No es solo amor, es trabajo no remunerado
El pasado jueves en la Legislatura porteña, se sancionó una ley que amplía licencias para las trabajadoras y trabajadores del Estado de la Ciudad. Por unanimidad se incorporó en la ley un debate nuclear que el feminismo plantea en sus reivindicaciones: la democratización de las tareas de cuidado, y la actualización legislativa de los convenios colectivos de trabajo en función de ello.
En el caso del gremio docente, las licencias que se incorporan al Estatuto son la ampliación de la licencia para las personas no gestantes (antes, licencia parental), la licencia por fertilización médicamente asistida, las licencias para exámenes médicos de prevención de cáncer mamario y prostático y la ampliación de licencia por violencia de género (con posibilidad de prórroga según la gravedad del caso). La modificación de la terminología de la licencia parental a la licencia para personas no gestantes también da cuenta de los tiempos que corren; esto implica que la persona que no gesta puede ser un varón pero también puede ser una mujer, en caso de parejas homoparentales. De este modo, convenio colectivo de trabajo se actualiza a los debates de diversidad sexual, y no discriminación de la Comunidad LGByT, y a la Ley nacional de matrimonio igualitario sancionada en el año 2010.
A su vez, es importante mencionar, que cada vez que una docente quería hacerse un análisis preventivo de cáncer mamario, debía tomarse una licencia 70 T (razones particulares), lo cual le generaba un descuento salarial de mil pesos, aproximadamente. Si las Campañas internacionales contra el cáncer mamario promocionan los exámenes preventivos en las mujeres, esta situación, distaba mucho de generar las condiciones para ello. Por último, con la incorporación de la licencia por fertilización médicamente asistida, la garantía de tratamiento que le otorga a las docentes la ley nacional sancionada en el 2013, y consecuentemente las obras sociales, puede ser más efectiva en tanto las trabajadoras pueda tomarse días de reposo aquellos días de tratamientos hormonales.
La democratización de las tareas de cuidado es una demanda que el feminismo en alianza con sectores del sindicalismo viene planteando, y que visualiza mucho más cada 8 de marzo de los últimos años. Se calcula que las mujeres trabajamos 3 horas diarias más de nuestra jornada laboral formal en tareas vinculadas al cuidado de la casa, de los hijos/as, y de los abuelos/as. Eso conforma nuestra "segunda jornada laboral" no reconocida ni social ni salarialmente. Esta realidad de la que partimos nos hace competir deslealmente con los varones en el acceso, y permanencia en los puestos de trabajo (en el sector privado principalmente) y a su vez, nos dificulta el concurso a puestos de mayor jerarquía y cargos de ascenso.
En el propio sistema educativo, no es proporcional la cantidad de mujeres que ocupamos los cargos de base, que aquellos que ocupamos en los cargos de ascenso del mismo como director/a, supervisor/a, etc. A esto, el feminismo le ha llamado "techo de cristal" o "piso pegajoso", intentando dar cuenta de las dificultades que tenemos las mujeres para desarrollarnos plenamente en nuestros trabajos, atendiendo el peso de esta doble jornada laboral que implican las tareas de cuidado.
Los países nórdicos que destinan presupuesto y política pública para reducir la brecha salarial (promedio salarial de lo que cobra un varón, y una mujer) direccionan sus iniciativas en tres ejes: la creación de ámbitos de cuidado de responsabilidad estatal; la ampliación del cuerpo de licencias en los convenios colectivos que formalicen que tanto las personas gestantes como las no gestantes son responsables de los cuidados de los niños y niñas; como también la promoción de las mujeres en puestos de trabajo jerárquicos.
La formalización en el estatuto docente, de la responsabilidad del cuidado tanto en las personas gestantes como no gestantes, nos ubica a las mujeres en un piso de mayor igualdad. "No es amor, es trabajo no remunerado", decían algunas de las consignas del 8 de marzo. Parte de esta agenda también se discutió en el debate en el Congreso por el aborto legal: o el sistema económico nos ubica en el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo, o las mujeres nos movilizamos para transformar la sociedad en un lugar más habitable y justo para el conjunto, donde tengamos la posibilidad de desarrollarnos plenamente en términos laborales, y compartamos las tareas de cuidado con nuestras parejas y con la responsabilidad estatal que le concierne.
En nuestro país, la brecha salarial existente multiplica sus consecuencias en el contexto de la significativa reducción del gasto público previsto y el proceso de contracción del empleo. Si para el primer trimestre del año la tasa de ocupación y subocupación se encontraba aproximadamente en más de 22% para las mujeres mientras que en 16,5% para los hombres (conforme EPH), la profundización de la recesión y la pérdida de puestos de trabajo repercutirá aún más en quienes sufren condiciones de desigualdad estructural.
Se calcula que en el mercado de trabajo, las mujeres ganan aproximadamente un 25% menos que los hombres, desigualdad que se acrecienta aún más en los casos del trabajo asalariado no registrado y de trabajadoras/es de la economía popular. Así, el significativo aumento del costo de vida, junto con paritarias que no alcanzan a la inflación, repercute aún más en las mujeres, en lo que hace al acceso de bienes de consumo básicos.
En este marco de deterioro de las condiciones de vida, esta conquista del feminismo y del sindicalismo con la incorporación legislativa de nuevos derechos en el Estatuto Docente, sienta precedente en nuestros convenios colectivos de trabajo en camino hacia condiciones de mayor igualdad de géneros.