Escuelas en emergencia
En la última semana un sinnúmero de escuelas no abrieron sus puertas o suspendieron cursos en la provincia de Buenos Aires alarmadas por las condiciones edilicias después de la tragedia que se vivió en la Primaria 49 de Moreno. No importa el número de escuelas, lo cierto es que el déficit de infraestructura escolar es significativo.
El resultado del Censo de Infraestructura Escolar realizado por la DGCyE de 2017 arrojó una cifra contundente: el 75% de los establecimientos educativos tiene algún problema edilicio, con sus instalaciones de gas, techos que se llueven, baños inapropiados para el uso de niños y niñas o falta de espacio (aulas, gabinetes, salón de usos múltiples).
Por supuesto que esto no es nuevo, ni se produjo en los últimos años, sino que proviene de una falta de inversión crónica que arrastra el sistema. La paradoja es que no es estrictamente un problema de plata.
Los fondos para infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires provienen de tres jurisdicciones estatales: la Dirección de Infraestructura Escolar de la DGCyE, de los Consejos Escolares por el denominado Fondo Compensador y del Fondo Educativo que transfiere la provincia a los municipios.
En la Provincia el presupuesto para construcciones en 2018 es de 1.000 millones de pesos, los municipios a través del Fondo de Fortalecimiento Educativo recibirán 3.400 millones este año a partir de un coeficiente de distribución que consigna cantidad de escuelas, matricula y población, y a las arcas de los Consejos Escolares a través del Fondo Compensador llegarán 600 millones aproximadamente durante el transcurso del presente año.
Son en total 5.000 millones de pesos. ¿Qué se ha hecho con esos recursos? Esa es la pregunta que se hacen las comunidades educativas. La trágica muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez puso de luto a toda la educación del país. El Estado es responsable. Los argentinos lamentablemente nos venimos acostumbrando a la desidia, al incumplimiento de las normas, a vivir en la emergencia. Necesitamos ya crear instrumentos para hacer más eficaces los procedimientos administrativos que permiten que a las escuelas lleguen los recursos. Aunque el oficialismo no lo quiera la emergencia en infraestructura escolar ya es un hecho en la provincia de Buenos Aires.
El siguiente paso es convocar al diálogo a los actores del sistema para encaminar un proceso urgente de reconstrucción de nuestro sistema educativo. En ese diálogo hay que construir consensos sobre: inversión en infraestructura y competencias claras de cada jurisdicción (quién construye escuelas nuevas, quién las mantiene y quién aporta la caja chica para las necesidades cotidianas de los establecimientos), incremento salarial que recomponga ingresos contra la inflación, profesionalización de la formación docente y lucha contra el ausentismo.
En la provincia se pierden días de clases, no solo por paros, también por licencias mal otorgadas, por techos que se llueven, por vandalismo. Si de tres docentes, uno no cumple funciones en el aula, estamos desperdiciando fondos. Si más del 70% de los directivos no son titulares de sus cargos es imposible una política educativa de largo plazo. Si más de 1 millón y medio de alumnos se alimentan en la escuela sin una ley que respalde este proceso, no hay garantías de calidad alimentaria. Una sociedad que no cuida a sus escuelas no tiene futuro.