Verdes y celestes rechazan los artículos sobre el aborto del nuevo Código Penal
Como anticipó LPO, el debate por el aborto complicará el tratamiento del Código Penal enviado por Mauricio Macri al Senado con la expectativa de aprobarlo antes de terminar su mandato.
Los artículos sobre la interrupción del embarazo no conformaron ni a la Campaña por el derecho al aborto legal ni a sus rivales del Frente Joven, brazo intelectual de Unidad Provida. Y ambos anticiparon que volverán a las calles como durante 5 meses de 2018, cuando un proyecto para autorizar la práctica fue aprobado en Diputados y rechazado en el Senado.
Para ese entonces, el Código ya estaba redactado por la comisión presidida por el camarista Mariano Borinsky, que se apartó de aquel debate parlamentario y adaptó a la redacción del texto de 1921 el fallo Fal, con el que la Corte Suprema autorizó el aborto ante el riesgo de vida, violación o demencia.
La única modificación es que la pena a la mujer es de hasta 3 años de prisión y por lo tanto es excarcelable. No así para los médicos, condenados con hasta 4 años tras las rejas si el aborto es consentido por la paciente, insuficiente para conformar a los celestes.
"Sería más grave para el Estado robar animales que eliminar a una persona por nacer", protestaron desde el Frente Joven y reclamaron "respetar el principio de proporcionalidad de penas" en un comunicado titulado: "El Gobierno quiere una legalización de hecho del aborto".
Los provida cuestionan además la adaptación del fallo Fal, por "retirar los límites respecto de la edad gestacional en la no punibilidad por abuso sexual".
"Se permitiría acabar con todo embarazo producto de un abuso sexual con una mera declaración jurada y sin denuncia en sede judicial, lo que desalienta el deber del Estado de actuar ante violaciones en el ámbito intrafamiliar", acusaron. Y consideraron una "ampliación vaga" la incorporación de la "salud mental" como causal de aborto no punible.
El texto deja margen a interpretaciones porque declara el aborto no punible cuando peligra "la vida o la salud mental" de la madre, o sea, reemplaza esa definición por la de mujeres "dementes o idiotas" del viejo Código.
El Frente Joven, además, se plantó en la vereda de enfrente del Gobierno y lo acusó de intentar ocultar "problemas acuciantes, como el creciente número de personas en la pobreza, y más aún jóvenes y niños".
Los verdes salieron con los tapones de punta y en su comunicado pidieron no hablar de una "despenalización" por evitar la prisión a las mujeres que interrumpen el embarazo, "porque deberán hacerlo en la clandestinidad, de forma insegura y sin acompañamiento, lo que profundizará las diferencias socioeconómicas entre quienes puedan pagar una práctica en condiciones más seguras y quienes no".
Pero más se molestaron con el artículo 86 del nuevo Código, que aleja la legalización del aborto al imponer penas hasta 10 años de prisión o 15 si la mujer muriera a médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos "que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo". Y por si fuera poco, quedarán inhabilitados por el doble de tiempo para ejercer, o sea, no será fácil que alguno se arriesgue a interrumpir un embarazo.
Como cada año, la Campaña presentó su proyecto de IVE, con una versión más radical que el texto pulido y aprobado en Diputados en el último invierno y la incorporación de artículos de la ley de educación sexual integral que rechazan los celestes.
El nuevo Código Penal aún no tiene una hoja de ruta en el Senado y el miércoles Marcos Peña, en su informe de gestión, les pidió a los legisladores iniciar el debate cuanto antes.
En agosto, el jefe de Gabinete decidió enviarlo a esa Cámara por pedido de los diputados de Cambiemos que habían apoyado el aborto y sabían que ese tema empantanaría el debate, como finamente sucedió.
Si bien ninguna fuerza política quiere dividir sus militantes en un año electoral, la militancia a favor y en contra del aborto ya empezó a puntear listas de candidatos, con la expectativa de retomar la pelea en 2020, tal vez junto al Código Penal, que por ahora ningún legislador quiere discutir en voz alta.