En la Corte analizan desprenderse de las escuchas y podrían volver a la Procuración
El escándalo de la filtración de las escuchas de Cristina Kirchner está golpeando a Ricardo Lorenzetti y a la Corte Suprema, que por estas horas empieza a analizar la posibilidad de desprenderse del área que Mauricio Macri le entregó en 2016.
Según supo LPO, en el máximo tribunal de Justicia no descartan que en los próximos meses se desprendan de la Oficina de Captación de Comunicaciones (la ex Ojota) y la devuelvan al Poder Ejecutivo para que decida el futuro del área, seriamente cuestionada por la constante difusión de charlas privadas entre la ex presidenta y Oscar Parrilli.
La oficina de escuchas fue traspasada a la Corte apenas asumió Macri en el Gobierno, tras sacarla de la órbita de la Procuración General, en ese momento a cargo de Alejandra Gils Carbó. Poco tiempo antes, Cristina le había sacado el área a la ex Side tras su pelea con Antonio Stiuso.
Lorenzetti armó a su gusto la dirección de escuchas y en enero de 2016 nombró como su responsable al camarista Martín Irurzun, de su estrecha confianza. También designó como director ejecutivo a Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Ariel Lijo, otro juez federal de confianza de Lorenzetti.
El mandato de Irurzun tenía en principio una duración de un año, tras lo cual su sucesor debía ser elegido por sorteo. Pero Macri decidió extender su mandato por otros tres años, hasta febrero de 2020 cuando debería realizarse un nuevo sorteo. La idea en la Corte sería no mantener por más de un año la oficina.
Si eso sucede, el Ejecutivo debería decidir que hace con el área, si manda un proyecto de ley o vuelve a entregarlas (a la AFI o la Procuración) mediante un DNU. Desde la oposición dijeron a LPO que parece ser una maniobra para devolverle las escuchas a la Procuración, ahora que Macri está en condiciones de nombrar a Inés Weinberg de Roca, de su confianza
Horacio Rosatti
El problema de Lorenzetti es que a pesar de que él armó el departamento de escuchas con gente de su confianza -y con un sorteo sospechado-, ahora está presionado por sus colegas de la Corte, que no quieren quedar pegados al escándalo de las filtraciones.
Se trata de las mismas presiones internas que lo obligaron a salir contra los jueces federales por la liberación de Cristónal López, lo que como explicó LPO derivó en una fuerte tensión con Comodoro Py. La tensión aumentó con la acordada en la que los cortesanos le pidieron a la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso que auditen a la oficina de escuchas de Irurzun. Ahora lo obligaron a pedirle explicaciones al jefe de la AFI, Gustavo Arribas.
La discusión por las escuchas se mezcla con una idea interna creciente, empujada por Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, de ir llevando la Corte hacia un modelo más cercano al estadounidense o de algunos países europeos, de un tribunal que sólo analiza cuestiones constitucionales, y se desliga de otro tipo de cuestiones, mucho menos de las escuchas.