El Gobierno apuesta a la presión social para que los jueces paguen Ganancias
El impuesto a las Ganancias vuelve a ser la llave para resolver los problemas fiscales de un Gobierno y una vez más los jueces sostienen el privilegio de no pagarlo.
En la Casa Rosada no logran digerirlo y evalúan una campaña de presión pública para que la sociedad los obligue a ceder un beneficio que desde el 1 de enero podría ser casi exclusivo.
"Cada vez que hablamos un poco del tema, aparece un fallo para actualizar jubilaciones", se indignan los funcionarios de Cambiemos que siguen las cuentas públicas.
Ayer, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso que un jubilado no debe ganar menos del 70% de su sueldo promedio de los últimos diez años, un golpe de gracia para Anses, que según cálculos oficiales se financia en un 40% con fondos del tesoro.
Los jueces están exceptuados de Ganancias por una acordada de la Corte Suprema de 1996, que para sostener el privilegio interpretó que la Constitución Nacional, en su artículo 110, impide bajarles los salarios.
La reforma a la ley Ganancias sancionada fines de 2016 desafió esa decisión, la Asociación de Magistrados presentó una cautelar y el Tribunal Contencioso Administrativo Federal fijó en marzo que sólo quedarán alcanzados con Ganancias los jueces nombrados desde 1 de enero desde 2017. Si son secretarios ascendidos, habitual en la familia judicial, tampoco pagan.
Los tiempos de ajuste reabrieron la polémica y el Gobierno no se da por vencido, pero pide ayuda. "Nosotros no podemos eliminar una acordada de la Corte. Necesitamos un acuerdo de todos los sectores políticos y una presión de la opinión pública para avanzar. Y tal vez sea el momento", evalúan.
Los más entusiasmados son los diputados de Cambiemos, que empezaron a debatir el presupuesto pero este miércoles sufrieron un golpe bajo en su búsqueda de aliados: durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado que aprobó el pliego de 10 conjueces Miguel Pichetto defendió el fallo que sólo obliga a visitar la AFIP a los jueces nuevos.
El rionegrino, de buena llegada a Comodoro Py, reaccionó cuando su par Mario País le exigió a Ricardo Gil Lavedra opinar sobre el beneficio de ser juez y no pagar impuestos, una pregunta que recibe cada aspirante a magistrado en las audiencias del Senado.
Todos dicen que pagarían gustosos, pero el radical se excusó de responder porque podría ser uno de los pocos temas en los que lo requieran como juez supremo. En la justicia federal minimizan la urgencia porque calculan que no aportarían más de 6.500 millones de pesos al fisco y cualquier juez declararía declararía la inconstitucionalidad en tiempo récord.
Pero olvidan un detalle que no pasa por alto entre quienes siguen el día a día de la recaudación: los jueces provinciales tampoco pagan y, sumados, son muchos más y podrían ayudar a llegar al déficit cero.
El detalle no es menor porque el proyecto de presupuesto y la adenda de la reforma fiscal que se conocerá estos días incorporan Ganancias a los empleados públicos provinciales con salarios altos, que no tardarán en recelar a sus vecinos de Tribunales.
Como anticipó LPO, la ley de leyes también grava a las cooperativas y mutuales de crédito, que el año pasado mantuvieron la exención en la reforma tributaria tras una fuerte presión de los diputados de Cambiemos a Nicolás Dujovne. Fue necesaria una reunión en el palacio liderada por el ministro y el jefe de bloque Mario Negri, minutos antes de la sesión.
Por si fuera poco, el presupuesto también golpea a los trabajadores al eliminar deducciones de viáticos, desarraigo, vales de nafta y demás ítems que los sindicatos más fuertes consiguen en paritarias y hasta ahora se restan de los salarios antes de calcular los mínimos imponibles.
Con estas novedades, el Gobierno calcula recaudar 60 mil millones de pesos, la mitad para las provincias, un valioso aporte para cubrir el bache que abrió la eliminación del Fondo Federal Sojero.
No es el único. Los gobernadores engrosarán sus cajas con la suspensión de la baja del impuesto al cheque, la reducción de los reintegros de exportaciones (engrosa la recaudación del IVA) y el aumento del impuesto a bienes personales, cuya letra fina aún se negocia. Son todos tributos coparticipables.
Podrán, además, subir el impuesto a sellos pero no ingresos brutos, el que más detestan Mauricio Macri y Dujovne porque, repiten, frena las exportaciones industriales. Tampoco les gusta que los jueces no paguen Ganancias. Pero no saben cómo cobrarles.