa los hermanos Alberto y Adolfo Rodriguez Saá a raíz de la presunta entrega irregular de subsidios por 130 millones de pesos, que se sospecha terminaron siendo usados en la campaña.

La denuncia fue realizada por el candidato a gobernador de Cambiemos, Claudio Poggi, a menos de dos semanas de las elecciones en las que se enfrentará a los hermanos Rodríguez Saá con la particularidad de que por primera vez se presentarán por separado.

La investigación principal apunta a la entrega de un subsidio de 80 millones de pesos por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá a la Fundación Mujeres Puntanas que dirige su cuñada, Gisela Vartalitis, en septiembre de 2017, según informó el portal El Chorrillero. Eso fue 40 días antes de las elecciones en las que Adolfo encabezó la lista del peronismo puntano y ganó una banca en el Senado.

A esto se agregó un nuevo hecho que implicó la entrega de otros 50 millones, esta vez a laFundación Sol Puntano, ligada a Alberto Rodríguez Saá, para la elección de este año. En la oposición creen que esos fondos fueron utilizados para financiar la campaña electoral, en la que actual gobernador fue candidato a senador suplente.

La oposición también presentó un informe de auditores de la Cámara Electoral Nacional que sostiene que los líderes del Frente Unidad Justicialista incurrieron en 2017 "en prácticas clientelares con el fin de captar votos y favorecer a los candidatos a senadores". En el informe, se agrega que el frente "recibió indirectamente subsidios en plena campaña electoral y con ellos financió la compra de bienes e insumos para luego entregarlos a los posibles votantes".

Poggi junto a su candidato a vice, Enrique Ponce, reclamaron a la justicia electoral "celeridad" en la causa por los 80 millones, que ya lleva casi dos años. Además, solicitaron la aplicación de todas las sanciones previstas por las violaciones a las leyes de Financiamiento Electoral cometidas por el Frente Justicialista en las elecciones del 2017.