Senado

El peronismo advirtió que el acuerdo con el FMI puede abrir demandas de las AFJP

Gioja y Bossio se lo dijeron a Dujovne durante su visita al Congreso. También se cuestionó la venta de activos de la Anses.

Nicolás Duovne fue al bicameral de seguimiento de la deuda a exponer los detalles del acuerdo del FMI y se cruzó con una cruda advertencia de los diputados José Luis Gioja y Diego Bossio sobre un posible juicio de las ex AFJP en Nueva York, que reedita los fantasmas de la pelea con los fondos buitre.

"Incautar es una palabra jurídica, no es una palabra para ese acuerdo", se molestó el sanjuanino en referencia a un sugestivo párrafo incluido en el acuerdo firmado con el organismo que preside Christiane Lagarde. Gioja recordó que la ex administradora de fondos de pensión MetLife, es una empresa que tiene un juicio en el CIADI contra Argentina y su CEO fue hasta el año pasado fue Juan Martín Monge.

Monge dejó ese cargo nada menos que para asumir como director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de Anses, compuesto con el capital heredados de las AFJP, que incluye bonos, títulos públicos y acciones de empresas.

Gioja advirtió que el acuerdo con el FMI alude a fondos de pensión "incautados" en 2008. Y habilita a juicios que ya inició MetLife, que fue presidida por el actual director del FGS. Dujovne dijo que era sólo un problema de traducción. 

"Le están dando argumento a los nuevos buitres para que sigan trabando juicios a nivel internacional. Hay empresas cuyas acciones están en el FGS y esperan ese camino", advirtió Gioja.

Y mencionó entre ellas al Grupo Mindlin, cercano a Mauricio Macri, dueño de Edenor y de Iecsa, la empresa que le compró a Ángelo Calcaterra, primo del presidente.

"Incautar tiene una excepción que es tomar posesión legal en buena medida describe lo que hizo el Estado argentino, que tomó posesión legal", respondió un nervioso Dujovne, que varias veces en la tarde tuvo que explicar el polémico punto 9 del acuerdo con el FMI, que alude a la venta gradual del FGS.

El ministro no lo negó y sólo aclaró que no hace falta sancionar ninguna ley porque la legislación vigente habilita a usar el FGS para pagarles a los jubilados.

"Lo que establece el acuerdo es usarlo hasta 0.4% del PBI por año, considerarlo como ingreso corriente y no restarlo de la meta fiscal acordada", le respondió a Marco Lavagna, el primero en consultarlo. 

En efecto, el acuerdo firmado con el FMI sostiene: "Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año".

"No está en carpeta vender las acciones de las empresas", quiso tranquilizar el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.

Pero no lo logró. Diego Bossio, del bloque justicialista, recordó que los activos del FGS sólo se pueden liquidar en caso de emergencia, previo dictamen de la procuración del Tesoro y un proyecto de reforma previsional enviado por el jefe de Gabinete al Congreso.

Agustín Rossi exhibió de pie una foto del ministro en sus tiempos de columnista de TN con un cartel que decía "No volvamos al fondo". Dujovne le recordó que se refería a una consigna del kirchnerismo, pero el debate continuó.

"Usted dijo que el FMI no agrega deuda sino que reemplaza la que está. Lo que no quiso decir es que el acuerdo evitó un default", lo increpó el rosarino, de pie. ¿Cómo va a resolver el déficit de balanza comercial?", le preguntó. "La única manera es crecer y no con (Guillermo) Moreno apretando importadores", respondió. Repitió varias veces que las exportaciones industriales crecieron hasta 15% este año "y había bajado entre 2011 y 2015". 

El kirchnerista Rodolfo Tahilade le achacó las denuncias por una casa no declarada y fondos blanqueados del exterior. Le informó que ya pagó una deuda de 320 mil pesos por haber declarado tarde un inmueble y su plata en el exterior era de acciones argentinas. "Sufrí el ataque de una banda de delincuentes que difundió mis datos", se lamentó el ministro.