López Obrador filtró los pagos a periodistas durante el gobierno de Peña Nieto y desató un escándalo
El gobierno de Andres Manuel López Obrador divulgó el listado de los principales periodistas favorecidos con presupuesto de publicidad oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto y desató un escándalo mayúsculo en el periodismo de México.
Según publicó el diario Reforma, fueron 36 los comunicadores más favorecidos que se repartieron la suma de 1.081 millones de pesos mexicanos durante la gestión del anterior presidente del PRI.
El más beneficiado fue el conocido comunicador Joaquín López Doriga, cuyas empresas facturaron 251 millones de pesos a lo largo del sexenio. El dato no sorprende, el periodista fue uno de los grandes impulsores de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y durante toda la administración tenía encuentros quincenales a solas con el presidente para comentar el rumbo del país.
La relación con la cúpula del gobierno se enfrió cuando el periodista fue eyectado del horario central de Televisa luego que María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, denunciara que el presentador había intentado extorsionarla, amenzándola con boicotear con denunciar públicas un mega desarrollo inmobiliario en Polanco, en la exclusiva calle Rubén Darío frente a los bosques de Chapultepec.
Otro de los beneficiados fue el polémico Federico Arreola, titular del portal SDP (firma cuyo 50% pertenece a Televisa), quien recibió aproximadamente 300 millones de pesos. A lo largo del sexenio Arreola construyó una relación estrecha con Alejandra Lagunes, encargada de Estrategia Digital de Los Pinos -sede del gobierno mexicano- y una de las personas más cercanas a Peña Nieto.
Alejandra Lagunes, actual senadora y ex jefa de estrategia de digital de Peña Nieto.
Lagunes, actualmente senadora, solía decir en reuniones privadas que ella tenía fuerte control sobre el contenido de SDP. El oficialismo del portal permanece inamovible con el cambio de administración: por estos días Arreola exhibe un estilo de fuerte respaldo a la 4T (así llaman en México a la Cuarta Transformación que dice encabezar López Obrador) y cuestiona con dureza a quienes critican al Gobierno. Su inclusión en el listado puso en crisis el híper oficialismo de Arreola que indignado acusó de "parásitos" a los que aconsejaron a López Obrador difundir la lista de dinero que recibían periodistas, que en su mayoría son críticos de su gestión.
Pero acaso la polémica con los columnistas estrellas que quedaron expuestos es apenas la punta del iceberg de un escándalo mayúsculo: La presunta utilización de Lagunes del presupuesto de publicidad oficial para financiar una red de sitios de internet afines, que podría extenderse a franquicias de marcas internacionales como Huffington Post y BuzzFeed, que luego que terminó el sexenio d ePeña Nieto cerraron de un día para el otro sus ediciones mexicanas dejando a decenas de periodistas en la calle y acaso confirmando las presunciones de los que sostenían que eran sitios edificados en torno a la pauta oficial.
Y no sólo eso, Lagunes, una ex gerenta de Google, es acusada por el partido de López Obrador de manejar el ejército de trolls que diariamente ridiculizan al presidente en las redes, en una operación que en su momento incluyó a la cuestionada consultora Camridge Analytics. En los equipos de actual gobierno sostienen que Lagunes tenía una sociedad de hecho con varios portales, muchos de los cuales ahora empezaron a retirarse del mercado.
El caso más elocuente fue el de Cultura Colectiva, con despidos masivos y una denuncia por robo de datos de sus usuarios a través de Facebook. En paralelo aparecen casos de periodistas con portales de muy baja penetración pero buena facturación. Ejemplos: Adela Micha cobró 24 millones de pesos, Jorge Fernández Menéndez 19 millones de pesos y Eduardo Ruiz Healy 4 millones de pesos.
Es particularmente llamativo el caso de Pablo Hiriart, directivo de El Financiero. En sus textos predica la ortodoxia económica desde el Estado, la necesidad de reformas pro mercado y pro competencia y las virtudes del esquema neoliberal. Sin embargo él mismo, desde un portal que casi no tiene tráfico, según datos de ComScore, le facturó al erario mexicano 22 millones de pesos.
Como sea, el escándalo abrió un nuevo frente entre la prensa y López Obrador, quien este viernes tuvo que aclarar que su gobierno no había difundido los datos.
"Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos. Esto tuvo que ver con otras dependencias", afirmó el presidente en su conferencia matutina, aunque no quedó claro a qué dependencia se refería.
Explicó que la información fue entregada solamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por una solicitud ciudadana. Sin embargo, este organismo salió rápido a despegarse de la filtración, al asegurar que su trabajo sobre esa solicitud no estaba terminado, y que todavía no había ningún reporte listo para su difusión.
Por otro lado, llamó la atención que la información difundida sólo apuntara a líderes de opinión críticos del actual Gobierno y no incluyera la pauta que se invirtió en grandes medios como El Universal, Milenio, Televisa y TV Azteca, ahora cercanos a López Obrador. "¿Por qué no se dan a conocer las cantidades verdaderamente grandes que recibieron los demás medios de información, también en su calidad de empresas?", se preguntó Arreola en su furiosa columna publicada horas después de que se diera a conocer la lista que lo incluía entre los beneficiados.
En el mismo tono fue Daniel Moreno, director del sitio Animal Político, se preguntó: "¿Por qué decidieron excluir a los principales medios que recibieron publicidad? Los periodistas y medios señalados representamos alrededor del 2.5% del total de la publicidad oficial con Enrique Peña Nieto".
En la conferencia de prensa de este viernes con López Obrador, se abordó el tema. Un reportero señaló que parecería que la manera en que se hizo dicha lista fue discriminatoria, pues solo se evidenció a medios propiedad de periodistas, pero se dejó fuera a otros como La Jornada, o Proceso, cercanos al actual gobierno.
López Obrador contestó que la solicitud de información solo estaba dirigida a saber los nombres de los columnistas pero que esa petición de información más amplia que le estaban planteando "se puede resolver".