Gestiones del PJ y el kirchnerismo para eliminar el decreto de extinción de dominio
El diputado kirchnerista Marcos Cleri convocó para miércoles a las 10.30 a la bicameral de trámite legislativo para debatir los tres primeros decretos de necesidad de urgencia firmados por Macri en enero, entre ellos la extinción de dominio, que habilita a la justicia civil a expropiar bienes que puedan haber sido adquiridos con fondos de la corrupción o el narcotráfico.
Los dictámenes no son vinculantes, porque los DNU sólo pierden vigencia si las dos Cámaras del recinto votan en contra, pero una unidad opositora que firme el rechazo siempre abre las puertas a ese escenario. Cambiemos iguala en cantidad de representantes a la oposición, si hay empate define Cleri y por lo tanto necesita captar algún rival para imponerse.
Sus operadores habían puesto las fichas en la salteña María Fiore de Viñuales, aliada de Juan Manuel Urtubey e integrante del interbloque federal, una sociedad de legisladores que suelen ser dialoguistas con el Gobierno, como su coterráneo Juan Carlos Romero, los neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann, un oficialista más.
Pero la senadora confirmó hoy que no estará en Buenos Aires esta semana y en tal caso podría ser reemplazada por alguno de sus compañeros de bancada. "Su lugar es de todos y ellos van a decidir", confirmaron a LPO desde su entorno. Peronistas y kirchneristas temían que sea sustituida por algún senador funcional al Gobierno y evaluaban una maniobra para posponer la reunión hasta el miércoles 20. O si no era preferible vaciar el quorum.
Ambos bloques aprobaron en agosto en el Senado una versión suavizada de la ley de extinción de dominio, pulida por Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta. La redacción habilita a un juez penal a expropiar bienes mal habidos como parte de un proceso civil, pero no se aplicaría de modo retroactivo.
Fue respaldada por Fiore y por Romero, de quien más sospechan en el resto del peronismo sobre un guiño a Macri. Al menos este lunes no tenía previsto abandonar su residencia de Cafayate.
En el DNU, Macri calcó el proyecto que había aprobado en Diputados, que habilita a un juez civil a incautar casas y autos de quienes no puedan justificar los fondos obtenidos para comprarlos. La Cámara baja no lo ratificó en noviembre porque muchos radicales no estaban de acuerdo, aunque ninguno se animó a reconocerlo y menos cuando el presidente los reprendió ni bien volvió de vacaciones.
En el Gobierno creen que es un tema ideal para plantear en la opinión púbica y hasta evalúan abrir el recinto la semana que viene para tratarlo. Por ahora en ambas Cámaras no hay voluntad de sesionar y ni siquiera están confirmadas las extraordinarias.
Al PJ lo representan en la bicameral de decretos por el Senado Guillermo Snopek (jujeño y cercano a Pichetto), la formoseña María Teresa González y el pampeano Daniel Lovera, estos dos último hostiles con la Casa Rosada como sus jefes. También el diputado entrerriano Juan Bahilo.
El kirchnerismo cuenta con la senadora Anabel Fernández Sagasti y los diputados Máximo Kirchner y Cleri, un trío que siempre firma un dictamen de rechazo pero trata de no quedar aislado y si el resto de la oposición redacta un despacho, agregan sus nombres al final.
El rosarino había demorado la convocatoria de la bicameral hasta debatir en una reunión de su bloque qué postura tomar, pero se apresuró a llamarla el viernes por la noche y se ganó varios reproches cuando Fiore avisó que no llegaba. Incluyó otros dos DNU polémicos: el que baja los impuestos internos y el que habilita a licitar las frecuencias de Arsat, la empresa satelital del Estado.
Como relató LPO, ese decreto copia un artículo de la ley corta de telecomunicaciones congelada en Diputados cuando el peronismo intentó modificarla en noviembre y generó un revuelo entre las telefónicas, que sospechan de una maniobra del Gobierno para digitar frecuencias. La oposición puede impedirla. Si se une en la comisión y, sobre todo, en el recinto.