Cambiemos se enojó con Pichetto, que hizo votar la regularización de villas sin debate
Las organizaciones sociales pasaron la tarde frente al Congreso a la espera del debate por la ley de regularización dominial que nunca llegó: pasadas las 19 horas, el jefe del justicialismo Miguel Pichetto propuso aprobar el temario sin oradores, sus colegas avalaron la moción y así fue.
Las leyes se sancionaron pero no todos estaban felices: Esteban Bullrich (PRO), Néstor Braillard Poccard (PRO) y Silvia Elías de Pérez (UCR) protestaron desde sus bancas y los dos primeros pidieron la palabra para dejar constancia de su bronca.
"Hay 935 mil familias que por primera vez van a poder decir ?somos dueñas de nuestro hogar'", llegó a decir el bonaerense. También intentó hablar Carlos Espínola, fiel a Pichetto, pero Federico Pinedo fue implacable. "Se votó que no haya oradores", lo calló.
"Es insólito: teníamos la chance de celebrar una ley con las organizaciones sociales en plena recesión y nos fuimos a cenar a casa", bramaban algunos senadores de Cambiemos, molestos por la falta de reacción de sus compañeros.
La ley fue impulsada por la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y consiste en extender título de propiedad a los habitantes de alrededor de 4.400 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que les permitirá a sus ocupantes reclamar servicios y beneficios sociales.
Fue una propuesta de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuyo principal referente es Juan Grabois, cercano a Cristina Kirchner, que no estuvo en la votación porque ya se había ido.
Además de la militancia social que esperaba en las calles y había escuchado el debate por el tarifazo de gas, había referentes sociales en los palcos y ni advirtieron que la ley se sancionó.
En el mismo trámite y sin nadie interesado en hablar se convirtió en ley el régimen de donación de alimentos, una tema que militó Elisa Carrió con peleas en el recinto, como cuando hace un año llamó "progresismo estúpido" al bloque de Margarita Stolbizer.
El Senado aprobó la versión original sin los cambios de Diputados que preveían penas para los donantes si los alimentos estaban en malas condiciones.
Se presumirá la buena fe del donante y quedará liberado civil y penalmente por los daños causados por los alimentos que haya regalado "salvo que se pruebe dolo o culpa imputable al donante, por acciones u omisiones anteriores a la entrega de la cosa".
La ley crea un "Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos" que controlará el Ministerio de Desarrollo Social y será el encargado de verificar que se cumpla con el Código Alimentario Argentino.
Otra ley sancionada en silencio fue la que declara el abuso sexual infantil como un delito de accion publica, o sea, podrá ser denunciado por cualquier persona y el Estado será responsable. Se busca evitar que las causas se caigan si las víctimas no confiesan, presionadas por su entorno familiar. Cambiemos no pudo celebrar estas leyes con sus oradores en el recinto, pero el kirchnerismo sí tuvo micrófono para rechazar otras iniciativas oficiales, como el acuerdo de dos jueces y la salida de tropas del país.
"No hay claridad de cuál es la política de defensa nacional y cuáles son esas hipótesis de conflicto, donde de golpe celebramos convenios de cooperación militar y equipamiento con el Estado de Israel; donde de golpe estamos denunciando ejercicios militares en las islas Malvinas, pero resulta que estamos en tratativas de negocios para comprarle armas a Inglaterra", justificó los límites a Oscar Aguad el jefe del bloque K, Marcelo Fuentes.
Los acuerdos trajeron polémicas. No los más importantes, que fueron los conjueces de la Corte Suprema y sólo tuvieron el rechazo del justicialista Guillermo Snopek a Ricardo Gil Lavedra.
Gil Lavedra y Kemelmajer consiguieron dictamen para ser conjueces de la Corte
La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió no aprobar los pliegos de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal ante los Juzgados Federales de Bahía Blanca y Fernando Strasser como conjuez de la Cámara Federal de Seguridad Social.
Al bahiense le recriminó obstaculizar la instrucción de las investigaciones del ex dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, tío del jefe del bloque de diputados PRO, por la muerte de tres obreros gráficos durante la última dictadura. Por esa acusación, Martínez fue apartado de ese Juzgado en 2015, aunque la oposición de ese entonces vinculó esa decisión a una investigación por facturas truchas contra Lázaro Báez.
A Strasser, actual subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 2, la mendocina le achacó haber declarado la "inconstitucionalidad e ilegalidad" de todos los amparos judiciales contra la nueva ley previsional, "en consonancia con el poder de turno".
Juan País, del justicialismo, avaló sus mociones pero no así Pichetto, que admitió desconocer el historial de Straesser pero defendió a Ulpiano Martínez.
"Los hechos son los que mandan. El juez que vino después le dictó la falta de mérito al señor Massot, porque no lo encontró responsable en ningún acontecimiento. Más allá de que indudablemente el medio expresaba una visión a favor de la Dictadura, en término de sus ideas, a Massot no le encontraron ningún tipo de involucramiento personal. Y la Cámara Federal ratificó dicha resolución", fue el descargo del rionegrino, esta vez sin perder la calma.
"La verdad es que podríamos hablar de un montón de situaciones que se dieron en el medio, como filtraciones de escuchas y cesantías de secretarios federales. De hecho, el Consejo de la magistratura lo apartó de su cargo", le respondió Fernández Sagasti y advirtió que empezará a emitir dictámenes de minoría en la Comisión de Acuerdos, donde su presidente, el justicialista Rodolfo Urtubey, logró avalar casi 200 jueces en los últimos dos años en sociedad con Cambiemos.