El Gobierno acepta el pedido de Telecom-Clarín y cambia la ley de telecomunicaciones
Cambiemos apurará este miércoles la ley corta de telecomunicaciones en el Senado pero en el último debate en comisión propondrá varios cambios que tal vez molesten a Telefónica, la principal interesada en la norma.
En un borrador al que circuló por el Senado y al que accedió LPO y aún debe estudiar la oposición, el Gobierno sostiene los artículos que habilitan a Telefónica S.A. y América Móvil (Claro) a brindar televisión satelital, pero limita el uso de infraestructura pasiva de servicios públicos, como torres y ductos, un pedido del grupo Telecom-Clarín que tiene la mayor red del país y pretende usar esa ventaja competitiva.
Mantiene el derecho a utilizarlos, pero sólo mediante "condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna de hecho o de derecho". Y habilita a la Enacom a resolver los eventuales conflictos.
Macri está sometido en esta área a lobbys cruzados, que fue navegando con surte diversa. Por un lado al menos en dos ocasiones prometió de manera directa al primer ministro español, Mariano Rajoy, que habilitaría la televisión satelital a Telefónica, para que pueda dar cuadruple play sin invertir en costosas fibras ópticas. En ese mismo sentido va la idea de obligar a compartir la infraestructura física.
Pero del otro lado, recibió la presión lógica de Telecom-Clarín, que tiene en la red de Cablevisión-Fibertel una de sus principales ventajas competitivas.
Ahora, para usar infraestructura de otros servicios Tics (como la fusión Telecom-Clarín), las telefónicas, cuya precaria inversión en el interior fue cuestionada durante el debate, deberían esperar un reglamento del Ministerio de Modernización.
Y sólo sería posible "en la medida en que ello sea técnicamente factible y no afecte la normal prestación del servicio que brindan a sus clientes, conforme lo disponga el reglamento que dicte el Ministerio de Modernización".
No parece suficiente para la oposición, que sobre todo a través del gobernador de La Pampa Carlos Verna exigió que el uso de infraestructura de servicios públicos sea optativo y esa discusión seguirá hasta el recinto.
Por otra parte la recorrida de cableros y cooperativistas parece haber dado sus frutos: El gobierno endurece el límite para que las telefónicas brinden televisión satelital en comunidades de menos de 80 mil habitantes. Deberán esperar un año como mínimo y hasta dos o tres.
Otra propuesta es incorporar como servicios de radiodifusión a los servicios de streaming y por lo tanto de las regulaciones vigentes, un reclamo de las empresas de cable, moletas por la carga impositiva que soportan.
Las frecuencias de Arsat, según este borrador, serán asignadas por el Enacom sin preferencias preestablecidas. Algunos senadores querían que fueran a pequeñas empresas. Y el debate aún está abierto.