Habrá audiencias públicas para definir si los chicos de 15 años pueden ir presos
La nueva ley de responsabilidad penal juvenil que baja de 16 a 15 la edad de imputabilidad será debatida en audiencias públicas en la Cámara de Diputados, con la exposición de especialistas y actores sociales interesados en la temática.
Fue una decisión de la radical Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que junto a las de Familia y Presupuesto coordinarán los plenarios que se realizarán los martes de 10 a 17 y los jueves de 9 a 13. Serían entre 8 y 9 y el primer invitado será Ricardo Gil Lavedra, coordinador general del programa Justicia 2020 y partícipe en la redacción del texto.
Habrá discursos sobre "las respuestas no tradicionales con participación de la víctima, de la como unidad y exposición de técnicos; la justicia especializada, la capacitación de los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad".
Y también de "la edad mínima de responsabilidad penal, la respuesta a los inimputables, la duración del proceso, la revisión, la prescripción; las medidas cautelares y sanciones, las condiciones de detención, el monitoreo, implementación del sistema, articulaciones sistémicas y la conformación de los equipos disciplinarios; y el impacto presupuestario".
La ley reemplaza el régimen de minoridad implementado por el último gobierno militar e implementa medidas socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
Uno de los artículos propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
Claro que ningún debate atrae más que la edad de imputabilidad, que será de 15 años sólo para delitos penados con más de quince años de prisión. Horacio Pietragalla, del kirchnerismo, anticipó que su bloque no lo considera oportuno. "No estamos en un escenario donde este Gobierno respete los derechos humanos. Hay una recomendación de UNICEF que dice que este tipo de políticas no se tienen que debatir en años electorales".
"Yo no sé si leyó el proyecto diputado, pero si este Congreso dice que la edad de imputabilidad no baja, no bajará", minimizó Burgos, para aclarar que el proyecto es más amplió que esas cifras.
"Es el tema más controvertido y si no hay mayoría, no se bajara", aportó un rato más tarde Silvia Lospennato, pero recordó que en Uruguay la edad es de 13 años, "y eso no lo hace un país menos democrático". En Venezuela y Costa Rica es de 12 años.
"Ojalá podamos arribar a la construcción de un consenso que nos permita tener una norma que reemplace a este decreto de la dictadura que se encuentra vigente. La situación de nuestros niños y adolescentes en conflicto con la ley penal no puede ser peor", aportó la presidenta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez.