Macrinomics: la ortodoxia que no fue
Uno de los objetivos de la administración actual había sido convertirse en la antítesis de la anterior. En este sentido, el establecimiento de reglas de juego claras tenía un papel preponderante. Sin embargo, las medidas tomadas durante las últimas semanas demostraron, nuevamente, lo contrario.
En primer lugar, la reducción del ajuste del piso y el techo de la zona de no intervención a 1,75% a partir del 1° de abril -que no duró más que hasta el 16 de abril-. Esto probablemente hubiera generado expectativas de apreciación del tipo de cambio real y dañado la competitividad de las exportaciones. En consecuencia, podría perjudicar el saldo de la balanza comercial en un contexto de gran necesidad de moneda extranjera y desaceleración del crecimiento global y de China.
En segundo lugar, la fijación de una tasa de interés mínima de 62,5% para el mes corriente. El esquema de agregados monetarios supone que el Banco Central fija la cantidad de dinero y su precio, es decir, la tasa de interés, la determina el mercado. Por consiguiente, esta disposición es contradictoria en pos de disminuir la volatilidad en el mercado de cambios.
En tercer lugar, el congelamiento desde el 16 de abril de la zona de no intervención hasta fin de 2019. Esta última tendrá un límite superior de $51,45 y no contará con uno inferior dado que la autoridad monetaria aseguró que no comprará divisas si el dólar bajara del piso de $39,76 como se había comprometido a hacerlo en los meses previos.
De esta manera, resulta clara la intención de Sandleris de utilizar indirectamente el dólar como ancla nominal para frenar la inflación, algo que el FMI no le permite hacer de manera directa.
En cuarto lugar, acuerdos de precios y suspensión de aumentos tarifarios, entre otros. Los primeros podrían desincentivar la producción y provocar desabastecimiento. La segunda, tendría un costo de $9.000 millones en un año en el que se debería alcanzar el equilibrio fiscal. De acuerdo con esto, el sendero de superávit primario propuesto por el gobierno se encuentra en jaque y el retorno a los mercados internacionales de crédito transformado en utopía.
Mirando hacia 2020, las fuentes de financiamiento del Tesoro (excluyendo Letes) dependerían en un 22% del FMI. En cambio, en 2019 esta participación sería del 63%. Entonces, la sostenibilidad de la deuda del próximo año quedaría supeditada, en gran medida, al mercado interno. No obstante, la percepción del riesgo es creciente, manifestada en la inversión de la curva de los bonos soberanos en dólares y en el Riesgo País que ya ronda los 850 puntos básicos, bastante por encima del promedio de emergentes.
En definitiva, los anuncios cortoplacistas y populistas son los mejores amigos de los políticos argentinos y más aún en tiempos de crisis. El largo plazo quedará para después, una vez finalizada la recesión y, por supuesto, las elecciones.