Crece el escándalo por el uso político de bases de datos de Whatsapp
El diario Folha de Sao Paulo reveló que las empresas ya comenzaron a admitir que los políticos pagan para contar con bases de datos de terceros para hacer campaña por Whatsapp, algo que está prohibido por la ley electoral.
Luego de denunciar que Jair Bolsonaro, el favorito en las encuestas, había pagado a empresas para que difundieran fake news contra el PT de Lula da Silva y Fernando Haddad, Folha descubrió intercambios de correos electrónicos y la propuesta de un contrato que confirman la oferta de disparos masivos por WhatsApp a campañas políticas. Croc Services formalizó una propuesta de R $ 8,7 millones a la campaña de Geraldo Alckmin (PSDB) a la Presidencia, usando nombres y números de celulares obtenidos por la propia agencia, y no por el candidato.
La oferta de contrato de la empresa, con fecha de 30 de julio y obtenida por Folha, cita opciones diversas de disparos de mensajes por WhatsApp. Marcelo Vitorino, coordinador del área digital de la campaña de Alckmin, afirmó que la campaña no compró la opción de servicio utilizando base de terceros, pero sólo con la lista de teléfonos de militantes y miembros del PSDB y de partidarios que suministrar datos en las redes del candidato, lo que no es ilegal. El mismo desembolsó R $ 495 mil por los disparos, a R $ 0,09 cada uno.
Pedro Freitas, socio director de Croc, afirmó no saber que la práctica era ilegal. Dijo que sólo prestó servicios para la campaña de Romeo Zema (Novo) al gobierno de Minas, que gastó 365 mil reales, y de Alckmin, con la base proporcionada por los partidos -Zema también dice que sólo compró servicios con datos propios.
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Freitas dijo tener una base propia de usuarios acumulados a lo largo de los años. Él presta servicios al sector privado. "Si las campañas compraron la base de alguien no sé, pero el hecho es que me mandaron la lista de teléfonos."
Folha reveló el jueves que las empresas compraron paquetes de disparos masivos de mensajes contra el PT en el WhatsApp y preparaban una gran operación la semana anterior a la segunda vuelta de la elección.
Entre ellas estaría Haván, del empresario Luciano Hang, que niega haber pagado a agencias por esos disparos y afirmó que va a procesar a Folha.
La práctica es considerada ilegal, pues se trata de donación de campaña por empresas, vedada por la ley, y no declarada. Además, el reporte mostró que las agencias ofrecían a las campañas listas de teléfonos de WhatsApp segmentados por región geográfica, y a veces, por renta.
Tras esta experiencia brasileña, se teme que el fenómeno llegue a la Argentina. Como reveló LPO, Marcos Peña, especialista del PRO en el uso de nuevos dispositivos para campañas electorales, quiere que la próxima campaña ya no se centre en Facebook sino en mensajes enviados por Whastapp directo a los votantes. Sin embargo, en el PRO hay cautela, como la hubo cuando en 2015, como también reveló LPO, hubo emisarios de la empresa Cambridge Analytica, denunciada mundialmente, que ofrecieron al PRO bases de datos de Whatsapp para hacer campaña. Algo básicamente ilegal y violatorio de la ley que protege los datos personales.
Geraldo Alckmin y Joao Doria, del PSDB.
En Brasil el TSE (Tribunal Superior Electoral) abrió una acción para investigar la compra de disparos masivos y la fiscal general de la República, Raquel Dodge, pidió a la Policía Federal investigar para averiguar el caso, que se abrió el sábado, , buscando investigar mensajes en redes sociales tanto de la campaña de Bolsonaro como de Fernando Haddad.
Además, WhatsApp proohibió cuentas asociadas a las cuatro agencias citadas en el reportaje, Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market, y envió una notificación extrajudicial para que dejen de enviar textos masivos y utilizar números obtenidos de base de terceros.
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La aplicación también anunció que prohibió a 100.000 usuarios en Brasil esta semana para contener desinformación, spam y noticias falsas. Flávio Bolsonaro, hijo del presidenciable, tuvo la cuenta suspendida-después, recuperó el número.
Según el diario O Globo el viernes, Marcelo Vitorino, de la campaña de Alckmin, también citó el nombre de otra empresa, DOT Group, que, según él, ofreció la entrega de mensajes de WhatsApp hasta 80 millones de personas, usando registro de terceros.
La oferta, hecha en encuentro en la sede del PSDB en Brasilia el 11 de julio, no fue aceptada, según él. DOT Group niega haber ofrecido el servicio.
La compra de servicios de disparo de WhatsApp por empresas para favorecer a un candidato configura donación no declarada, además de venir de persona jurídica, lo que es vedado.
Con ello, se puede también incurrir en el crimen de abuso de poder económico y, si se considera que tuvo influencia determinante, puede llevar a la casación de la chapa, si el candidato es consciente.
Bolsonaro afirmó el jueves no tener "control si hay gente haciendo eso". El sábado, reafirmó no tener vínculo con las acciones promovidas en disparos de WhatsApp contra el PT: "No tengo nada que ver con eso".
El presidente del PSL, Gustavo Bebianno, dijo que el reportaje de Folha es "fake news". Este sábado afirmó haber pedido a la Procuraduría General que apure el contenido "hasta el último momento, de forma concluyente, porque el PT tiene la manía de acusar a los demás de lo que él hace".
"Por el volumen de mensajes generados a favor de Bolsonaro, es posible que su campaña se haya beneficiado, aunque él no tenga conocimiento pleno", dijo Vitorino, de la campaña del PSDB.
"Hay muchas empresas que ofrecen el servicio con bases de terceros y será muy difícil conseguir comprobar la cantidad de mensajes enviados, así como las fuentes pagadoras, dado que muchas de esas empresas son informales", afirmó.
Según Vitorino, a juzgar por el compromiso en redes sociales como Facebook y Twitter, es posible que otros candidatos hayan hecho uso de herramientas ilegales.
"La implicación de empresarios en defensa de candidatos ya fue comprobada por el TSE, que al recibir denuncia de la campaña de Alckmin sobre el impulso irregular de contenido, multó a un empresario. Como no hay ningún monitoreo activo, por parte de las autoridades, es probable que muchos otros empresarios también hayan hecho impulsiones de políticos ", dijo.
Se refiere a la denuncia que hizo contra Luciano Hang, de Havan, que fue multado en R $ 10 mil por el TSE por haber impulsado publicaciones en Facebook que promovían la campaña de Bolsonaro.