Negocian una ley para que haya juicio por jurados en delitos graves
La Cámara de Diputados discutirá el miércoles una ley para aplicar el juicio por jurados en casos que contemplen delitos con penas mayores a 8 años de prisión.
El borrador fue trabajado por Gabriela Burgos, diputada de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación Penal, que el miércoles se reunirá en plenario con Presupuesto y Hacienda y Justicia en busca de un dictamen.
Burgos ya negoció un texto con la oposición y si hay para avanzar intentará debatirlo en la sesión del 21 de noviembre, cuando Emilio Monzó abrirá el recinto por última vez para aprobar las últimas leyes exigidas por Mauricio Macri y proyectos pendientes que no molesten demasiado.
El juicio por jurado está garantizado en la Constitución, pero sólo se aplica en algunas provincias y con diferentes metodologías, porque no hay una ley nacional que lo regule.
El borrador redactado en la Comisión de Legislación Penal, que hace quince días realizó una reunión informativa con especialistas, propone un jurado de 12 miembros, con veredictos unánimes y sólo si las penas son menores a 8 años de cárcel los acusados podrían optar por un Tribunal de jueces.
Como se trata de una obligación constitucional, los diputados que estudiaron el tema consideran que una regulación nacional no vulnera autonomías provinciales.
No es un dato menor, porque delitos federales con penas graves no son tantos y por lo tanto la ley perdería sentido si no se aplica por igual en cada rincón del país. El ministro de Justicia Germán Garavano respalda, aunque tiene algunas diferencias que intentará saldar en estos días.
La primera reunión para acercar posiciones será este martes y entre asesores, pero todos los bloques tienen proyectos similares y el último texto consensuado toma fragmentos de cada uno.
La única presión extra, cuando no, la aporta Elisa Carrió, que pide incluir el jurado en delitos por corrupción, aun cuando no contemplen muchos años de prisión.
Su pretensión complica la negociación con el kirchnerismo, que tendría una mayoría de diputados a favor. En el massismo también hay más voces que acompañan y Argentina Federal, el bloque de los gobernadores, sigue de cerca cada facultad de las provincias que pueda ser alterada. Lo debatirán entre ellos el miércoles, antes de ir al plenario.
Los referentes de Cambiemos no imaginan nada sencillo que la ley pueda tratarse el 21, pero tampoco la ven fácil para 2019, cuando el Gobierno promoverá leyes de mano dura que no dejarán margen para negociar causas nobles con la oposición. Este mes es ideal.