Aranguren retrocedió con la Tarifa Social, pero para Lorenzino es insuficiente
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con las modificaciones en la Tarifa Social que perjudicaban a los usuarios, pero consideró esos cambios como "insuficientes".
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, había modificado el mecanismo de implementación de la tarifa social de gas restringiéndola a un consumo mínimo. Sin embargo, a través de la Resolución 218/2018 del Ministerio de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional resolvió volver al esquema de Tarifa Social del consumo de gas establecido en 2016, que bonifica el 100%.
Desde hace meses, Lorenzino venía reclamando al gobierno nacional volver al sistema anterior toda vez que las modificaciones del ministro de Energía impactaban sobre los usuarios.
"El gobierno se dio cuenta que se equivocó al cambiar la única política pública que contenía a los sectores más vulnerables, pero no alcanza que cubra el consumo total solo en mayo y junio", expresó Defensor del Pueblo.
A fines del año pasado el Gobierno limitó los alcances de la Tarifa Social en el gas subsidiando solo el equivalente de consumo correspondiente a la categoría de usuario R1 distribuido mensualmente en metros cúbicos por mes.
"Hace meses que reclamamos que se incrementen significativamente los bloques de consumo bonificados con la tarifa social, para que se garantice un piso mínimo de derechos en línea con lo que dice la Constitución y que las familias puedan vivir en condiciones dignas", planteó Lorenzino.
El pedido de la Defensoría apuntó también a simplificar los requisitos para acceder a este beneficio, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos consumidores, y que se establezcan estándares socioeconómicos de los usuarios para abarcar a todos los hogares que la necesitan.
En esa línea, Lorenzino precisó: "Queremos que se tomen todas las medidas necesarias para que la gente pueda pagar las tarifas a un precio justo y razonable, y que se elimine de esta forma toda desigualdad en la prestación de los servicios públicos".