Tras los ajustes, las tarifas argentinas están entre las más altas de América Latina
El gobierno se enredó en la última semana en una dura batalla política para defender sus aumentos de tarifas, que hasta los socios de la coalición Cambiemos, consideraron desmedidos. El discurso oficial para justificar el ajuste es que en la Argentina la luz y el gas estaban "regalados" y esta es una de las causas del déficit galopante, que mantiene a la macroeconomía en una situación delicada.
Sin embargo, tras las últimas subas de tarifas que dispuso la cartera que conduce Juan José Aranguren, la Argentina volvió a confirmar que es un país de extremos y pasó de ser uno de los estados con servicios más baratos -en algunos casos las tarifas eran ridículas-, a ser uno de los más caros.
Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo pasó a representar del 6% en 2015 al 21% en 2018, trepando al tope en América Latina.
En línea con estos números se ubican los datos de la consultora Kantar Worldpanel, según la cual, los sectores de bajos recursos ("bajo superior" y "bajo inferior") destinan el 5% de sus ingresos al pago de transporte y el 14% hacia los gastos de luz, gas y agua corriente, lo que deriva en un 19% para el total de ambos ítems.
De esta manera, los argentinos se ubican como los terceros en la región que más gastan en servicios públicos en relación a sus salarios. El primer lugar le corresponde a Venezuela con un 33% -aunque la existencia de diversos tipos de cambio complejizan la lectura-, le sigue Chile con un 23% -que presenta tarifas similares a las nuestras, pero con un menor salario mínimo- y por detrás de Argentina se encuentra Brasil (19%), Ecuador (19%) y finalmente Uruguay (14%).
Si bien los especialistas coinciden en que la explicación de semejante salto es multicausal, un primer elemento que se destaca fue la decisión de Aranguren de aumentar el precio del gas de boca de pozo. Hoy el costo del millón de BTU está a 5,5 dólares y el Ministerio de Energía tiene previsto llevarlo a 6,38 dólares para octubre de 2019. Para tener una idea: Estados Unidos lo importa a 2,4 dólares el millón de BTU.
"Revertimos el esquema kirchnerista. Antes el precio era irrisorio y ahora nos autoimpusimos un precio muy por encima del internacional. Pagar el gas a 6 dólares te encarece todo el sistema porque nuestra matriz energética depende absolutamente de este insumo desde el descubrimiento de Loma de la Lata en 1978", explicó a LPO Andrés di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.
En efecto, a partir de la entrada a producción del mega yacimiento de Loma de la Lata, con 14 trillones de pies cúbicos (TCF), todo el complejo industrial argentino empieza a utilizar gas natural. Se construyen 10.000 kilómetros de gasoductos y se incrementa la instalación de centrales térmicas de ciclo combinado que dependen de este insumo para generar electricidad. De esta manera, la matriz argentina pasa a depender en más de un 50% del gas, cuando en 1970 dicho porcentaje era del 17%.
A diferencia de nuestro país, México -que también tiene una matriz muy dependiente del gas- se provee de este suministro de forma mucho más económica. "Durante los últimos años la producción del gas ha venido a la baja y Pemex no puede brindar el autoabastecimiento del insumo, por lo que estamos importando el 50% del gas que necesitamos a USD 2,4 el millón de BTU desde los Estados Unidos", indica el especialista en energía del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de México, Arturo Carranza en diálogo con LPO.
Así, el hecho de pagar el gas a casi un tercio del valor de lo que lo hace Argentina, repercute en forma prácticamente idéntica en el pago de tarifas públicas, que promedian en el país azteca los USD 32, cuando en Argentina alcanzan los USD 100.
Otro de los países con características similares al nuestro es Brasil. En este caso, los vecinos pagan un precio del gas aún más caro que el argentino - USD 7,96 el local y USD 6,29 el importado desde Bolivia-, pero al tener una matriz que se sustenta en un 66% en la energía hidroeléctrica, le otorga una mayor competitividad y permite que sus tarifas sean alrededor de un 50% de las locales.
A nivel nacional, el porcentaje de la generación de energía hidroeléctrica alcanza el 29%, siendo la fuente que otorga los mejores precios. Mientras Yacyretá brinda energía en promedio a USD 37 por MW, el promedio del sistema lo hace a USD 73, según datos de Cammesa.
La participación hidroeléctrica ha ido en declive en las últimas décadas, ya que "las centrales de ciclo combinado cuestan USD 1.000 millones y se ponen en marcha en un año y las represas hidroeléctricas demoran más de 7 años de construcción y quintuplican el costo de las termoeléctricas", destacan desde CIFRA. O sea, la presión de la coyuntura que empuja la demanda, está atentando con un sistema más eficiente y barato.
Federico Bernal, director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), destaca que "las comparaciones más preocupantes son con Chile y Uruguay, países que importan el 100% de lo consumido tanto en petróleo como en gas y sin embargo vamos en camino a superarlos en el costo energético".
Además del alto costo del gas, los especialistas marcan otros factores que explican el alto costo de la energía en Argentina: "Los fríos inviernos que incrementan el consumo, la cuestión impositiva que representa el 40% de la tarifa y el eslabón del transporte que requiere una logística muy importante que lo hace muy caro por la extensión geográfica de nuestro país", señala Sergio Chouza, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.
Por otro lado, incluso los países que se destacan por aplicar políticas económicas más liberales, desregular sus mercados y tener una ínfima presencia estatal como Chile o México, intervienen en sus mercados energéticos. "Por mandato de ley el Estado mexicano se reserva la parte de transmisión de energía constituyendo un monopolio estatal -subrayó Carranza y añadió que el Estado- también regula la compra de generación eléctrica y aplica grandes subsidios al sector residencial porque no representan altos costos para las finanzas, pero impactan considerablemente en el ánimo social".
En tanto que Chile "tiene un fortísimo control de defensa a la competencia e importantes políticas antimonopólicas", según Bernal.