Sólo con los propios el oficialismo aprobó reformas al código procesal porteño

La Legislatura porteña aprobó modificaciones al Código Procesal Penal con los votos del oficialismo. A pesar de los cambios anticipados por LPO que Vamos Juntos introdujo en el proyecto, ningún opositor quiso acompañarlo.

"Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas", señaló Daniel Presti antes de preguntarse si la oposición tenía la intención de "llegar a un consenso".

Hubo idas y vueltas con el proyecto que envió el Ejecutivo. Nadie quiso atribuirse la autoría del expediente que ingresó a la Legislatura. Marcela de Langhe, jueza y directora del Instituto de Seguridad Pública fue la encargada de presentarlo junto a Hernán Najenson, subsecretario de Justicia, pero no reclamó la propiedad intelectual del Código.

Un dirigente opositor indicó a LPO que uno de los principales beneficiados con los cambios es Luis Cevasco, Fiscal General de la Ciudad. Según pudo saber este sitio también hubo una mesa de ministros que participó en la redacción del documento.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad había trabajado casi un año en la redacción de un nuevo Código y pocos días antes de presentar las conclusiones el Ejecutivo envió su propio proyecto al parlamento capitalino.

El oficialismo negoció hasta ayer a último momento cambios en el proyecto pero no pudo lograr el acompañamiento de la oposición

En el organismo encargado de nombrar y sancionar a los jueces declinaron realizar comentarios aunque se mostraron sorprendidos por la falta de comunicación con el gobierno, sobre todo porque su presidenta, Marcela Basterra, fue abogada de Horacio Rodríguez Larreta.

Los propios legisladores oficialistas se enteraron minutos antes de que ingresara por mesa de entradas. En la Legislatura resultó explicar el sigilo que le imprimieron al código procesal desde Parque Patricios.

Después de casi tres meses de reuniones la Coalición Cívica, integrante de Vamos Juntos, se negó a firmar el documento y exigió cambios. Las organizaciones civiles más importantes de la Argentina aseguraron que el proyecto original implicaba "una grave afectación a la privacidad e intimidad de las personas".

Las mayores críticas estuvieron centradas en las "Medidas especiales de investigación" que introduce el nuevo Código y fueron consideradas como vulneraciones a la "vida privada" de los ciudadanos. Se trata de intervenciones telefónicas e informáticas que podría realizar la Justicia con el nuevo Código que en teoría tenía dos objetivos centrales: agilizar los procesos judiciales y facilitar la "transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local".

El oficialismo quitó las "Medidas especiales de investigación" y matizó algunos de los artículos para "contener a la Coalición", pero no pudo conquistar ninguno de los 26 legisladores opositores que rechazaron el proyecto.

La sesión

Leandro Halperín rechazó la iniciativa y culpó al gobierno por la falta de acuerdos. "Por razones extrañas a los que integramos este cuerpo no pudieron lograrse con consensos", aseguró el diputado de Evolución. A su lado diputados de izquierda llevaban carteles con la leyenda "No al código espía".

"Hay cuestiones relacionadas a delitos complejos que nunca van a ser competencia de la Ciudad", expresó Halperín. El diputado de Evolución hizo especial hincapié en la tenencia de estupefacientes para uso personal. "Permite medidas de investigación que la Nación solo tiene para combatir el crimen organizado pero en la Ciudad podría aplicarse para perseguir delitos leves como la tenencia para uso personal", dijo.     

"Se está votando este código sin el acompañamiento de ninguna fuerza de la oposición", advirtió Marcelo Depierro de Mejor Ciudad.

"Creemos que es una necesidad que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles mayor contención y soporte durante un proceso penal que deben atravesar en búsqueda de justicia. Un abogado oficial gratuito, tal como hoy tiene quien es victimario, ayudaría en ese sentido", aseguró Natalia Fidel, de Confianza Pública.

Para Leandro Halperín, de Evolución, el Código permite aplicar medidas de investigación que la Nación solo tiene previstas para combatir el crimen organizado y en la Ciudad se usarían para perseguir delitos leves como la tenencia para uso personal

"La aprobación de esta iniciativa representa un claro retroceso respecto de las garantías vigentes en el Código actual y constituye graves restricciones a la libertad de las personas. Nos preocupa que el oficialismo lo lleve a cabo sin el acompañamiento de la oposición y sin escuchar", rechazó María Rosa Muiños, del bloque peronista.

Su par de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada también cargó contra el texto. Y aseguró que la nueva ley "compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional".

La votación terminó 33 a 24 en favor de la aprobación del Código. 

Otro que tuvo críticas contra el proyecto fue Horacio Corti. El defensor general de la Ciudad consideró que el nuevo código conlleva "graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio". Asimismo, la calificó de "regresiva" y aseguró que "el objetivo es alejar a la defensa pública de las comisarías".