Diputados

El proyecto anti barras pena con prisión a los dirigentes cómplices

Sufrían hasta 8 años si participan de venta de entradas falsas y 4 si ayudan a entrar a grupos violentos. Sanciones a trapitos y cárcel a cuidacoches. El jueves en Diputados.

El Gobierno envió esta tarde el proyecto para combatir la violencia en el fútbol que el jueves comenzaría a debatir en la Cámara de Diputados y no faltarán alusiones a la postergada final de la Copa Libertadores entre Boca y River.

Es que uno de los artículos prevé penas de hasta 8 años de prisión a los organizadores que sean involucrados en la venta de entradas falsas y de 4 si facilitan el acceso de barras bravas, definidos como asociaciones de tres personas destinadas a cometer "con habitualidad" delitos en espectáculos futbolísticos. Para que no queden dudas, identifica los eventos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Conmebol y la FIFA.

Cambiemos quiere tratar la ley el jueves en Diputados para sancionarla la otra semana en el Senado, donde la oposición congeló una ley similar.

La escala de delitos está ideada para que ninguno sea excarcelable fácilmente, un planteo frecuente en la Cámara de Diputados desde que en 2016 penaron con 4 años de prisión a los organizadores de carreras de galgos.

Los hinchas que porten armas blancas tendrán penas de hasta 6 años, 10 si son de fuego y 8 si "introdujere, guardare o portare elementos inflamables, asfixiantes", como el recordado gas pimienta que hace tres años obligó a suspender el Boca- River de la Copa Libertadores de 2015. Los cuidacoches serán penados con 5 años si exigieran dinero, una pena similar por violar un derecho de admisión. 

Cambiemos quiere debatirlo el jueves en sesión de Diputados, pero antes necesita un dictamen de comisión y lo tendría el martes o miércoles. Será necesario un respaldo de la oposición para alcanzar la mayoría.

El clima post Boca-River pareciera allanar el camino, aun cuando una ley similar fue cajoneada en el Senado, porque el justicialismo tenía algunas dudas. La principal y muy frecuente en la Cámara alta: la alteración de las autonomías de las provincias, facultadas a legislar sobre los procedimientos penales.