Cristina y Alfonsín se oponen a que las fuerzas armadas intervengan en seguridad interior
El anuncio de Mauricio Macri de habilitar las fuerzas armadas a intervenir en actividades de seguridad interior provocó un rápido repudio del kirchnerismo y la izquierda y críticas de Ricardo Alfonsín, referente de los radicales díscolos que amenazan con enfrentar a Mauricio Macri en 2019.
En declaraciones radiales cuestionó que Macri haya hablado de "saldar una deuda con las Fuerzas Armadas", durante su discurso. "Hay que cuidar las cosas que decimos. La democracia no tiene deudas. Ni siquiera la política. Son los políticos los que tenemos deudas, en materia de justicia social y de igualdad, la tenemos".
"Es necesario leer un poquito de la relación que ha existido entre las fuerzas armadas comprometidas en la seguridad interior en América para darse cuenta de los riesgos que implica una decisión de esta naturaleza", recomendó el ex diputado.
El primer comunicado opositor lo envió el bloque de senadores del FpV-PJ, integrado por Cristina Kirchner, que exigió debatir el rol de las fuerzas armadas en el Congreso.
El primer comunicado opositor lo envió el bloque de senadores del FpV-PJ, integrado por Cristina Kirchner, que exigió debatir el rol de las fuerzas armadas en el Congreso.
"Entrometer a las FFAA en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello sería ilegal. Por lo tanto, la medida anunciada debe ser debatida por el Congreso de la Nación".
"Casualmente, cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Mauricio Macri apela a la demagogia punitiva y profundiza la degradación de la democracia y del Estado de Derecho", plantearon.
Para evitar el Congreso, las nuevas funciones de las fuerzas armadas se asignarían mediante un decreto simple que reforme el 727/2006, con el que Néstor Kirchner reglamentó la ley de Defensa.
No ocurriría lo mismo si optara por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que requiere aval del parlamento y si las dos cámaras lo rechazan pierde validez.
Sería posible con una unidad opositora plena, como sucedió con la ley antitarifas, pero el justicialismo hasta ahora aportó cautela. Sólo habló Pablo Kosiner, jefe de Argentina Federal en Diputados: exigió un diálogo parlamentario, pero advirtió que no tolerará ver militares en las calles.
"Me parece bien que se redifinan roles en función de narcotrafico y terrorismo internacional pero no seguridad interior propiamente dicha", explicó LPO.
"O sea, me parece bien desplazar las fuerzas a cuidar fronteras y en caso de tener que actuar frente a un caso de narcotrafico fijar protocolos con gendarmería y policía federal. Hoy algo de eso está previsto en la ley de seguridad interior. Pero no estoy de acuerdo en patrullar ciudades o intervenir en conflicto sociales", aclaró.
Recién por la noche, el bloque de Kosiner pidió en un comunicado que los cambios se hagan por ley. "La política de seguridad interior ya está regulada en la Ley 24.059, lo que implica la delimitación entre los campos de defensa exterior y seguridad interna".
"Para debatir la respuesta del Estado en materia de seguridad desde un concepto moderno y democrático, es necesaria la participación de todas las fuerzas políticas en el Congreso y no otro decretazo".
En el peronismo recordaban además que Cristina lanzó el plan "escudo norte" en su gestión, que incluía enviar radares y aviones para la luchar contra el narcotrafico, con base en las ciudades salteñas Tartagal y General Mosconi.
Más duro fue Felipe Solá, diputado del Frente Renovador pero que hace campaña presidencial con un discurso kirchnerista.
"Meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior empeoró el problema en todo el mundo. El narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se vende drogas y con una policía especializada, profesional y bajo control civil", protestó.
La izquierda evitó matices: "Es la preparación de un régimen para descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, de lo que se trata el pacto con el FMI", denunció Néstor Pitrola, del Partido Obrero.